Elsa Cabrera, directora ejecutiva Centro de Conservación Cetacea, Juan Carlos Cárdenas, director ejecutivo Centro Ecoceanos
La noticia se ha extendido con rapidez en las noticias y redes sociales. Tras dos años de pausa, Islandia reanudó la caza comercial de ballenas minke (Balaenoptera acutorostrata) y de aleta (Balaenoptera physalus). Lo hizo en paralelo al anuncio gubernamental de que presentará, en el próximo otoño boreal, un proyecto de ley en el Parlamento que busca prohibir la ballenería comercial. La contradicción entre el discurso oficial y la política ballenera de los hechos consumados, resulta, al menos paradójica.
Las últimas operaciones balleneras de ese país se remontan a septiembre de 2023. Ese año, un informe emitido por la Autoridad Alimentaria y Veterinaria de Islandia (MAST), reveló que más del 40 por ciento de los individuos arponeados no mueren en el acto, y que algunos agonizan varias horas antes de fallecer. En respuesta, el Consejo de Bienestar Animal islandés concluyó que los métodos empleados por la empresa ballenera responsable, Hvalur hf, eran incompatibles con el bienestar animal. Como resultado, la entonces ministra de Alimentación, Agricultura y Pesca, Svandis Svavarsdóttir, decidió suspender las operaciones un día antes del inicio de la temporada de caza, exigiendo a la empresa cambios en sus prácticas de captura.
Tras algunos ajustes superficiales, la flota comenzó a operar en septiembre, capturando 24 ballenas de aleta, incluida una hembra preñada. Esto motivó una nueva suspensión para el resto de 2023 y todo 2024. Un informe posterior de MAST, confirmó que las modificaciones introducidas por Hvalur hf no habían generado ninguna mejora sustancial en temas asociados a métodos de matanza y bienestar animal.
Islandia: Corrupción parlamentaria asociada a la caza de ballenas
Aunque los problemas detectados que provocaron estas suspensiones continúan sin resolverse, la actual ministra de Industria y Comercio, Hanna Katrin Friðriksson, asegura que no puede detener las matanzas en 2026, porque “sus manos están atadas”, ya que la empresa cuenta con una licencia de captura vigente.
La soga que la mantiene “atada” comenzó a tejerse en 2024, cuando Hvalur hf recibió una licencia por cinco años. El responsable de otorgarla bajo oscuras circunstancias, fue el entonces líder del Partido Independiente y jefe saliente de la coalición de gobierno, Bjarni Benediktsson.
Grabaciones de audio, publicadas en septiembre de 2024, revelaron un oscuro pacto político. Según los audios, el ex primer ministro presionó al entonces diputado de su partido, Jon Gunnarson, para que ocupara el quinto puesto en la lista electoral del Partido de la Independencia, una posición que prácticamente le garantizaba perder su escaño en el parlamento. A cambio, Gunnarson sería nombrado enviado especial en el ministerio de pesca y agricultura, con la misión de facilitar la concesión de una licencia de caza a su amigo, el magnate ballenero y propietario de Hvalur hf, Kritjan Loftsson. Tras la revelación de este escándalo, la maniobra fue calificada ampliamente como un acto de corrupción política. Pero a pesar de la controversia, el 5 de diciembre de ese año el gobierno saliente concedió a Hvalur hf la licencia de caza por cinco años.
Con esta licencia en vigor, Loftsson – uno de los hombres más acaudalados e influyentes de Islandia – decidió no cazar ballenas en 2025, argumentando que no existían las condiciones económicas para el comercio de productos derivados de ballenas. Considerando que esta realidad no ha cambiado, resulta difícil explicar las razones detrás del inicio de esta nueva temporada, que le costará la vida a 150 ballenas de aleta y 168 ballenas minke.
El oscuro y opaco escenario para dudosos fundamentos científicos
No menos escandaloso resulta que estas cuotas, recomendadas por el Instituto de Investigación Marina y de Agua Dulce (MFRI), se basan en cuestionables monitoreos de la Comisión para los Mamíferos Marinos del Atlántico Norte (NAAMCO), la organización regional creada por Islandia, Japón y Noruega para eludir la moratoria global implementada por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) en 1986.
El líder del equipo asesor del MFRI, Gudjon Sigurdson, ha afirmado que, como medida de “precaución”, la cuota para ballenas de aleta de este año es menor a temporadas anteriores, debido a que se basa en un censo realizado hace once años atrás. Ese estudio estimó unas 44.000 ballenas de aleta, pero con un significativo margen de error (entre 30.000 y 60.000 individuos).
La actualización parcial de dicho censo – realizado en 2024 – redujo esa estimación a 25.000 ballenas, aunque no pudo completarse en la zona crítica donde se lleva a cabo la caza, debido a la presencia de hielo marino y niebla.
En definitiva, las cuotas se establecen de acuerdo a recomendaciones del MFRI que carecen de fundamentos científicos sólidos sobre el estado de la población de ballena de aleta – segunda especie de ballena más grande del planeta – que además está clasificada como Vulnerable a la extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Aquí resulta importante recordar que, al ser mamíferos, las ballenas de aleta son una especie de reproducción lenta cuyas poblaciones aún no se recuperan de los impactos negativos producidos por ballenería industrial. Además, vivas desempeñan un papel fundamental en el secuestro de carbono y el ciclo de nutrientes en el Atlántico Norte, mediante el mecanismo conocido como la ‘bomba de ballenas’.
La caza de ballenas y cambio climático: O cómo dispararse en los pies
La presión ejercida por un pequeño y poderoso grupo de autoridades y empresarios pro balleneros parece superar la agenda de seguridad y desarrollo económico islandés. En septiembre de 2025, el gobierno declaró que la ralentización de la Circulación de Retorno Meridional del Atlántico (AMOC), constituye una amenaza para su seguridad nacional.
La AMOC es la corriente de agua oceánica cálida que se desplaza hacia el norte por el Atlántico hasta Islandia, y es la responsable de que las temperaturas de ese país se mantengan, en general, moderadas. El derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia, provocado por el cambio climático, la está desacelerando y podría llevar a ese país a una nueva era glacial.
Por lo tanto, cada ballena cazada, representa una pérdida irreemplazable en la capacidad del ecosistema para capturar carbono y ayudar a mitigar los impactos del cambio climático.
Las ballenas como moneda de cambio político
En agosto próximo Islandia llevará a cabo un referéndum nacional con miras a reanudar el proceso de negociaciones para adherirse a la Unión Europea (UE). Las ballenas están siendo utilizadas por sectores nacionalistas e independentistas islandeses para argumentar que ningún país debe interferir en sus operaciones balleneras. Menos aún la UE, cuya política apoya la continuidad de la moratoria a la caza comercial. Todo ello para satisfacer los intereses de un único empresario multimillonario, que emplea su poder político y económico, para doblegar a una nación que hace tiempo dejó de consumir carne de ballena.
La mayor parte de la carne obtenida por Hvalur hf se exporta a Japón, donde el consumo también ha descendido notablemente durante las últimas décadas, y donde existe un excedente de productos de ballenas – incluido ballenas de aleta- pues ese país también reanudó la captura de esta especie 2024.
Como resultado, estos gigantes mamíferos vitales para el funcionamiento del ecosistema marino, terminen apilados en congeladores o convertidos en alimento para mascotas.
Islandia se vende al discurso japonés para bloquear a la UE
En dos meses más se votará la reapertura de las negociaciones de Islandia con la UE. Loftsson y el Partido de la Independencia se oponen con firmeza, argumentando que, si la UE les prohíbe cazar ballenas, luego les prohibirá otras actividades comerciales. Una argumentación que Japón ha repetido incesantemente durante décadas para asegurar sus intereses balleneros.
El costo de la inacción política islandesa amenaza la conservación de una especie vital para la salud del océano y el bienestar de la biodiversidad que depende de los servicios brindados por estos cetáceos vivos.
En medio de la triple crisis planetaria – cambio climático, pérdida acelerada de biodiversidad y contaminación – esta inacción no puede ser vista como simple neutralidad. Es un acto de complicidad activa y ecocida, que debería ser condenado moral y legalmente a escala global.
