Artículo de opinión de la directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetacea, Elsa Cabrera, en el portal Viento Patagon.
ELSA CABRERA Directora ejecutiva Centro de Conservación Cetacea
El fallo de la Corte Internacional de Justicia a favor de Australia mediante el cierre del denominado programa de caza “científica” de ballenas de Japón en Antártica (JARPA II por sus siglas en ingles) el pasado 31 de marzo constituye una medida histórica que pone fin a 27 años de violación a la moratoria sobre la caza comercial de ballenas y 20 años de infracción al santuario de ballenas del Océano Austral.
El camino para llegar a este resultado ha sido largo y deja en evidencia la necesidad que tiene el único organismo internacional encargado del manejo y conservación de ballenas, la Comisión Ballenera Internacional (CBI), de armonizar su labor con los intereses actuales de uso y conservación de las especies de cetáceos.
A pesar que desde la implementación de la moratoria en 1986 la CBI adoptó más de treinta resoluciones llamando a Japón a detener la matanza de ballenas con supuestos fines “científicos”, tuvo que ser la Corte Internacional de Justicia la que finalmente resolviera uno de los temas más controversiales enfrentados al interior de este foro internacional. Esto porque la Convención Internacional para la Regulación de la Ballenería (CIRB) fue adoptada hace ya más de sesenta años cuando el único uso que se daba a las ballenas era extractivo y su utilización vivas, a través del turismo de avistaje o la investigación no letal, ni siquiera eran considerados como alternativas posibles.
Con el correr de los años la industria ballenera demostró que su objetivo nunca ha sido la sostenibilidad de las poblaciones de ballenas sino intereses económicos cortoplacistas. Desde su fundación en 1946 la CBI enfocó infructuosamente sus esfuerzos a cumplir con dos objetivos: la conservación de las poblaciones de ballenas para las generaciones futuras y el desarrollo ordenado y sostenible de industria ballenera. El rotundo fracaso de la Comisión en responder positivamente a estos dos mandatos quedó evidenciado en 1982 cuando la CBI adoptó por mayoría de votos la moratoria global sobre la caza comercial de todas las especies de ballenas con el fin de evitar la extinción de especies tan emblemáticas como la gigantesca ballena azul.
La moratoria no sólo evitó la desaparición de varias especies de grandes cetáceos sino que generó las condiciones para que la mayoría de las naciones balleneras, incluyendo Australia, comenzaran a utilizar a estos mamíferos marinos sin necesidad de matarlos. Tras casi treinta años hoy el turismo de avistaje de ballenas es una floreciente industria en cientos de países que genera más de dos mil millones de dólares al año. La moratoria también impulsó la investigación científica no letal, que ha sido fundamental para realizar descubrimientos nunca antes imaginados, por ejemplo la migración inter-oceánica de ballenas jorobadas desde el Ecuador hasta las costas de Brasil.
Sólo tres países continúan cazando ballenas con el fin de mantener a flote la industria ballenera en el siglo XXI. Noruega tiene una cuota anual de caza comercial de más de 1,200 ballenas minke en sus aguas jurisdiccionales puesto que mantiene una objeción a la moratoria, pero en 2013 no alcanzó a capturar ni el 50% de la cuota dada la falta de interés en realizar estas capturas.
Islandia mantiene una cuestionada reserva a la moratoria tras reincorporarse de manera irregular a la CBI en 2002. Las operaciones de caza las realiza un sólo empresario que inútilmente ha buscado revitalizar la caza de ballenas de aleta para exportar a Japón donde a falta de mercado terminan convertidas en alimento para mascotas.
A pesar del dictamen de la Corte Internacional de Justicia, Japón continua siendo el único país del planeta que mata ballenas en aguas internacionales, esta vez en el Pacífico Norte, bajo el programa de investigación “científica” JARPN II, que incluye ballenas minke, sei, de Bryde y cachalotes.
A diferencia del turismo y la investigación no letal de ballenas, estas operaciones balleneras no generan beneficios económicos ni resultados científicos y en su mayoría requieren de fuertes subsidios estatales para mantenerse a flote.
Hoy la CBI cuenta con más de 80 países miembro por lo que el fallo de la Corte Internacional de Justicia debería sentar un sólido precedente para facilitar su evolución y cumplir con los objetivos de conservación y manejo establecidos en la Convención pero bajo una mirada moderna que reconozca la moratoria como uno de los mayores aportes del derecho ambiental internacional a la conservación marina, y considere los intereses, usos no letales y necesidades de conservación de las poblaciones de cetáceos en el siglo XXI.
Considerando que Latinoamérica genera millones de dólares al año por concepto de turismo de avistaje de ballenas y la región presenta el mayor porcentaje de crecimiento de esta actividad a nivel global, Chile y los demás países conservacionistas de América Latina y del Caribe que forman parte de la CBI, conocido como Grupo Buenos Aires, deben jugar un rol clave y proactivo en cualquier proceso de reforma de este organismo internacional. *
Sobre la autora: Coordinadora Campaña Cero Caza de Ballenas. Observadora acreditada ante la Comisión Ballenera Internacional desde 2001.
Fuente: Viento Patagon