01 de octubre de 2026 (CCC/EcoceanosNews) – En el cuarto día de deliberaciones de la asamblea plenaria de la Comisión Ballenera Internacional (CBI70) en Australia, se anunció que el Grupo de Redacción que trabajó en las enmiendas al texto original de la Declaración de Hobart habría llegado a un consenso sobre su contenido final. Una revisión al documento evidencia que lo que debía ser una conmemoración del 80º aniversario de este organismo internacional es, en la práctica, un caballo de Troya que podría socavar décadas de conservación y amenazar la continuidad de la moratoria sobre la caza comercial de ballenas.
El punto más preocupante del texto es el párrafo sobre seguridad alimentaria. En su sección operativa, la declaración refuerza el compromiso de la CBI de trabajar con los “acuerdos y órganos internacionales pertinentes en asuntos relacionados con la seguridad alimentaria”, afirmando que lo hará “de una manera consistente con su mandato”. El contenido general de la declaración sugiere que ese mandato se circunscribe al manejo letal de las ballenas al omitir el término uso no letal o los aportes de las ballenas vivas a la productividad primaria y pesquerías saludables, como otra alternativa de manejo. Cabe destacar que en 2018 este término fue reconocido por la CBI en la Declaración de Florianópolis.
En la única parte que se incluye el término uso no letal, es en la sección preambular y lo restringe a los planes de conservación y manejo del comité de conservación de la CBI, sugiriendo que este tipo de uso es exclusivo de estos programas y no forma parte de la legítima evolución de este organismo internacional.
Además, el texto no reconoce los avances de la investigación no letal de cetáceos que conforma la base de todos los logros alcanzados en investigación científica desde la implementación de la moratoria. En cambio, utiliza el término “técnicas científicas novedosas” para acomodar los intereses del “bloque ballenero”.
Por otra parte, la declaración reafirma que la evolución de la CBI se limita a lo establecido originalmente en su Convención hace 80 años atrás, cuando el único uso que se le daba a las ballenas era letal, ignorando nuevamente que la CBI es un organismo en evolución, como lo estableció en 2014 la Corte Internacional de Justicia.
El Caribe arremete contra las ballenas
Cerca del cierre de la sesión, Granada anunció que estaría dispuesta a retirar una propuesta de resolución liderada por Antigua y Barbuda, destinada a avanzar hacia la reapertura de la caza comercial de ballenas, siempre que la comisión se comprometa a iniciar un proceso para revisar la moratoria global. Esta propuesta, presentada a último minuto, no solo resulta irregular, sino que pretende alcanzar por vía indirecta el mismo objetivo que la cuestionada iniciativa de Antigua y Barbuda, evidenciando la falta de compromiso y buena voluntad del “bloque ballenero”. Durante la última sesión plenaria, la comisión deberá decidir cómo responder a esta nueva arremetida ballenera.
Golpe a la política regional de conservación latinoamericana
La Declaración de Hobart no solo ignora la evolución de la CBI durante los últimos 40 años – de un desacreditado club de balleneros a un organismo serio y respetable de conservación de cetáceos – sino que busca desmantelar 20 años de trabajo realizados por el Grupo Buenos Aires así como sus políticas regionales de conservación y uso no letal de cetáceos.
Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetacea, afirmó que de aprobarse por consenso esta declaración “evidenciaría un peligroso cambio de rumbo del Grupo Buenos Aires y la subordinación de nuestra región a intereses geopolíticos foráneos que no buscan beneficiar a las comunidades de nuestra región y que ponen en peligro décadas de conservación de especies que son vitales vivas para mantener la salud del océano, combatir los impactos del cambio climático y promover poblaciones de peces saludables para garantizar una verdadera seguridad alimentaria en nuestra región”.
Respecto al inusual condicionamiento de retirar la propuesta de resolución de Antigua y Barbuda a cambio de someter la moratoria a un proceso de revisión, Cabrera agregó debe ser rechazado por el GBA, pues es contraria a su posición histórica en la defensa de la moratoria permanente.
Roxana Schteinbarg, directora del Instituto de Conservación de Ballenas de Argentina, y quien se encuentra en Australia, afirmó que “esta resolución de Antigua y Barbuda y su propuesta, lo único que busca es generar las condiciones para que Japón reingrese a la CBI buscando el levantamiento de la moratoria”.
Por su parte, Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario y director del Centro Ecoceanos afirmó que, “Cuarenta años de moratoria global a la caza comercial de ballenas están amenazados en la CBI70, a través de la denominada Declaración de Hobart, herramienta mediante la cual, los intereses balleneros de Japón, Noruega y sus estados satélites, intentan dar un “golpe institucional blando” para revertir décadas de esfuerzos de científicos y organizaciones ciudadanas para recuperar las frágiles y amenazadas poblaciones de ballenas y sus ecosistemas a nivel mundial, que actualmente se encuentran amenazados por los efectos del cambio climático, el saqueo pesquero de nuestros océanos, las colisiones con embarcaciones, los impactos del ruido submarino, y la creciente contaminación por plásticos y químicos, entre otros factores.”
Cárdenas agregó que “La resolución presentada por Antigua y Barbuda, constituye una trampa de cazadores para condicionar a la CBI a que revise la actual moratoria que impide las capturas comerciales de cetáceos a nivel global. Los países latinoamericanos son los principales amenazados con esta resolución cuyo objetivo es reabrir las operaciones de caza comercial de cetáceos de parte de Japón en aguas del Pacífico y Atlántico Sur, Patagonia y Antártica”.
