Elsa Cabrera, directora ejecutiva, Centro de Conservación Cetacea y Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos
Los resultados de la pasada 70º asamblea plenaria de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que finalizó el 3 de octubre en Australia, han estado envueltos en un denominado “histórico consenso” tras la adopción de la Declaración de Hobart. Sin embargo, un análisis más profundo, evidencia que en realidad sus resultados podrían ser el inicio de una retirada de su agenda de conservación y uso no letal de los cetáceos.
La narrativa oficial se ha centrado en dos presuntos logros: la adopción por consenso de la Declaración de Hobart y — por simple mayoría o consenso — de las resoluciones sobre colisiones de ballenas con embarcaciones, varamientos, y comercio de vejigas natatorias. El presidente de la asamblea, el australiano Nick Gales, calificó como “realmente importante” la adopción de la declaración, presentándola como la primera vez que la comisión “habla con una sola voz por encima de las divisiones políticas”. Pero en medio de este ambiente de autocomplacencia, la pregunta de fondo debería ser ¿para qué se utilizará este consenso y qué se buscará ocultar con él en años venideros?
La Declaración de Hobart o el arte de ocultar las reales intenciones
Aunque la Declaración de Hobart, también conocida como la “ballena de Troya”, fue presentada como una simple declaración conmemorativa del 80º aniversario de la CBI, Gales afirmó que fue “cuidadosamente redactada para evitar dar ventaja política a cualquier parte”.
Es justamente esa aparente neutralidad la que busca congelar cualquier impulso que siga haciendo avanzar a la CBI hacia el fortalecimiento de su agenda de conservación marina. Porque cuando se diseña un texto de este tipo, en el que se omiten deliberadamente elementos sustantivos para asegurar la conservación y el uso no letal de las ballenas, el consenso constituye una decisión política que no debe ser ignorada. Como tampoco se deben desestimar las posibles consecuencias de su adopción.
GBA: ¿quién controla el buque insignia de la agenda de conservación regional de cetáceos?
El Grupo Buenos Aires (GBA) — compuesto por 11 países conservacionistas de Latinoamérica y el Caribe*— reafirmó en agosto de 2026 su apoyo a la propuesta para la creación del santuario de ballenas del Atlántico Sur, así como su compromiso con la moratoria sobre la caza comercial de ballenas y su adhesión a la Declaración de Florianópolis. Esta última, adoptada en 2018 por la CBI, marcó el rumbo inequívoco de este organismo internacional hacia el uso no letal de los cetáceos.
Sin embargo, al apoyar la Declaración de Hobart, el GBA estaría evidenciando un preocupante cambio de dirección. Su texto, en la práctica, reemplaza la política regional del GBA por una visión más equilibrada que incluye el uso sostenible, es decir, la posibilidad de reabrir la caza comercial de ballenas. Con su respaldo, el buque insignia de la conservación latinoamericana pareciera estar siendo infiltrado por intereses foráneos que utilizan a las ballenas como palanca política. El consenso, entonces, es aplicado para silenciar disidencias internas y socavar el espritu conservacionista que ha caraterizado a Latinoamérica durante las últimas dos décadas.
El costo del consenso: cuando la agenda conservacionista queda fuera de la mesa
Aunque Gales repitió insistentemente la importancia de que la CBI agotara todos los caminos para tomar sus decisiones por consenso, una vez obtenida su controversial victoria con la Declaración de Hobart, ese espíritu se desvaneció abruptamente.
La propuesta para la creación del santuario de ballenas del Atlántico Sur —liderada por Brasil— fracasó una vez más. Por cuatro votos de diferencia, no se alcanzó la mayoría de dos tercios necesarios para su adopción.
Cabe recordar que en la asamblea plenaria de 2024 (Lima, Perú), la propuesta estuvo a punto de convertirse en realidad tras más de 20 años de esfuerzos por concretarla. Allí se perdió por la diferencia de un voto, debido a que la presidencia de la CBI, también bajo Gales, otorgó derecho a voto a países del denominado “bloque ballenero”, incluso cuando aún no se encontraban al día con el pago de su membresía. Este bloque, compuesto por algunas naciones de África occidental y el Caribe sin ningún nexo con la caza de ballenas, participa y promueve la política pro-ballenera dirigida por la larga mano de la diplomacia Japonesa, a cambio de programas de ayuda financiera.
Tras la votación, el representante de Brasil anunció que su país volverá a presentar en cada asamblea plenaria la propuesta hasta que sea aceptada. En respuesta, el líder del “bloque ballenero” proxy —el comisionado de Antigua y Barbuda— exigió la retirada permanente de la propuesta de santuario de ballenas del Atlántico sur hasta que se realice una revisión de la moratoria. Con ello quedó en evidencia que los esfuerzos de negociación para alcanzar consenso y armonía dentro de la comisión, no son más que espejismos de acuerdos. Todo indica que su función sería ocultar el desgaste procedimental e intentar estrangular la propuesta de creación del santuario de ballenas del Atlántico Sur, que cuenta con un evidente apoyo mayoritario.
EE.UU. y el escudo hemisférico de los balleneros en la CBI
Esta reunión también dejó en evidencia que la sombra del régimen de Trump se cierne sobre la CBI. Estados Unidos exigió la eliminación de términos clave, como cambio climático, en el plan de trabajo del Comité de Conservación, y Argentina, en línea con la infuencia del gobierno de Javier Milei, se abstuvo de apoyar la resolución sobre vejigas natatorias por incluir objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible. Llama la atención que México, pese a no estar alineado con la agenda trumpista, también se abstuviera, cuando es precisamente el país que más necesita las medidas incluidas en la resolución. La pesquería del pez conocido como totoaba para obtener sus vegijas natatorias, es la principal causa de la inminente extinción de la vaquita, una de las especies de cetáceos más pequeñas y en peligro del mundo.
En el contexto político actual, la potencial remodelación forzosa del Grupo Buenos Aires resulta lo más inquietante de la pasada reunión de la CBI. Un número creciente de países del GBA cuenta hoy con países alineados al régimen autoritario de Trump, gracias a una red de desinformación y granjas de bots a escala industrial que, mediante algoritmos, interfieren los procesos electorales democráticos para instalar gobiernos satélites, leales a la doctrina Donroe y el Escudo de las Américas.
La captura silenciosa de la agenda de conservación latinoamericana
Y es que bajo esta realidad, el GBA como mecanismo de coordinación de políticas de conservación y uso no letal de los cetáceos podría comenzar a quedar vaciado de su contenido. Pues mientras sus miembros reafirman esos compromisos, sus sistemas políticos están siendo capturados por una red de representantes de gobiernos que utiliza la desinformación automatizada como instrumento de dominio político.
El peligro más profundo es que el modelo exhibido en la CBI70 transforma la inacción y sumisión en consenso hemisférico, mientras se niegan temas tan contingentes como el cambio climático en nombre de una soberanía subordinada. A través de ella se irá remodelando el sistema político de los miembros del GBA mediante técnicas de manipulación política y campañas de desinformación a escala industrial. Como resultado, nuestros países y sus océanos se podrían convertir en un laboratorio de intereses geopoliticos foráneos, que se expresarán a través de nuevas gobernanzas donde la tecnología, el control social y la gestión ambiental se entrelazan para imponer un modelo de dominación en el cual las ballenas serán las primeras víctimas. Pero no las últimas.
CBI71, la lucha ciudadana continúa en defensa de la vida en nuestros océanos
Cuarenta años después de la implementación de la moratoria sobre la caza comercial de ballenas, y a veinte años desde la creación del Grupo Buenos Aires, el esfuerzo realizado y los logros alcanzados están bajo grave amenaza por temas de procedimiento — como el consenso — por la normalización del lobby de un falso “bloque ballenero” subvencionado por Japón, país que ni siquiera forma parte de la CBI. A ello se suma la gradual alineación de la política regional del GBA con agendas foráneas.
Aunque la celebración del 80º aniversario de la CBI concluyó en Hobart, el verdadero desafío que debe enfrentar este organismo internacional es demostrar a la ciudadanía global que aún puede ser un instrumento capaz de defender con éxito la vigencia la moratoria y de impulsar decisiones vinculantes para la conservación y el uso no letal de los cetáceos en los amenazados mares de nuestro planeta.
*Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay.