Elsa Cabrera, directora ejecutiva Centro de Conservación Cetacea y Juan Carlos Cárdenas, director ejecutivo Centro Ecoceanos
Hace 17 años, la movilización de la sociedad chilena dio un paso histórico para la conservación marina, al lograr la promulgación de la Ley 20.293, conocida popularmente como el Santuario de Ballenas. Esta iniciativa ciudadana fue el producto de una masiva y exitosa campaña de información pública, educación ambiental y de movilización de amplios sectores de la sociedad chilena, liderada por el Centro de Conservación Cetacea y el Centro Ecoceanos, en alianza con sectores de pescadores artesanales, la cual generó la voluntad política del Ejecutivo y parlamento, presionados por un contundente 99% de apoyo ciudadano, según lo señalaba la encuesta nacional de Adimark del 2008.
Como resultado de este hito internacional en la protección de la biodiversidad marina, Chile cuenta hoy con uno de los santuarios de ballenas más extensos del mundo, respaldado por una avanzada legislación destinada a la protección de ballenas y delfines, la cual incluye un robusto reglamento para la observación turística de estos mamíferos marinos, y la prohibición de mantener delfines en cautiverio.
No obstante, la existencia de este marco legal contrasta con una cruda realidad: las ballenas siguen muriendo en nuestras costas, debido a enmallamientos en redes de pesca industriales y artesanales, interacciones con la industria salmonera o colisiones con embarcaciones. Resulta especialmente alarmante que un número significativo de estos casos fatales ocurran al interior de zonas designadas como Áreas Marinas Costeras Protegidas (AMCP), que a diferencia de los parques, tienen un alcance de protección vago y difuso.
Para comprender este escenario de paradojas y contradicciones, es necesario revisar lo sucedido hace años atrás. En 2008, durante el seminario “Marcos e Instrumentos para la Creación de Áreas Marinas y Costeras Protegidas (AMCP) en Chile”, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la entonces Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA,) los asistentes ya manifestaban su preocupación de que este instrumento se convirtiera en “áreas protegidas de papel”, sin una efectividad real en sus objetivos de conservación y desarrollo comunitario.
Esta inquietud no solo reflejaba los problemas de implementación de las AMCP entonces existentes, sino también las dudas respecto a la propuesta de crear un AMCP para la ballena azul (Balaenoptera musculus) en el Golfo Corcovado, ubicado entre las regiones de Los Lagos y Aysén. Si bien la idea era positiva en su concepción, su ejecución estuvo marcada desde un inicio por la desinformación y un excluyente proceso que no consideró a tiempo la evidencia científica disponible, ni las necesidades críticas de conservación de esta emblemática especie.
Aunque la iniciativa fue promovida como la única área de crianza de ballenas azules identificada en el mundo, la información científica validada por el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) reveló que la zona de presencia de esta especie en el sur austral de Chile era mucho más extensa, y que su uso principal era la alimentación, no la crianza. Los datos precisaban, además, que la mayor concentración de ballenas azules no ocurría en el Golfo Corcovado, sino al noroeste de la Isla Grande de Chiloé.
La mano invisible del empresariado salmonero
Frente a este escenario – donde se mezclaban diversos intereses políticos y empresariales utilizando argumentos de conservación marina – diversas organizaciones de la sociedad civil exigieron a las autoridades de la época transparencia y una mayor participación ciudadana en el cuestionado proceso de declaración del área. Tras esta presión, se logró acceder al texto de la propuesta, el cual, si bien había ampliado el área para representar con mayor precisión la distribución de la especie, contenía una cláusula crítica: excluía de futuras regulaciones a las actividades industriales que operaban dentro de la futura AMCP, beneficiando directamente a la salmonicultura industrial intensiva, asegurando como moneda de cambio que los intereses empresariales no sólo apoyaran esta propuesta, sino que se profundizaría en dichos territorios la expansión de esta mega industria acuícola exportadora, que es uno de los tres pilares del modelo económico neoliberal chileno.
Aunque la propuesta fue finalmente rechazada, sus consecuencias continúan afectando la vida de decenas de ballenas, que mueren a causa de artes de pesca o por los impactos de las flotas asociadas a la actividad extractiva y acuícola industrial. Esta situación se ve agravada por la proliferación de áreas de protección meramente nominales, concebidas sin medidas reales, las cuales, si bien en teoría buscan cumplir con el objetivo de proteger el 30% de los océanos, en la práctica ofrecen una cuestionable seguridad.
Santuario de Ballenas: Un modelo de consenso y liderazgo internacional
En contraste, la Ley de Protección a los Cetáceos o Santuario de Ballenas chileno se caracterizó desde su origen por ser una propuesta inclusiva que logró unir a la sociedad chilena en torno a la protección de las ballenas y delfines que habitan o transitan por nuestras aguas, las cuales albergan al 50% de las especies de cetáceos del mundo.
Tras ocho meses de una participativa campaña informativa, esta iniciativa ciudadana logró el apoyo unánime del Poder Legislativo, el Ejecutivo y la Armada de Chile, validada por el 99% de la población consultada, logrando que finalmente el 15 de octubre de 2008, la presidenta Michelle Bachelet promulgara la Ley 20.293 que convirtió a las aguas jurisdiccionales chilenas en uno de los mayores santuarios de ballenas del mundo.
Las medidas asociadas a esta legislación van más allá de la prohibición permanentemente de la caza de ballenas, un compromiso que Chile ya mantenía como miembro de la CBI y adherente a la moratoria global de 1986. El Santuario de ballenas consolidó una política de Estado permanente, comprometida con el uso no letal y la conservación de todos los cetáceos. Esto permitió que las decisiones de Chile en la CBI dejaran de depender de la postura variable del gobierno de turno, alineándose de manera permanente con la sensibilidad ciudadana.
Gracias a este marco legal, Chile se ha erigido como un líder dentro de la CBI, impulsando con éxito medidas para evitar la extinción de la población de ballena franca austral del Pacífico sudeste (Eubalaena australis), clasificada como En Peligro de Extinción por la UICN. Asimismo, ha liderado propuestas que han modernizado el funcionamiento de la Comisión, como los procesos de participación para la sociedad civil y los mecanismos de trabajo del comité científico.
Además, Chile fue el primer país en el mundo en impulsar con éxito la integración del papel ecológico de los cetáceos en el funcionamiento de los ecosistemas marinos, como parte de los procesos de decisión de la CBI. Gracias a esto, la Comisión ya no evalúa a los cetáceos como un simple número poblacional para cazar o proteger, sino que debe considerar los impactos ecosistémicos en cada decisión que adopte respecto a su conservación y manejo. Esta medida vanguardista se ha convertido en un referente que está siendo replicado por otras naciones en diversos foros internacionales de conservación y manejo de la biodiversidad.
Efectividad en la aplicación del Santuario de ballenas: De la ley a la acción
La solidez del Santuario se ha traducido en acciones concretas. Un ejemplo de alcance global se vivió en 2011, cuando la flota ballenera japonesa intentó regresar a Japón atravesando el Estrecho de Magallanes. La Armada de Chile advirtió a la embarcación que, de ingresar a aguas jurisdiccionales, sería detenida, ya que la ley prohíbe el transporte de cetáceos vivos o muertos en territorio nacional. Ante la decidida aplicación de la legislación nacional, la flota ballenera debió buscar otra ruta marina para llegar a su destino, hecho que resonó en la escena internacional y demostró la operatividad de la normativa chilena.
Para brindar la máxima protección a especies En Peligro Crítico-, como la ballena franca austral del Pacífico sudeste-, el reglamento de observación de cetáceos adoptado gracias al Santuario, prohíbe expresamente el avistamiento de esta especie desde cualquier plataforma marina. El compromiso con su recuperación es tal, que ante avistamientos cercanos a la costa, la Armada y Sernapesca suelen activar protocolos para brindar la mayor protección posible a los individuos.
La creación del santuario también libró al país de las consecuencias del flagelo que constituye la industria del cautiverio de cetáceos – tales como delfinarios o parques marinos – que hasta su entrada en vigor, intentaban instalarse de forma permanente en el país. Gracias al Santuario de ballenas, la mantención de estos mamíferos marinos en cautiverio no está permitida y Chile es un ejemplo a seguir para diversos países que buscan terminar para siempre con un oscuro negocio basado en el tráfico, sumisión y maltrato a delfines.
Una amenaza que continúa vigente
Adicionalmente, el Santuario contempla la creación de zonas de protección específicas en áreas críticas para los cetáceos. Sin embargo, el nefasto legado del fallido proceso de creación del AMP para la ballena azul en 2007 sigue vigente.
Adicionalmente, el Santuario contempla la creación de zonas de protección específicas en áreas críticas para los cetáceos. Sin embargo, el nefasto legado del fallido proceso de creación del AMP para la ballena azul en 2007 sigue vigente. La complicidad de diversos organismos del Estado de la época y de algunas organizaciones civiles para aprobar a toda costa un decreto que, desde su origen, renunciaba a la efectiva protección de ecosistemas vulnerables, no solo ha socavado la efectividad de la ley. También ha costado la vida a decenas de estos mamíferos marinos, muchos de los cuales han muerto dentro de supuestas áreas protegidas o en las cercanías de centros de cultivo industrial de salmón en la Patagonia.
Hace 17 años, cuestionar el proceso de creación de un área protegida para las ballenas azules en el sur de Chile generó duras críticas hacia las organizaciones, científicos y activistas que se opusieron a una propuesta más orientada a proteger los procesos productivos, turísticos y de inversión inmobiliaria, que a la conservación de las ballenas azules y la biodiversidad marina del sur de Chile.
Los impactos ambientales observados tras casi dos décadas, evidencian que de haber existido una mayor oposición ciudadana y de la comunidad científica a ese tipo de iniciativas, los procesos de creación de AMPs en el país habrían podido avanzar con mayor transparencia, inclusión y fiscalización pública, para consolidarse como mecanismos generadores de medidas de conservación efectivas. Como resultado, se habría podido evitar el preocupante número de muertes de cetáceos que se registran en las denominadas AMCP en el sur del país, que lamentablemente, parecen solo existir en el papel.