A pocos días de que finalice el proceso de evaluación para el controversial megaproyecto Parque Eólico Chiloé de la empresa Ecopower, la comunidad científica internacional se suma a reiterados llamados para evitar un desastre ambiental. El megaproyecto inició en octubre de 2010 la tramitación ambiental que busca emplazar 56 torres eólicas en playa de Mar Brava, noroeste de la comuna de Ancud, Isla Grande de Chiloé, para generar 112 MW de energía eléctrica para suministrar al sistema interconectado central.
La zona noroeste de la Isla de Chiloé recibe anualmente la mayor concentración de ballenas azul en el Hemisferio sur. Adicionalmente la ballena franca austral, clasificada en Peligro Crítico por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, así como delfines austral (especie semi-endémica) y el delfín chileno son especies susceptibles a impactos del parque eólico Chiloé debido a la localización propuesta en el borde costero.
La posible instalación de un parque eólico de gran envergadura en la zona costera de Mar Brava – a escasos metros de la playa – sumado a la importancia de las poblaciones de cetáceos que utilizan esas aguas, causó inmediata reacción por parte del Comité Científico que se reunión en Junio pasado en Tromso, Noruega y cuyas recomendaciones fueron adoptadas la semana pasada durante la reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional, organismo del cuál Chile es miembro. Preocupada por los impactos en estas poblaciones, la máxima autoridad científica sobre cetáceos reconocida a nivel internacional hizo un categórico llamado al país: “recomendó fuertemente la realización urgente de una evaluación de impacto ambiental completa” e instó a “reconsiderar la localización del mismo en áreas alejadas de la costa”.
Desde diciembre de 2010, las autoridades locales de la región de Los Lagos han sido sistemáticamente alertadas por Centro de Conservación Cetacea y Centro Ecoceanos, sobre los potenciales impactos y consecuencias que este megaproyecto tendría sobre los cetáceos y el ambiente costero. Para Bárbara Galletti, presidenta del Centro de Conservación Cetacea “desafortunadamente y pese a los reiterados llamados, las autoridades regionales han hecho caso omiso a las recomendaciones”. En este sentido, indicó que “el proceso de evaluación ambiental podría finalizar de manera irregular por lo que esperamos que las autoridades cumplan con su deber y exijan la debida realización de un estudio de impacto ambiental ya que nunca debió haberse aceptado el ingreso de una declaración de impacto ambiental.”
Sumado a los impactos marinos, la localización actual propuesta para el parque afectaría además a Quilo, uno de los más valiosos sitios arqueológicos que expresan los primeros asentamientos humanos costeros de América, así como una gran diversidad de avifauna costera, incluyendo especies migratorias, zonas de humedales y dunas, y varias especies terrestres endémicas y protegidas entre otros. Adicionalmente, el proyecto generaría impactos sobre el desarrollo de las actividades pesqueras artesanales y de turismo, entre otros.
Por estos motivos, las comunidades locales han manifestado en reiteradas oportunidades a las autoridades regionales la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental y han denunciado irregularidades en el proceso de evaluación ambiental.
Para Gisella Saldivia, representante de la coalición de organizaciones locales de Ancud, “La principal irregularidad es que un proyecto de esta magnitud sea aceptado por el servicio de evaluación a través de una declaración de Impacto Ambiental. Por esto creemos que nuestras demandas no han sido tomadas en cuenta y actualmente estamos ocupados en conseguir el apoyo legal para interponer un recurso de protección que represente las organizaciones y habitantes del territorio Quilo, Mar Brava y sectores aledaños”.
Más aún, en carta enviada por el senador Alejandro Navarro al Intendente Regional Juan Sebastián Montes en mayo pasado, el parlamentario indicó que “este patrimonio es también considerado por comunidades indígenas como parte de su cultura, por lo que además de la legislación ambiental debieran aplicarse los procedimientos establecidos en el Convenio 169 de la OIT” y se sumó a las reiterados llamados expresados por diversas organizaciones de realizar un EIA y relocalizar el proyecto en áreas alejadas de la costa, e indicó que de no modificarse la actual situación apoyaría las gestiones para “recurrir a instancias judiciales y eventualmente internacionales”.
Tras el llamado realizado por el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional, el Senador Navarro agregó que “esperamos que el gobierno chileno, y especialmente el gobierno regional, acojan este pronunciamiento que, como se lo manifestamos por escrito al Intendente Montes en mayo pasado, no busca afectar ni rechazar la materialización de un parque eólico, sino que sólo exige que la evaluación de dicha iniciativa se dé en el contexto de un estudio de impacto ambiental y no de una declaración, pues es absolutamente necesario que se escuche a la comunidad y se atienda su preocupación por la ubicación propuesta en el proyecto, que afecta sitios arqueológicos, de interés turístico y pesquero y sobre todo, que puede llegar a afectar gravemente la biodiversidad marina y costera, en una zona de avistamiento y protección de cetáceos”.
Para Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario y director del Centro Ecoceanos, “El urgente llamado efectuado por el Comité Científico de la CBI para la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental integral y la reubicación del proyecto de Parque Eólico Chiloé en un área alejada de la costa, es una potente señal de la comunidad científica internacional respaldando las demandas de la ciudadanía y comunidades de Chiloé. No es posible que el presidente Piñera y su Intendente regional sigan haciendo la vista gorda y oídos sordos frente a los impactos de esta destructiva propuesta. Como se resuelva este controversial proyecto constituirá un “test de esfuerzo” sobre si existe en Chile una institucionalidad ambiental creíble, procedimientos transparentes y democráticos, y si se respetan los acuerdos internacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios , tal como el Convenio 169 de la OIT. Las redes ciudadanas, científicos, organismos multilaterales y comunidades costeras del planeta están observando”.
Fuente: CCC