Santiago de Chile, 11 de julio de 2002. ( Ecocéanos News) – La Dirección de Promoción de Exportaciones (Pro-Chile), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, convocó la semana pasada a una particular reunión en oficinas de la empresarial Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y en la que participaron, además de los funcionarios estatales y los representantes de Sonapesca, algunos empresarios pesqueros históricamente vinculados a operaciones de pesca y comercio ilegal de bacalao de profundidad en aguas subantárticas.
El objetivo de la reunión era sondear los efectos de la campaña de boicot contra el consumo de bacalao de profundidad industrial capturado ilegalmente, que desarrollan organizaciones de consumidores norteamericanas bajo el nombre de “Take a pass on the chilean sea bass” (Hazte a un lado del bacalao). A esta campaña ya han adherido 300 chefs de exclusivos restaurantes de Washington, Nueva York, San Francisco, Los Angeles y Chicago.
En la reunión se hizo explícito que junto con el objetivo de establecer una “posición país” para implementar una estrategia que neutralizara los efectos de la campaña de consumidores en Estados Unidos, existía la necesidad de bloquear la propuesta de incorporar al bacalao de profundidad al Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna en Peligro (CITES), presentada a consideración por el gobierno de Australia.
Dicha propuesta -que cuenta con el activo apoyo del sector pesquero artesanal y las organizaciones de medio ambiente chilenas-, será debatida durante la duodécima Reunión de las Partes de CITES que se efectuará en noviembre próximo en Santiago de Chile, y donde el gobierno chileno tendrá una gran influencia por ser el país anfitrión.
REUNIÓN PÚBLICO PRIVADA
Llamó la atención que una reunión convocada por un organismo de Relaciones Exteriores para fijar la “posición país” frente a estos estratégicos temas de conservación y comercio internacional, no se contempló la asistencia de las organizaciones ciudadanas de medio ambiente o consumidores. Ello teniendo en cuenta que las pesquerías de bacalao de profundidad constituyen en Chile un recurso de “propiedad común”, es decir pertenecen a los ciudadanos y han sido estas organizaciones las que han alertado y entregado información por casi una década sobre los impactos ambientales y sociales de las operaciones de pesca ilegal de bacalao de profundidad en el Océano austral.
Esta curiosa búsqueda gubernamental de una estrategia basada en una “posición país” para enfrentar la nominación de bacalao de profundidad en Apéndice II de CITES, sin contar con la participación de sus ciudadanos organizados, tiene como participantes sólo a los sectores vinculados a la extracción y comercialización de este recurso, entre los cuales se contaban empresarios cuyas naves industriales han estado históricamente envueltas en operaciones de pesca ilegal.
Sorprendió que en dicha reunión los funcionarios de Relaciones Exteriores de un país que se ha comprometido a combatir las operaciones de pesca y comercio ilegal, hayan escuchado impasibles la argumentación de algunos empresarios y distribuidores pesqueros, los que indicaron que el boicot al bacalao de profundidad no los había afectado, ya que lo evitaban triangulando el envío de sus producciones de “peces chicos” a través de España o Canadá, mientras comercializaban los ejemplares de mayor tamaño a Estados Unidos.
Llama a la reflexión que los mismos funcionarios públicos aceptaran el término “peligrosas” para calificar a las organizaciones de medio ambiente y de consumidores, así como que avalaran la propuesta de desarrollar un lobby sigiloso para no exacerbar el boicot y contrarrestar la nominación de bacalao de profundidad a CITES.
Toda esta situación no es acorde con las relaciones entre el gobierno y sus ciudadanos en un país democrático, ni con la aplicación del instructivo presidencial sobre participación ciudadana, ni menos con la aplicación de la ley de Probidad Funcionaria.
Es contradictorio que funcionarios dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, financiados con dinero de los contribuyentes chilenos, lleven a cabo reuniones en locales empresariales, junto a dueños de compañías internacionalmente involucradas en operaciones de pesca ilegal, para desarrollar estrategias de boicot a las propuestas de las organizaciones de sus propios ciudadanos.
Si ello es así, podríamos preguntarnos ¿Estamos frente a una versión de un “Hamlet pesquero” en la Cancillería chilena?, recordando la situación de filtración de información y cooperación entre funcionarios de la diplomacia chilena y sectores opositores al gobierno.
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