Santiago de Chile, 14 de junio de 2002. (Ecoceanos News)– Confirmando toda la forma de hacer política en la neoliberal democracia chilena, el poder de presión de los grandes industriales pesqueros y los esfuerzos del gobierno por asegurar la «estabilidad» en el sector, el gobierno envió al Parlamento el proyecto de modificación a la Ley de Pesca que contiene todas las peticiones empresariales de los anteriores proyectos de privatización de las pesquerías.

Este quinto intento de modificar la Ley contempla la privatización gratuita de los peces por 15 años renovables, mantención de la división de la cuota global calculada sobre la base de reducidos porcentajes históricos, y en esa división, cerca de un 80 por ciento de las cuotas para el sector industrial y un 20% para los pescadores artesanales, acceso de naves industriales a las primeras cinco millas y posibilidad de que las empresas transfieran o vendan sus permisos.

La propuesta del Ministerio de Economía ingresó directamente al Senado en la categoría de “sin urgencia”, pero como una novedosa forma de aligerar el procedimiento legislativo al saltarse la Cámara de Diputados.

La estrategia del gobierno de hacerlo ingresar por el Senado es porque regularmente los proyectos que se discuten en esta instancia no sufren mayores modificaciones luego en la Cámara de diputados. Así, el gobierno busca evitar la conformación de una comisión mixta bicameral, que haría alargarse el trámite.

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