14 de Junio de 2010 – El escándalo ha estallado a una semana de que comience en Marruecos una trascendental reunión de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que estudia levantar la moratoria vigente desde 1986 a la caza comercial de ballenas.
Aprovechándose de un vacío legal que permite la pesca con «fines científicos», Japón ha atrapado 16.000 de estos cetáceos desde entonces e intenta poner fin a la moratoria de caza comercial de ballenas, vigente que establece cuotas de captura cero para los grandes cetáceos.
Antes de que la Comisión debata si autoriza durante la próxima década la caza comercial con un cupo anual de 1.800 ballenas, entre las que figuran dos especies amenazadas, una investigación del diario «Sunday Times» ha revelado los tejemanejes de Tokio para acabar con la moratoria.
Grabándolos con cámara oculta, los reporteros del rotativo británico obtuvieron la confesión de altos funcionarios de seis pequeños países —Costa de Marfil, Guinea, Granada, San Cristóbal y Nieves, Kiribati e Islas Marshall—, que admitieron haber recibido sobornos de Japón para votar a favor de la caza de ballenas.
Ya se sospechaba que el Gobierno nipón se aprovecha de su poderío económico y sus ayudas millonarias para atraerse el apoyo de los países pobres de África, el Caribe y el Pacífico. Pero la investigación del «Sunday Times» revela, además, un oscuro mundo de corrupciones y favores.
En un encuentro con los periodistas en un hotel de Barcelona, Ibrahima Sory Sylla, director de Pesca de Guinea, reconoció que Japón no sólo paga la cuota anual de su país para pertenecer a la Comisión Ballenera, sino además los viajes, gastos y comidas de los delegados que acuden a sus reuniones. Cada día reciben un sobre con 300 dólares y, cuando asiste el ministro del ramo, éste se lleva como mínimo unos 1.000 dólares, el equivalente al sueldo medio de un año en Guinea.
Otros altos cargos de Tuvalu y Kiribati coincidieron en que el Gobierno nipón se hacía cargo de sus gastos y destinaba ayudas millonarias a sus respectivas industrias pesqueras. Por su parte, el representante de Tanzania en la Comisión, Geoffrey Nanyaro, incluso reveló que en sus desplazamientos a Japón se le ofrecían masajes con «final feliz» por parte de prostitutas.
Para obtener estas explosivas confesiones, los reporteros del «Sunday Times» se hicieron pasar por emisarios de un supuesto millonario suizo que luchaba por la conservación de las ballenas y estaba dispuesto a comprar sus votos para prorrogar la moratoria. Pero algunos funcionarios expresaron el temor a perder las ayudas de Japón si variaban su postura.
Este tipo de cuestionadas prácticas ha permitido a Japón aumentar el número de miembros de la CBI y asegurar el apoyo de 38 de sus 88 miembros a los intereses nipones. Entre ellos están países sin salida al mar como Malí, que se ha alineado con Japón afirmando sorprendentemente que las ballenas devoran sus bancos de peces.
La propuesta de negociación impulsada por el actual presidente de la Comisión Ballenera Internacional, el comisionado chileno Cristián Maquieira, ha sido duramente criticada por gobiernos y sociedad civil de diversas naciones. La contraposición entre la política de Estado chilena y la propuesta de negociación puesta en la mesa por el representante chileno han complicado a la cancillería y perjudicado la imagen internacional en esta maetria, al punto que Senadores de la República solicitaron la semana pasada la renuncia de Maquieira al cargo.
Para Bárbara Galletti, presidenta del Centro de Conservación Cetacea, “es inaceptable y gravísimo la compra de votos que efectúa Japón y si a ello sumamos otras prácticas coercitivas de este país, como el abuso de la denominada “caza científica”, ocultar información y coartar la libertad de expresión de sus ciudadanos (en alusión a la censura que ha tenido el documental The Cove), resulta más necesario aún que la propuesta pro-ballenera sea rechazada de plano, ni siquiera aceptada como base de negociación”.
En referencia a la compra de votos, Galletti concluyó que “de aceptarse esta propuesta ballenera en el siglo XXI se estará legitimando un actuar absolutamente condenable y se sentará un pésimo precedente sobre un organismo internacional que quedaría a merced de un solo país, solo por la presión ejercida, en vez de que representar a la mayoría”