El Centro de Conservación Cetacea y Centro Ecoceanos presentaron un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia, contra el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura por actuar como “juez y parte”, al negar la entrega de información clave para esclarecer las muertes de ballenas en la pesquería chilena de Kril en la Antártica.

Santiago de Chile, 01 de mayo de 2026 (CCC/Ecoceanos News). En un acto calificado de “opacidad sistemática y protección de los intereses del empresariado pesquero”, el Centro de Conservación Cetacea (CCC) y el Centro Ecoceanos presentaron el pasado viernes 24 de abril un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). De acuerdo a las organizaciones de conservación marina, el ente fiscalizador estatal ha respondido de forma parcial y selectiva a la solicitud de información sobre la muerte de un ejemplar de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) ocurrida en marzo de 2025 a bordo del buque factoría chileno Antarctic Endeavour, propiedad de la empresa Pesca Chile S.A., que ya había protagonizado un enmalle similar en enero de 2024.

La solicitud que nunca ingresó al sistema de transparencia

Frente a la absoluta falta de respuesta del Sernapesca a una primera solicitud de información realizada el 25 de noviembre de 2025, que el propio Servicio reconoció nunca fue ingresada al portal de transparencia, las organizaciones presentaron el pasado 19 de marzo una nueva solicitud, requiriendo al ente fiscalizador la entrega de la denuncia penal, los informes técnicos, las actas de fiscalización, el estado del procedimiento sancionatorio, el plan de mitigación de la empresa, y el nivel de interacción con la Asociación de Empresas Responsables de Captura de Kril (ARK).

Una respuesta parcial que no satisface el derecho a saber

Aunque el 16 de abril Sernapesca respondió, lo hizo parcialmente, pues sólo entregó información sobre el estado del procedimiento administrativo y sobre sus reuniones con ARK, acompañando además cuatro anexos que incluyen el informe de revisión de imágenes del dispositivo de registro correspondiente al enmalle de una ballena jorobada juvenil en 2024, los reportes presentados por Chile ante la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) y la resolución que aprueba las medidas de conservación internacionales.

Sin embargo, en los puntos medulares de la solicitud, Sernapesca denegó la entrega de información, como el acceso a la denuncia penal, al informe técnico asociado y a las actas de fiscalización, argumentando que existe una investigación penal en curso por la muerte de la ballena ocurrida en marzo de 2025, bajo el RUC 2510017669-9, y que la divulgación de esos antecedentes podría afectar la persecución penal. Además, respecto del plan de mitigación de la empresa Pesca Chile S.A., no lo entregó ni declaró formalmente si existe, limitándose a describir las normas generales de la CCRVMA.

Las organizaciones denuncian que Sernapesca aplicó una “estrategia dilatoria, obstruccionista y leguleya”, transfiriendo sus responsabilidades a los tribunales de justicia y a la Fiscalía de Santiago, mientras se niega a entregar la información que no afecta la investigación.

“Sernapesca está actuando como juez y parte. Por un lado ya ha exculpado de forma anticipada al armador del Antarctic Endeavour antes de que termine el proceso penal. Además se niega a entregar la información que permitiría a la sociedad civil y a los organismos internacionales de conservación verificar lo que realmente ocurrió a bordo de ese barco factoría en aguas antárticas”, afirmó Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario y miembro del Centro Ecoceanos.

El artículo 64J: Un blindaje legal hecho a la medida de los intereses del empresariado pesquero

Uno de los puntos centrales de la denuncia ciudadana es la utilización por parte de Sernapesca del artículo 64J de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) para justificar la reserva y no entrega de las imágenes del dispositivo de registro a bordo (DRI) correspondientes al enmalle de otro ejemplar de ballena jorobada en marzo de 2025. Sin embargo, las organizaciones advierten que Sernapesca sí entregó imágenes de la captura incidental de 2024 en formato de informe con fotogramas, lo que demuestra que la institución entrega información en forma selectiva de acuerdo a su conveniencia.

El análisis de este material audiovisual permitiría a las organizaciones de conservación marina conocer en detalle lo sucedido a bordo del barco factoría en marzo de 2025, pudiendo confirmar o descartar la versión oficial. Para el caso de 2024, Sernapesca entregó las imágenes y concluyó que la ballena fue devuelta con vida, aunque de acuerdo a los informes oficiales de la CCRVMA, el ejemplar fue considerado como un enmallamiento letal. Para el caso de 2025, las imágenes han sido declaradas reservadas.

De acuerdo a Elsa Cabrera, directora del Centro de Conservación Cetacea, “el artículo 64J está siendo utilizado como un blindaje legal para proteger los intereses de los armadores pesqueros, impidiendo el escrutinio ciudadano sobre lo que realmente ocurrió en alta mar durante las operaciones de pesca de kril antártico en marzo de 2025”.

Esto porque Sernapesca utilizó la resolución exenta N° DN-1139/2026, y el artículo 64 J de la LGPA para negar el acceso a las imágenes contenidas en el Dispositivo de Registro de Imágenes (DRI) que contiene la secuencia completa del denominado “incidente” a bordo en 2025, señalando que esta información tendría carácter reservado.

Sin embargo, la interpretación del ente fiscalizador es errónea, ya que omite el hecho que el artículo 64 J posee dos incisos. El primero, que declara la reserva de las imágenes del dispositivo que se encuentren en bruto. Y el segundo, que señala expresamente que la información del DRI,- una vez certificada por un informe del Sernapesca-, adquiere el carácter de instrumento público, por lo tanto pierde el carácter de reserva.

El sumario por ocultamiento de información: una medida que no reemplaza la transparencia

En su respuesta del 16 de abril, Sernapesca reconoció que la primera solicitud de información presentada el 25 de noviembre de 2025 nunca fue ingresada al portal de transparencia del ente fiscalizador, por lo cual extendió sus disculpas por “la omisión de la entrega oportuna a su requerimiento”. Intentando relativizar esta grave situación de obstrucción, el ente fiscalizador informó haber instruido un sumario administrativo “por las eventuales responsabilidades de lo ocurrido”, sin señalar contra quiénes se dirige dicho sumario ni cuándo se entregarán sus resultados.

Las organizaciones sostienen que esta medida administrativa interna no guarda relación con la obligación de Sernapesca de cumplir con la legislación nacional y aplicar a los fiscalizados del sistema pesquero (los armadores y sus naves), los compromisos y obligaciones internacionales contraídas por el Estado chileno.

La certificación del MSC: Un sello cómplice de la destrucción ambiental en la Patagonia y Antártica

Tras la muerte de dos ballenas jorobadas en las operaciones de captura de kril en aguas de la Patagonia y área subantártica por parte del Antarctic Endeavour, propiedad de Pesca Chile S.A., las organizaciones de conservación marina afirman que resulta incomprensible que el Marine Stewardship Council (MSC) haya otorgado una certificación de “sustentabilidad” a la pesquería de kril de la cuestionada empresa. “El papel del MSC ha sido el de cómplice activo al entregar una falsa certificación para los mercados, que sólo lava la imagen de una empresa que viene operando con un prontuario ambiental letal en aguas antárticas”, afirmaron.

Un santuario impotente frente a la destructiva expansión de la pesquería del kril

En menos de quince meses, el buque factoría de arrastre Antarctic Endeavour ha matado a dos ballenas jorobadas en sus operaciones de captura de kril en aguas antárticas. Ambas interacciones letales ocurrieron en el Océano Austral, un área designada como Santuario de Ballenas por la Comisión Ballenera Internacional, destinada a protegerlas de la caza comercial. Sin embargo, la expansión exponencial de la pesca industrial de kril antártico durante la última década – con grandes redes de arrastre y tecnología de punta que captura cientos de miles de toneladas de este crustáceo en una sola temporada y en la misma área de alimentación de varias especies de ballenas – deja en evidencia la necesidad urgente de fortalecer las medidas de control y conservación existentes.

“Las ballenas no solo se ven amenazadas por quedar enmalladas y morir en las redes de los barcos factoría, sino que también está en peligro su principal fuente de alimento (kril). Aunque hoy están protegidas de la caza comercial, es urgente que la CCRVMA adopte medidas como el establecimiento de una moratoria para la pesquería del kril antártico, a fin de evitar la sobre explotación de este crustáceo – vital para el ecosistema antártico – y la muerte de más ballenas en el Océano Austral”, afirmó Cabrera.

El caso Sernapesca / Antarctic Endeavour ante el Consejo para la Transparencia

En el amparo presentado el viernes 24 de abril, CCC y Ecoceanos solicitaron al Consejo para la Transparencia  que se ordene a Sernapesca la entrega de los documentos solicitados, editando sólo aquellos datos de carácter reservado, de manera de poder acceder a la información solicitada de libre disposición, tales como fechas, lugares, descripción de los hechos, el informe certificado del DRI y las actas de fiscalización.

También se solicita que Sernapesca informe si la empresa Pesca Chile S.A. posee o no un plan de mitigación, y que en caso de existir, éste sea entregado. Hasta la fecha, la institución estatal sólo ha entregado información de carácter general sobre los requerimientos de la CCRVMA, evitando referirse al fondo de las solicitudes de información realizadas en noviembre de 2025 y marzo de 2026.

El Consejo para la Transparencia tiene 20 días hábiles para emitir su decisión. CCC y Ecoceanos afirmaron que estarán atentos a sus resultados, para dar cuenta a la opinión pública y a los organismos internacionales.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, los representantes del Centro de Conservación Cetácea y Ecoceanos hicieron un llamado la ciudadanía a estar vigilantes y respaldar el amparo solicitado al Consejo para la Transparencia, exigiendo fiscalizar el comportamiento de la Dirección Nacional de Sernapesca, respetar el derecho ciudadano de acceso a la información pública, y aplicar las sanciones correspondientes al accionar de la empresa Pesca Chile S.A., propiedad de José Luis Del Río, uno de los empresarios más poderosos e influyentes del país, que es parte de los siete grupos económicos dueños de las pesquerías chilenas.