Desilusión, chantaje, ofensa, secuestro, humillación, frustración, consternación, decepción y obstruccionismo. El cuarto día de sesión de la asamblea plenaria de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) se inició con fuertes palabras. Éstas evidenciaban el desconcierto e indignación de delegados Latinoamericanos frente a un evidente sabotaje de parte un grupo de países a la labor de la Comisión y el abandono de compromisos de conservación de las ballenas por parte de otro.

La decisión más importante que debía tomarse ese día era la creación del Santuario de Ballenas de Atlántico Sur, una propuesta liderada por Brasil, Argentina y Uruguay que cuenta con el apoyo de la mayoría de los miembros de la Comisión, incluido el grupo de países Latinoamericanos conocido como Grupo Buenos Aires^[1].

Todo auguraba que tras 20 años esperando su aprobación, la 68va asamblea plenaria en Eslovenia sería el momento para lograrlo y demostrar al mundo la responsabilidad de este organismo internacional con los desafíos de conservación a las ballenas y la biodiversidad en el siglo 21. Sólo se requería que la propuesta fuera llevada a votación. Pero el bloque ballenero, junto a un mal manejo de la presidencia de la Comisión y la desidia de países que se denominan “conservacionistas”, impidieron este proceso democrático de decisión.

Todo comenzó en la sesión de la mañana cuando se hizo evidente la ausencia en la sala de muchos países que apoyan la reapertura de la caza comercial de ballenas. En el aire se sentía un nervioso deja vu entre los miembros de la Comisión.

Hace 11 años el bloque pro-ballenero liderado por Japón, que en ese entonces era miembro de la CBI, abandonó la sesión antes de la votación del santuario para romper el quorum^[2].  Así podrían evitar que éste fuera aprobado por más del 75 por ciento de los votos de apoyo de la Comisión. Sabían que las reglas de procedimiento de este extemporáneo organismo internacional no son claras al respecto y decidieron desencadenar el caos, porque “a rio revuelto, ganancia de pescador.”

Y eso fue lo que sucedió. La inexperiencia del presidente de la CBI de aquel entonces lo llevó a determinar que, bajo su interpretación, el quorum necesario para tomar decisiones en la Comisión se define como `países presentes´ en la sala y no como países que `asisten´, o cuentan con credenciales para participar en la reunión. A pesar de la disconformidad expresada por Grupo Buenos Aires, la falta de apoyo de los llamados países afines o like-minded^[3], obligó a los proponentes a retirar la propuesta. Como resultado, se perdió la oportunidad de crear el santuario y acto seguido, se sentó un grave precedente cuyas consecuencias quedaron en evidencia el jueves pasado.

Al igual que en 2011, diecisiete países no aparecieron en la sala el jueves pasado cuando el punto de la agenda para la creación del santuario iba a ser discutido. Decir que pertenecen al bloque ballenero resulta inadecuado porque la realidad es que sólo uno de ellos, Islandia, realiza operaciones de caza comercial (país que ni siquiera debería ser reconocido formalmente como miembro de la CBI, pero esa es otra historia).

Antigua y Barbuda, Benin, Cambodia, Camerún, Costa de Marfil, Gana, Guinea, Kiribati, Laos, Liberia, Mauritania, Marruecos, Nauru, Palau, Santa Lucia y las Islas Salomón son más bien parte del grupo de países que han sido relacionados con la diplomacia del arpón implementada por Japón desde hace décadas a través de programas de financiamiento pesquero a cambio de su participación, apoyo y votos en la CBI.

A diferencia de 2011, en esta oportunidad la Comisión contaba con la experiencia pasada y podría haber actuado diferente para alcanzar un resultado a favor de las ballenas que es urgente y necesario porque estamos viviendo la peor crisis de pérdida de biodiversidad desde la última extinción masiva. Pero no. Inexplicablemente, el presidente de la CBI decidió seguir el ejemplo de su inexperto predecesor y aplicó el mismo criterio de hace once años atrás, argumentando que ya existía un precedente. Las protestas de Argentina, Brasil y Uruguay no se hicieron esperar.

Argentina destacó que bajo las reglas de procedimiento de la Comisión sí había quorum, pues se refieren a los países asistentes y no presentes en la sala, por lo que la propuesta debía ser llevada a votación. Brasil expresó su enérgica oposición, argumentando que un precedente no es una regla y que la Comisión no puede seguir sujeta al chantaje y sabotaje de algunos países. Y Uruguay calificó como una ofensa lo ocurrido e hizo un llamado a realizar gestiones al más alto nivel para pedir explicaciones al grupo de países saboteadores.

A la indignación de los proponentes se sumó el apoyo del GBA. Colombia manifestó su frustración y cuestionó la manera no democrática de tomar decisiones importantes. Costa Rica afirmó que la CBI está secuestrada por un grupo de países cuyo interés por la ballenería es cuestionable pues no cazan ballenas. República Dominicana objetó el objetivo de conservación de la Comisión. México expresó su humillación ante lo sucedido. Ecuador lamentó la situación. Y Chile reiteró la necesidad que la propuesta fuera sometida a votación.

Pero el silencio, desidia e indolencia de los países afines a los continuos llamados del GBA a “sus aliados” para llevar la propuesta a votación, terminó por derrumbar las esperanzas de crear un santuario para ballenas en el Atlántico Sur. La Comisión sólo se comprometió a elaborar una mejor definición de lo que significa quorum en la próxima asamblea plenaria que se realizará en Perú en dos años más. Sesión que será presidida por el comisionado de Guinea, uno de los países involucrados en el boicot a la Comisión.

A estas alturas queda claro cómo operarán los representantes de los intereses de Japón en la CBI, si en 2024 no les gusta la propuesta para una nueva definición de quorum. La interrogante es ¿continuarán los países afines fortaleciéndoles el camino hacia el deterioro de la Comisión y la destrucción de los logros alcanzados en conservación de ballenas por este organismo internacional?

Por Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetacea y observadora acreditada ante la CBI desde 2001.

[1] Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay

[2] Número de miembros necesarios para que un cuerpo deliberante tome ciertas decisiones.

[3] Unión Europea, Reino Unido, Australia, Nueva Zelandia y Estados Unidos