Por Elsa Cabrera y Juan Carlos Cárdenas
Se escucha un rumor en el aire. Uno que sugiere que Japón, el país cazador de ballenas por antonomasia, podría reintegrarse a la Comisión Ballenera Internacional (CBI) durante los próximos años. En diciembre de 2018 la nación asiática abandonó este organismo internacional, encargado del manejo y conservación de los cetáceos a nivel global, tras fracasar en sus continuos intentos para eliminar la moratoria global sobre la caza comercial de ballenas.
Desde entonces, la industria ballenera japonesa y la elite política asociada han continuado la matanza anual de decenas de ejemplares de ballenas sei, y cientos de ballenas de Bryde y minke en aguas bajo su jurisdicción[1]. A pesar de la oposición internacional, argumentan que forma parte de su tradición cultural. Y para demostrarlo, en junio pasado decidieron agregar ballenas de aleta a la lista de especies cazadas.
El 9 mayo la Agencia de Pesca de Japón anunció que contemplaba expandir sus operaciones balleneras para incluir ballenas de aleta, la segunda de mayor tamaño después de la ballena azul y que se encuentra clasificada como Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Para guardar las apariencias e intentar mitigar el rechazo de la comunidad global, las autoridades japonesas iniciaron un breve y superficial proceso de consulta pública que culminó con la aprobación de una cuota anual de 59 ballenas de aleta tan sólo un mes más tarde. La cifra carece del respaldo del comité científico de la CBI e ignora los estándares establecidos por este órgano para evitar impactos negativos sobre la población afectada[2].
De acuerdo con las autoridades japonesas, la medida se justifica porque las ballenas son un recurso alimentario importante que debe utilizarse de forma sostenible, como cualquier otro recurso marino, basándose en pruebas científicas, para mantener la cultura tradicional de Japón y para promover la industria ballenera[3].
Desde el punto de vista histórico, la cultura ballenera nipona sólo se relaciona con cuatro comunidades costeras[4]. El consumo masivo de carne de ballena se produjo recién a mediados de siglo pasado tras el fin de segunda guerra mundial. Las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos crearon una industria basada en la caza de ballenas para entregar de manera rápida y asequible una fuente de proteínas animal al debilitado pueblo japonés. Por ello, su consumo se relaciona más bien con uno de los períodos más oscuros de la historia de ese país que con tradiciones culinarias milenarias. Gradualmente los productos de ballena fueron rápidamente sustituidos por otras carnes, disminuyendo de más de 230.000 toneladas en 1962 a sólo mil o dos mil toneladas anuales en los últimos años[5].
Como miembro de la CBI, la política ballenera de Japón se enfocó hasta 2018 en promover el consumo de carne ballena como un elemento que supuestamente es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria.
Pero las ballenas no son cualquier otro recurso marino. Durante la última década, creciente evidencia científica demuestra que el mayor valor de estos mamíferos marinos se relaciona con los aportes que brindan vivas al ecosistema. Entre los beneficios brindados al funcionamiento del ecosistema se destacan la capacidad de sus cuerpos para secuestrar significativas toneladas de dióxido de carbono (CO2) a lo largo de sus vidas, que luego queda atrapado por siglos, e incluso milenios, cuando mueren naturalmente y caen al fondo marino. Esto las convierte en importantes aliadas para combatir el cambio climático.
Adicionalmente, los nutrientes encontrados en las fecas de las ballenas han demostrado ser fundamentales para el crecimiento de microalgas marinas conocidas como fitoplancton. Éstas no sólo conforman la base de la red trófica de la cual depende toda la vida marina, sino que también son responsables de producir cerca del 50 por ciento del oxígeno del planeta. Además, las “bombas biológicas” que generan al sumergirse y subir a la superficie movilizan nutrientes desde las profundidades, estimulando la vida marina en múltiples niveles. Al contrario de lo que argumenta Japón, la ciencia demuestra que cazar ballenas podría afectar gravemente las pesquerías y poner en riesgo la seguridad alimentaria.
Por ello, todo indica que las motivaciones de Japón para continuar y expandir la caza comercial de ballenas fuera de la CBI no tienen ninguna relación con sus tradiciones culturales o con fundamentos científicos. Son de carácter político y económico.
Para Japón el acceso a los recursos marinos es estratégico. La implementación de medidas y regulaciones para asegurar su conservación es por lo tanto percibida como una amenaza. La reciente presión internacional para aumentar las regulaciones a la captura de especies en peligro como el atún rojo podría haber ocasionado la reacción de expandir la lista de especies de ballenas cazadas. Japón consume cerca del 80 por ciento de todas las capturas de atún rojo del Atlántico y el Pacífico por lo que la implementación de nuevas restricciones vinculadas a la conservación marina podría afectar tanto a los consumidores como a los intereses económicos de la industria pesquera nipona.
El incluir la caza de ballenas de aleta no sólo es una medida controversial y provocadora que busca socavar la moratoria existente. También es una clara señal de que para el gobierno japonés la caza de ballenas es un tema simbólico y estratégico en su nueva etapa de expansión militar y geopolítica en el Pacífico. Además es un mensaje de que no va a aceptar la presión de la comunidad ni de la sociedad civil internacional pues pondría en riesgo los intereses de toda su industria pesquera, incluyendo la pesquería de túnidos.
Para revitalizar la industria ballenera, el gobierno japonés promueve activamente su consumo, distribuyendo raciones en escuelas primarias y secundarias, y participando en festivales gastronómicos locales. En 2023, la empresa ballenera Kyodo Senpaku instaló máquinas expendedoras de productos de ballena en Tokio y diversos puntos del país. Y este año la misma empresa finalizó la construcción del nuevo buque ballenero, Kangei Maru.
Con un costo de cerca de 50 millones de dólares y más de 9.300 toneladas de peso, la nave puede recorrer casi 13.000 kilómetros de manera autónoma, procesar especies de grandes ballenas de hasta 70 toneladas (como ballenas de aleta), almacenar hasta 2000 toneladas de carne y permanecer en el mar durante largos periodos de tiempo. Una pequeña fracción del costo de la nave (4%) fue financiado por los contribuyentes de la ciudad de Shimonoseki, centro de la industria ballenera japonesa. El resto procede de préstamos que Kyodo Senpaku deberá devolver con intereses a sus acreedores durante las próximas décadas.
La inversión realizada y características del buque Kangei Maru sugieren que el real interés de Japón es reanudar sus operaciones de caza comercial de ballenas en aguas internacionales. Un reporte de la Agencia de Pesca de Japón relativo a la situación en torno a la caza de ballenas revela que el país se encuentra desarrollando un programa de estudios sobre abundancia y estructura de poblaciones en la Antártica (JASS-A por sus siglas en inglés) con la visión general de “continuar investigaciones orientadas al uso del recurso ballenas en la Antártica[6].”
El área de monitoreo incluye parte del santuario de ballenas del Océano Austral creado por la CBI en 1994 y contempla un periodo de estudio de ocho años (desde 2019/2020 hasta 2026/2027). Su implementación está a cargo del Instituto de Investigación de Cetáceos (ICR por sus siglas en inglés), el organismo que dirigía el denominado programa de caza “científica” de ballenas de Japón en Antártica hasta que fue sentenciado como ilegal por la Corte Internacional de Justicia en 2014. Y la nave utilizada es la Yoshin Maru, perteneciente a la empresa Kyodo Senpaku, la misma que construyó el Kangei Maru.
Desde la implementación de la moratoria global sobre la caza comercial de ballenas en 1986, el gobierno de Japón se caracterizó como miembro de la CBI por impulsar agresivamente la denominada diplomacia del arpón que incluyó la continua obstrucción de propuestas de conservación, la descomposición de los procesos de decisión mediante la compra de votos de algunos países del Caribe y África, y la conducción por más de 30 años de operaciones de caza ilegal de ballenas en el santuario de ballenas del Océano Austral.
Tras su salida de la CBI, la nación asiática ha redoblado sus esfuerzos para ejercer presión sobre este organismo internacional. Ha continuado y ampliado la caza comercial de ballenas en sus aguas jurisdiccionales y ha puesto en marcha un buque ballenero que, por su capacidad e inversión económica, requerirá inevitablemente expandir las áreas de captura hacia aguas internacionales, así como aumentar significativamente el número de ballenas cazadas.
Y así, volvemos al rumor de que Japón podría reincorporarse a la CBI. En caso de que elija este curso de acción, es muy probable que siga un camino similar al de Islandia en 2002, buscando una reserva a la moratoria para continuar cazando ballenas con fines comerciales, posiblemente incluso en aguas internacionales. Las implicancias potenciales son profundas: si, movidos por consideraciones políticas y/o económicas, los miembros de la CBI ceden a esta controvertida iniciativa orquestada por la élite política, militar y empresarial japonesa, serían responsables directos del desmantelamiento efectivo de la moratoria, una política de conservación histórica que, entre otras cosas, ha evitado – hasta ahora – la extinción de especies vitales para la salud de los océanos del planeta.
————
[1] En 2023 la industria ballenera japonesa capturó 82 ballenas minke (60% de la cuota) , 187 ballenas de Bryde (100% de la cuota) y 25 ballenas sei (100% de la cuota) en su zona económica exclusiva (ZEE).
[2] El gobierno de Japón no siguió la metodología aprobada por el Comité Científico y la CBI para establecer la cuota de captura. Mientras que la CBI adoptó un Algoritmo de Límite de Captura (CLA) para generar cuotas preventivas y sostenibles, Japón calculó sus cuotas con un nivel de ajuste del 0,6 en lugar del 0,72 requerido. Esta diferencia condujo a que Japón estableciera cuotas de captura que exceden lo permitido por las normas de la CBI.
[3] Declaración del 09 de mayo de 2024 del secretario jefe del gabinete nipón, Yoshimasa Hayashi
[4] Abashiri, Ayukawa, Wadaura y Taiji
[5] Cifras entregadas de acuerdo a la Agencia de Pesca de Japón.
[6] Reporte de la Agencia de Pesca de Japón Situation Surrounding Whaling, Enero de 2024.