A pocos meses de la reunión de la Comisión Ballenera Internacional, las organizaciones ciudadanas valoraron la protesta del Senado chileno y apoyaron la solicitud para que el gobierno de Bachelet presente una queja diplomática ante Japón, lo cual estimule al bloque de países Latinoamericanos a tomar el liderazgo para exigir el cumplimiento e implementación de la prohibición de caza decretada por la Corte Internacional de Justicia.
Los senadores Baldo Prokurica y Guido Girardi, junto a las organizaciones ciudadanas Centro de Conservación Cetacea (CCC) y Centro Ecocéanos, entregaron al embajador de Japón en Chile, Hidenori Murakami, una copia del proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad por el senado de la República de Chile, en el que protestan oficialmente contra el programa de “caza científica” de ballenas minke que efectúa la flota ballenera nipona en las aguas del océano Pacífico. Según el parlamento chileno, el programa japonés “perjudica los esfuerzos internacionales por conservar y proteger a estos mamíferos marinos”.
El proyecto de acuerdo fue impulsado de manera transversal por los senadores Girardi, Goic, Prokurica, De Urresti, Horvarth, Quintero, Bianchi, Chauán y Orpis, quienes solicitaron a la presidenta Bachelet, que envie una nota de protesta diplomática al gobierno de Japón contra su programa de caza “científica” de ballenas, y que se comunique dicha medida a los miembros de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), la cual se reunirá en septiembre próximo en Eslovenia.
El 31 de marzo del 2014, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Japón revocar sus permisos de caza de ballena en aguas de la Antártica, pues dichos permisos no se ajustaban a las previsiones contenidas en el artículo VIII de la CBI, que permite la caza con fines de investigación científica.
Necesidad de mantener moratoria de caza comercial de ballenas
Los parlamentarios señalaron que a partir de la publicación de la ley 20.293, Chile declaró sus aguas jurisdiccionales y su zona económica exclusiva en el pacífico Sur oriental, como santuario libre de cualquier actividad de caza, captura o comercio de cetáceos.
Esta decisión soberana del Estado chileno fue el resultado de la presión de la multitudinaria campaña ciudadana “Chile 2008, Santuario de Ballenas” efectuada entre el 2007-2008 en las que participaron la mayoría de las organizaciones ciudadanas, lideradas por el Centro de Conservación Cetacea, Centro Ecocéanos y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile.
Bárbara Galleti, presidenta de CCC señaló que “luego del histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia que evidenció que los programas de capturas de Japón en la Antártica no son científicos, esperamos que Japón detenga no sólo la caza de ballenas en la Antártica sino también en el Pacífico Norte, pues los criterios de la Corte se aplican igualmente a ese otro programa de captura.”
Juan Carlos Cárdenas, Director Ejecutivo del Centro Ecocéanos indicó que “a pocos meses de la reunión de la Comisión Ballenera Internacional, valoramos la presentación de este proyecto de acuerdo del senado chileno, unido a la solicitud para que el gobierno de Michelle Bachelet presente una queja diplomática ante Japón, lo cual esperamos estimule al bloque de países Latinoamericanos,- agrupados en el Grupo Buenos Aires (GBA)-, y en particular a Chile, a tomar el liderazgo en dicha reunión, para exigir el cumplimiento e implementación de la medida decretada por la Corte Internacional de Justicia frente al Estado japonés”