En un artículo publicado hoy en el diario electrónico El Mostrador, el director del Centro Ecoceanos rechaza la Privatización del Mar que se legisla en el Parlamento. Afirma que entregar gratuitamente las concesiones acuícolas en propiedad perpetua a las compañías salmoneras para que las hipotequen a los bancos es una situación inconstitucional que atenta contra la soberanía nacional en el borde costero de Chiloé, Aysén y Magallanes.

Tras haber sido aprobada en tiempo récord y casi por unanimidad por una excepcionalmente alineada Cámara de Diputados, esta inconstitucional iniciativa, que en la práctica privatiza el mar y borde costero en beneficio de los grandes productores de salmón del Atlántico y los bancos chilenos y extranjeros, está encontrando una inesperada y creciente resistencia.

Diversos sectores productivos y sociales afectados, como comunidades costeras, pesca artesanal, trabajadores y empresarios de turismo y productores de mitílidos de Chiloé, Aysén y Magallanes, entre otros, ya han expresado su oposición al proyecto.

A ellos se han sumado los trabajadores bancarios y cerca de 10 mil ciudadanos que están respaldando la campaña “No Permitas la Privatización de Nuestro Mar”, liderada por el Centro Ecocéanos.

A nivel político, se ha comenzado a expresar la oposición y abstención de ocho senadores, así como el rechazo de dos de los seis candidatos presidenciales, Jorge Arrate y Alejandro Navarro.

La iniciativa legislativa no resuelve los múltiples problemas de fondo que ha generado la industria salmonera, ni tampoco soluciona la falta de control y regulación estatal en las regiones sur -australes de Chile, que ya cuentan con 17.000 trabajadores salmoneros cesantes.

Su sentido primario y único es el de “otorgar certeza jurídica a los bancos acreedores sobre la constitución y ejecución de garantías sobre las concesiones y autorizaciones de acuicultura”.

El proyecto de ley, elaborado con alto grado de improvisación por la gubernamental “Mesa del Salmón”, dirigida por el cuestionado ex Subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, junto a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y los empresarios de SalmónChile, es parte del denominado “Plan de salvataje” de la industria salmonera afectada por la denominada “crisis del virus ISA”.

La iniciativa se caracteriza por su inconstitucionalidad, ya que permite que las empresas salmoneras deudoras puedan hipotecar bienes nacionales de uso público -como las concesiones acuícolas- con los bancos acreedores.

Contempla, además, entregar a las compañías salmoneras concesiones de acuicultura gratuitamente y a perpetuidad.

Para ello se ha elaborado una creativa fórmula que entrega las concesiones por 30 años, las cuales se renuevan sucesivamente por los siguientes 30.

Este es el aspecto medular del proyecto de ley, contenido en el artículo 81 y 81 bis y es la condición básica impuesta por el sistema financiero para renegociar el pasivo de 2 mil 500 millones de dólares que presenta la industria salmonera con la banca.

La abusiva “fórmula” para el salvataje de la industria salmonera, equivaldría a que el arrendatario de una casa, pudiese hipotecarla con el banco acreedor como garantía de su deuda.

En el futuro, si se lograra imponer esta inconstitucional legislación, el empresario y candidato presidencial Sebastián Piñera, al igual que los salmoneros, podría hipotecar sus concesiones en el espacio aéreo nacional y las respectivas rutas de Lan Chile como garantía con sus acreedores.

Otro controvertido aspecto contemplado en el proyecto propuesto por el ejecutivo es la arbitraria conformación territorial de los denominados “barrios o agrupaciones salmoneras”.

Ellas favorecen la constitución de monopolios productivos, los que excluyen las actividades pesqueras artesanales, los cultivos de algas y mitílidos y las operaciones de turismo, entre otras.

Resulta inaceptable que el Estado, bajo el pretexto de la aplicación de medidas sanitarias, discrimine entre los productores e incentive la conformación de monopolios, la profundización de la concentración económica y transnacionalización de los sectores pesquero y de acuicultura nacional.

Estas iniciativas vulneran el principio de igualdad ante la Ley, contenida en nuestra Carta Fundamental (garantía constitucional del artículo 19, Nº 2).

En Chile, ni la ley ni autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias sobre el derecho a desarrollar cualquier actividad productiva, por lo que la norma propuesta afecta el principio de libertad económica, consagrado como garantía en la Constitución del Estado (artículo 19, Nº 21, inciso 1).

A su vez, restringe la garantía constitucional del artículo 22, Nº 19 de la Constitución Política de la República, consistente en la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Tampoco respeta el derecho de propiedad que tienen los ciudadanos de la Nación respecto a los bienes nacionales de uso público, garantizados en el artículo 19, Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, este sui generis proyecto de ley termina afectando al artículo 47 de la propia Ley General de Pesca y Acuicultura, el cual reserva al sector pesquero artesanal las cinco millas costeras y aguas interiores del país.

Las medidas de implementación de los “barrios salmoneros” que debería adoptar el Servicio Nacional de Pesca no cuentan con la información científica y oceanográfica básica sobre los ecosistemas marinos, sus características de funcionamiento y las capacidades de carga en las nuevas áreas costeras donde se reordenarán las concesiones de acuicultura.

La propia industria reconoce “que seguirán expuestos” a riesgos sanitarios en el futuro, mientras no se prohíba la importación de ovas (huevos) de salmónidos -una de las principales fuentes de introducción de patógenos a las aguas chilenas-, ni se regule el uso masivo e indiscriminado de antibióticos y químicos.

Por todo lo anterior, las organizaciones ciudadanas, productores regionales, trabajadores y senadores, estamos solicitando a la presidenta Bachelet que retire el proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, o en su defecto anule el artículo 81, por ser inconstitucional y afectar gravemente la soberanía del país, al entregar en la práctica un área potencial de 30 mil kilómetros de litoral protegido – islas, fiordos, golfos y bahías-, en Chiloé, Aysén y Magallanes a las transnacionales noruegas, españolas y japonesas, así como a los bancos y sistema financiero nacional e internacional.

*Juan Carlos Cárdenas es médico veterinario. Director del Centro Ecocéanos.