Elsa Cabrera, directora ejecutiva Centro de Conservación Cetacea

El próximo 15 de febrero no es un día cualquiera en el calendario ambiental. En esa fecha celebramos el Día Internacional de la Ballena, que este año adquiere una resonancia histórica pues coincide con el 80º aniversario de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) y 40 años de la adopción de la moratoria global sobre la caza comercial de ballenas. Esta medida de conservación, reconocida como la más efectiva en la historia del derecho ambiental internacional, ha evitado la extinción de los seres vivos más grandes del planeta. Sin embargo, cuatro décadas más tarde, mientras algunas poblaciones avanzan lentamente hacia su recuperación, una pregunta urgente surge desde el océano: ¿debemos volver a salvar a las ballenas?

Hoy, la principal amenaza ya no son los arpones, sino las proas de las embarcaciones. La colisión con embarcaciones, conocida en inglés como ship strikes, representa en la actualidad una de las principales causas de muerte antropogénica para los grandes cetáceos a nivel global. De acuerdo con un informe de Friends of the Sea, 20 mil ballenas mueren anualmente por esta causa.  Y es que si bien la moratoria se ha convertido en un faro de esperanza para la recuperación de especies diezmadas por la ballenería comercial del siglo XX, el aumento del transporte marítimo ha convertido las rutas oceánicas por donde migran las ballenas en verdaderas travesías mortales.

El fatídico liderazgo chileno y el drama de una población única de ballenas

En este sombrío panorama global, Chile ocupa un lugar particularmente alarmante. Según un estudio publicado en Marine Policy en 2025, Chile encabeza las cifras de muerte de ballenas por colisión con embarcaciones a nivel mundial. Esta fatídica estadística no sólo amenaza la recuperación de especies emblemáticas como la ballena azul (Balaenoptera musculus) sino a las ballenas franca austral (Eubalaena austral) del Pacífico sudeste, una de las poblaciones en mayor peligro de extinción en el mundo.

Lejos de ser una extensión de otras poblaciones de ballenas del hemisferio sur, la evidencia genética ha confirmado que estos individuos son únicos, un linaje distinto a otras poblaciones de esta especie que habita los ricos pero amenazados ecosistemas de la Corriente de Humboldt. Y su situación es crítica. Su población se estima en apenas 50 individuos maduros. Cada muerte por acción humana no es solo una tragedia sino un golpe potencialmente irreversible a la viabilidad genética y recuperación de esta población. Lamentablemente, la información recabada en Chile sobre muertes y varamientos de esta especie están directamente relacionados con interacciones pesqueras o colisiones con embarcaciones. A pesar de estar protegidas, el futuro de las ballenas francas de Chile y Perú podría desvanecerse frente a la redes, hélices y cascos navieros del comercio marítimo.

La ciencia del riesgo y otras soluciones tecnológicas

La física de una colisión entre una nave mayor y una ballena es implacable. De acuerdo con un estudio de 2022, a 10 nudos de velocidad, la probabilidad de que una ballena sea impactada mortalmente es del 50%. Pero a sólo cinco nudos más de velocidad (15 nudos), esa probabilidad aumenta a 90 por ciento. Este problema se agrava en zonas de alta productividad oceánica, donde el tráfico marítimo se superpone con áreas críticas de alimentación, migración o crianza de grandes cetáceos. Una publicación científica de 2019 afirma que una reducción del 10% de la velocidad en la flota global marítima podría reducir el riesgo de colisión con ballenas en un 50 por ciento, ayudando también a reducir gases de efecto invernadero y la contaminación acústica marina.

Tanto la comunidad científica como organizaciones de conservación de la sociedad civil han desarrollado un abanico tecnológico para intentar mitigar esta grave amenaza. Los sistemas de monitoreo acústico en tiempo real, como boyas/hidrófonos, pueden detectar los cantos de las ballenas y alertar a los barcos cercanos de su presencia. Otras utilizan modelos de inteligencia artificial para predecir la ocurrencia de ballenas basándose en condiciones oceanográficas y datos acústicos, que ofrecen información casi en tiempo real a las navieras sobre la presencia de ballenas en sus rutas de navegación. Incluso herramientas de planificación de rutas como el Whale Chart del Consejo Mundial del Transporte Marítimo, buscan informar a los capitanes sobre las zonas de mayor riesgo a lo largo de las principales rutas globales de navegación.

Sin embargo, el talón de Aquiles de estas iniciativas es su carácter voluntario. Un barco puede perfectamente ignorar una alerta de reducción de velocidad u optar por no desviarse algunas millas si no existe un marco regulatorio que lo obligue. La eficacia de estas tecnologías queda a merced de la buena voluntad y la priorización económica de cada compañía marítima. Un factor muy poco fiable si consideramos que el reloj de la logística del mercado mundial siempre tiende hacia la aceleración.

El imperativo regulatorio

A estas alturas queda claro el núcleo del debate actual. La ciencia es clara en demostrar que la solución más efectiva es una regulación qe combine reducción de la velocidad de navegación y desvío estacional de rutas de navegación en áreas de alto riesgo de colisión. Una investigación del British Antarctic Survey de 2024 sugiere que implementar medidas de gestión en apenas un 2.6% adicional de la superficie oceánica bastaría para reducir drásticamente el  riesgo de colisión en zonas sensibles para las ballenas. Otros estudio publicado en Frontiers in Marine Science afirma que las Áreas Marinas Protegidas y la zonas de reducción de velocidad obligatoria son herramientas cruciales para reducir esta grave amenaza a la conservación de las ballenas.

La resistencia a estas regulaciones suele argumentarse en términos económicos. Factores como el tiempo extra de navegación y el mayor consumo de combustible, ignoran el valor intrínseco de las ballenas vivas como ingenieras del ecosistema, cuyo rol en el ciclo de carbono y en la productividad pesquera es incalculable. Un revelador estudio publicado el pasado 22 de enero por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), pone ese costo en una perspectiva global abrumadora. El informe titulado Situación del Financiamiento para la Naturaleza 2026, reveló que, por cada dólar invertido en la conservación de la naturaleza, se gastan 30 dólares en subsidios y proyectos de “desarrollo” que la destruyen. El informe revela una verdad incómoda: el verdadero costo para el bienestar del planeta y la humanidad no es la protección sino la inacción.

Organizaciones como el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW por sus siglas en inglés) ha presentado propuestas concretas para transformar las recomendaciones en normas vinculantes. Estas incluyen la reducción obligatoria de velocidad de navegación, la creación de zonas de exclusión – o desvío permanente o estacional – en áreas críticas para las ballenas, y el establecimiento de sistemas independientes de monitoreo y cumplimiento.

Frente a este tipo de propuestas, iniciativas nacidas desde la industria como la del Consejo Mundial del Transporte Marítimo, aunque bien intencionadas en su objetivo, corren el riesgo de quedarse en un mero ejercicio de “whale-washing” o lavado de imagen si no van acompañadas de un compromiso corporativo firme para adoptar cambios operativos reales y apoyar la adopción de regulaciones vinculantes. Considerando que el fin último de una empresa naviera es económico y no ambiental, dicho marco legal debe asegurar que la protección sea una obligación y no una opción.

Chile en la encrucijada

Para Chile, la evidencia es clara y urgente. Ser el país con el mayor número reportado de muertes por colisiones con embarcaciones, mientras alberga a una de las poblaciones de ballenas en mayor peligro de extinción, constituye un llamado a la acción ineludible.

El camino implica avanzar decididamente hacia la adopción de regulaciones específicas tanto a nivel nacional con la Armada de Chile y autoridades marítimas competentes, como global a través de Organización Marítima Internacional.

En el 80º aniversario de la CBI y 40º de la moratoria global sobre la caza comercial, la conservación de las ballenas se pone nuevamente a prueba. La moratoria salvó a las ballenas de los arpones para que pudieran recuperarse, no para que cayeran víctimas de los bulbos de proa de las embarcaciones.

Hoy nuestra labor debe centrarse en regular de manera efectiva la industria del transporte marítimo para evitar la muerte de decenas de miles de ballenas al año. El destino de la ballena franca del Pacífico sudeste y demás especies de ballenas que aún no logran recuperarse de los impactos de la caza comercial, depende de que actuemos a tiempo. La tecnología existe y la ciencia ha entregado la ruta a seguir. Lo único que se requiere es voluntad política para que los códigos de conducta hasta ahora voluntarios se conviertan finalmente en leyes y regulaciones que reduzcan significativamente la grave amenaza que representa la colisión con embarcaciones para el futuro de las ballenas. A 40 años de la moratoria, la siguiente etapa en la conservación de las ballenas debe dejar de ser voluntaria. Debe ser regulatoria. Y debe ser ahora.