Valparaíso, 17 de Agosto de 2011 – En respuesta a las preocupantes irregularidades en la aprobación del mega proyecto parque eólico Chiloé de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Los Lagos, más de 30 organizaciones de la sociedad civil, acompañadas del Senador Juan Pablo Letelier (PS), Senador Alejandro Navarro (MAS), Diputado Enrique Accorsi (PPD) y Diputado Fidel Espinoza (PS), anunciaron que presentarán recursos de invalidación y protección frente a la resolución que autorizó la construcción de este mega proyecto en la zona costera del noroeste de la Isla Grande de Chiloé.
La aprobación se produjo el pasado lunes 1ro de agosto en una sesión presidida por el intendente regional Juan Sebastián Montes que contó con la asistencia de representantes de los más diversos sectores productivos y sociales, así como del Pueblo Huilliche, los que unánimemente rechazaron tanto el proceso de evaluación como la localización del mega proyecto, y exigieron la realización de un Estudio de Impacto Ambiental, tal como lo requiere la ley.
Sin embargo, las innegables argumentaciones científicas y legales expuestas fueron ignoradas tanto por el intendente como por los secretarios regionales ministeriales (Seremis), quienes aprobaron por unanimidad el mega proyecto mediante la presentación de una simple Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Según el senador Juan Pablo Letelier “la institucionalidad ambiental en nuestro país está haciendo agua. La ley de bases de medio ambiente exige procedimientos y procesos que no se están respetando y hoy venimos a denunciar un nuevo caso”. En relación a la aprobación del mega proyecto eólico mediante un simple DIA, Letelier agregó que “lo más grave es que el Ministerio del Medio Ambiente no está siendo garante de la Ley”.
Por su parte el Diputado por la región de Los Lagos, Fidel Espinoza afirmó que “la ministra de Medio Ambiente le mintió ayer al país en una sesión especial que sostuvimos aquí en el congreso al afirmar que no hay organizaciones que se oponen a lo sucedido con este proyecto y eso es una falsedad”. En relación a las fuentes de energía renovable no convencional, Espinoza enfatizó que “no estamos en contra de la energía eólica sino en la forma en que se ha conducido el proceso, por eso vamos a tomar acciones legales”.
Durante el último año, la controversial aprobación de diversos mega proyectos energéticos como Hydroaysen, Minera Isla Riesco y Termoeléctrica Castilla revelan que la nueva institucionalidad ambiental es funcional a la imposición de una política energética de megaproyectos ambientalmente dañinos que no cuentan con el respaldo ciudadano.
En esta materia Ana Stipicic, coordinadora del movimiento Alerta Isla Riesco afirmó que la irregular aprobación del proyecto en Chiloé “es un ejemplo de lo que está sucediendo en Chile que evidencia que la institucionalidad ambiental no está funcionando y el tema de fondo es quién está dirigiendo el país, quiénes están tomando las decisiones y a quién está beneficiando”.
Lucio Cuenca, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) agregó sobre este tema que “estamos en una situación un tanto esquizofrénica respecto de la política energética del país. Por un lado se aprueban proyectos altamente contaminantes como termoeléctrica Castilla y minera Isla Riesco y por otro las malas decisiones políticas tomadas en relación a proyectos de energía renovable no convencional que deberían concitar apoyo generan todo lo contrario”. Sobre el mal funcionamiento de la institucionalidad ambiental, Cuenca agregó que “no podemos seguir aceptando que las decisiones estén en las manos de la empresas. Necesitamos avanzar hacia una nueva etapa y crear una política ambiental que responda a los derechos de la ciudadanía y una política energética que se comprometa realmente con las energías renovables y el medio ambiente”.
Aunque se esperaría que los tan anhelados proyectos de Energia Renovable No Convencional (ERNC), como los parques eólicos, fueran una solución para disminuir los conflictos producidos por la generación de energía, el viciado comportamiento y mal funcionamiento de la nueva institucionalidad ambiental, ha generado el rechazo de las comunidades locales e internacional, al no cumplir con la legislación vigente, localizarse en zonas altamente sensibles, impactar especies protegidas, destruir sitios arqueólogicos de invaluable valor cultural y amenazar el desarrollo del turismo de una de las zonas con mayor potencial para el avistaje de ballenas y otras especies de cetáceos de todo el país.
Ante esta situación el abogado Juan Alberto Molina, representante de las organizaciones demandantes que prontamente presentarán un recurso de invalidación, aseveró que “como lo ha reafirmado la Corte Suprema en otros casos, en cuando la evaluación ambiental presenta errores de forma o de fondo que vician el procedimiento, la misma institucionalidad ambiental tiene las facultades para anular el procedimiento y retrotraerlo”. Molina agregó que “también recurriremos a la justicia a través de un recurso de protección”.
En particular los posibles impactos sobre la población más importante de ballena azul existente en todo el hemisferio sur hizo que el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional – principal organismo mundial en investigación de cetáceos – hiciera en mayo pasado un cotundente llamado al gobierno de Chile para someter el proyecto a un Estudio de Impacto Ambiental e incluso relocalizarlo lejos del borde costero. A pesar que en Chile todas las especies de cetáceos están protegidas por la Ley 20.293 y todas han sido declaradas Monumento Natural, la recomendación fue completamente ignorada al momento de aprobar el proyecto.
Al respecto Bárbara Galletti, presidenta del Centro de Conservación Cetacea afirmó que “es una lástima que un proyecto emblemático de energía renovable no convencional sea realizado pasando por encima de la ley. La institucionalidad ambiental simplemente no está funcionando y está ocupando subterfugios similares para aprobar proyectos energéticos en todo el país”.
Por estas razones, las organizaciones civiles, con el apoyo de diversos parlamentarios, anunciaron durante la conferencia de prensa en el senado chileno, que presentarán recursos de invalidación y protección a la resolución de calificación. Adicionalmente y debido a la evidente falta de una institucionalidad ambiental que respete la ley, el bien común y represente los intereses ambientales, sociales y económicos de la ciudadanía y pueblos originarios, solicitaron el establecimiento de una Comisión Investigadora Mixta para abordar las crecientes irregularidades perpetuadas por la institucionalidad ambiental en los distintos procesos de calificación ambiental relacionados con política energética del país.