14 de noviembre de 2024 (CCC y Ecoceanos) – El pasado 13 de noviembre, el juez Lars-Christian Sinkbæk prorrogó por quinta vez la prisión preventiva de Paul Watson por tres semanas más, posponiendo la próxima audiencia para el próximo el 2 de diciembre, fecha en la cual el ambientalista canadiense-norteamericano cumplirá 74 años. La decisión genera alarmas sobre la equidad de los procedimientos en torno al caso de Watson. En especial, considerando que la duración máxima de la prisión preventiva, de acuerdo con el Código Penal danés, es generalmente de hasta cuatro meses y sólo se extiende en casos de delitos graves, como actos de terrorismo, lo que ilustra cómo su situación podría estar siendo manipulada políticamente.
Sin embargo, para el tribunal de Groenlandia la continua detención de Watson no sería desproporcionada. Esto, a pesar de que la legislación danesa busca asegurar que los derechos de los individuos no se vean comprometidos por la prolongación excesiva de la prisión preventiva.
Tras la audiencia Finn Meinel, abogado defensor de Watson, expresó que “hoy argumentamos que mantener a Paul detenido es desproporcionado, pero ahora la decisión está en manos de un tribunal superior”. Meinel subrayó que la detención de Watson podría estar más influenciada por factores políticos que por la gravedad real de los cargos en su contra.
Watson enfrenta la extradición a Japón debido a supuestos incidentes ocurridos en 2010 en el Santuario de Ballenas del océano Austral, donde la flota ballenera nipona llevó a cabo la mayor matanza ilegal de ballenas en la historia.
Según el gobierno de Japón, Watson hirió a un miembro de la tripulación asiática durante el lanzamiento de un artefacto de mal olor. Notablemente, el juez a cargo nuevamente se negó a revisar pruebas clave en la defensa de Watson -que demuestran la falsedad de esta acusación1-, bloqueando efectivamente se derecho a una defensa integral y vulnerando los principios básicos a una audiencia justa.
La continua negación del derecho fundamental de Watson a defenderse plantea preguntas urgentes sobre la integridad del sistema judicial danés, y como miembro de la Unión Europea, sus implicancias para los derechos humanos de ambientalistas tanto en el viejo continente como globalmente.
Para Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetacea, la cuestionable conducta del sistema judicial danés subraya la urgente necesidad de que Francia responda de manera rápida y favorable al pedido de asilo político de Watson, así como a su solicitud de ciudadanía francesa. “Es fundamental evitar que los peligrosos precedentes que Dinamarca está sentando en este caso se reproduzcan en el resto de Europa. Al aceptar estas solicitudes, Francia no solo estaría protegiendo a Watson, sino que también estaría evitando el peligroso avance en Europa de prácticas que pertenecen más a la Edad Media que al siglo XXI” afirmó la ambientalista.
Por su parte, Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos, señaló que “Paul Watson es un preso político que está detenido bajo la figura de “prisión preventiva” como medida punitiva para acallar a los defensores de los océanos y las ballenas”.
El médico veterinario hizo una llamado a la ciudadanía y a los movimientos socioambientales a continuar aumentando el apoyo a la campaña internacional para liberar a Paul Watson, e impedir que Peter Hummmelgaard, ministro de Justicia de Dinamarca, intente extraditarlo para que muera en una prisión japonesa, cuando estime que ha disminuido la atención pública y la presión de la ciudadanía internacional.
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1 También conocido como enzai o “冤罪” , que significa “prisión errónea” o “acusación falsa” y describe una situación en la que una persona es juzgada o condenada erróneamente por un crimen que no cometió.