Las organizaciones que se oponen a esta iniciativa empresarial afirmaron que “lo ocurrido en el Senado es un importante paso contra la inconstitucionalidad, impunidad y el intento de robo de nuestros bienes nacionales de uso público por parte de las compañías transnacionales salmoneras y sus bancos acreedores”.

Ahora es necesario que la ciudadanía siga atentamente las discusiones en el Senado y la actuación de cada uno de los legisladores en materia de soberanía marítima, salud y la conservación de uno de los más significativos ecosistemas de fiordos que existen en el mundo.

Con miras a las próximas elecciones legislativas, las discusiones en el Congreso son de gran utilidad para identificar cuáles legisladores cumplen con su función de trabajar a favor del país, sus ciudadanos y el medio ambiente, y cuáles parecieran utilizar su cargo para favorecer los intereses de una minoría y grupos de interés foráneos.

Más de 160 indicaciones presentaron este lunes senadores al proyecto que modifica la Ley Pesca y Acuicultura, y que intenta privatizar el mar y borde costero en favor de las compañías salmoneras y sus bancos acreedores. Inexplicablemente las indicaciones del Gobierno no lograron ser presentadas en el plazo estipulado, ya que “habría faltado una firma” que avalara el texto proveniente de la administración de la Presidenta Michelle Bachelet.

El número récord de indicaciones obligará a que el proyecto de ley vuelva a la Cámara de Diputados o se conforme una comisión mixta de senadores y diputados para zanjar este cuestionado intento de entregar de manera gratuita y perpetua los derechos las concesiones acuícolas -bienes nacionales de uso público-, a las endeudadas salmoneras para que las puedan hipotecar en sus bancos acreedores.

Este es el punto fundamental de la iniciativa legal, expresado en el artículo 81 y 81 bis del texto legislativo, dónde se centraron la mayoría de las indicaciones. Algunos parlamentarios además continúan considerando rechazar directamente en general esta iniciativa tramada desde el Ministerio de Economía, la patronal SalmonChile y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.

El centenar y medio de indicaciones abarcan una gran diversidad de temas y cuestionables aspectos vinculados a los estándares sanitarios, ambientales y sociales de la industria del salmón.

Emerge como un elemento repetitivo el rechazo a que las concesiones de acuicultura sean entregadas en forma perpetua y gratuita y los senadores exigen que se mantengan las condiciones de caducidad.

También las indicaciones abordan la necesidad de controlar el irresponsable uso de químicos y antibióticos en esta industria, la regulación del destino de los residuos industriales líquidos y sólidos que generan las salmoneras, y que se respeten los procesos que las comunidades regionales, especialmente de las regiones de Los Lagos y Magallanes, desarrollan para establecer la zonificación del borde costero.

Respecto a la entrega de concesiones, el Senador por Magallanes, Pedro Muñoz, presentó indicaciones para establecer un plazo de 15 años para estos permisos, límites a la concentración y la eliminación de mecanismo de hipoteca que privatiza el mar.

“Las negociaciones con los bancos avanzan razonablemente, sin requerir de esta fórmula y en su defecto, podrían estudiarse mecanismos de garantía, como los existentes en otras actividades productivas, que no impliquen afectar en forma permanente un patrimonio público”, explicó el parlamentario.

En este sentido, el Senador Alejandro Navarro también incluyó condiciones a la entrega de estos permisos acuícolas, restringiendo su entrega a 12 años, o a 4 ciclos productivos, pero con una serie de condiciones de caducidad. Ahora, la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado iniciará este martes el estudio de las indicaciones que presentaron los senadores de derecha y gobiernistas: Evelyn Matthei, Carlos Bianchi, Juan Pablo Letelier, Camilo Escalona, Jorge Arancibia, Alejandro Navarro, Hosaín Sabag, Nelson Ávila, Antonio Horvath y Pedro Muñoz.

Organización y Control Ciudadano

Frente a esta masiva presentación de indicaciones, el médico veterinario y director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, señaló que “lo ocurrido en el Senado es un importante paso contra la inconstitucionalidad, impunidad y el intento de robo de nuestros bienes nacionales de uso público por parte de las compañías transnacionales salmoneras y sus bancos acreedores”.

“Esta reacción de los senadores es el resultado directo de la movilización y del derecho de control público que están ejerciendo más de 10 mil ciudadanos, comunidades costeras y trabajadores reunidos en la campaña “No a la Privatización de Nuestro Mar”, que impulsan diversas organizaciones ciudadanas, sindicatos, pescadores artesanales y empresarios locales de las regiones sur australes”. (ver: www.ecoceanos.cl).

El director de Ecoceanos agregó además que “es una señal sintomática que el propio Gobierno no haya alcanzado a registrar indicaciones ayer.

Por ello, reiteramos el llamado ciudadano a la Presidenta Bachelet para que retire este vergonzoso proyecto de ley, mal hecho, que sólo busca privatizar nuestro mar y borde costero para asegurar los intereses de los grandes bancos acreedores”.

“Llama poderosamente la atención que este proyecto de ley fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Diputados. Alguien no está haciendo su trabajo. Llamamos a los candidatos presidenciales, en especial a los que son legisladores, a rechazar esta vez esta abusiva iniciativa del Ministerio de Economía, la industria y la banca”, afirmó Cardenas.

Por su parte, Elsa Cabrera, directora del Centro de Conservación Cetácea (CCC), dijo que “es necesario que la ciudadanía siga atentamente las discusiones en el Senado y la actuación de cada uno de los legisladores en materia de soberanía marítima, salud y la conservación de uno de los más significativos ecosistemas de fiordos que existen en el mundo”.

“Con miras a las próximas elecciones legislativas, las discusiones en el Congreso sobre este proyecto de ley son de gran utilidad para identificar cuáles legisladores cumplen con su función de trabajar a favor del país, sus ciudadanos y el medio ambiente, y cuáles parecieran utilizar su cargo para favorecer los intereses de una minoría y grupos de interés foráneos”, agregó la directora de CCC.

En tanto, Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) afirmó que “la cantidad de indicaciones a este proyecto nos muestra que estamos frente a una mala propuesta de ley. Legislar para intereses empresariales específicos en desmedro de los bienes naturales comunes, como es el mar, es un camino que nos empobrece y se hipoteca el bienestar de las comunidades costeras y del país”.

“Como lo hemos pedido las organizaciones ciudadanas, el paso que debiera dar el Gobierno es retirar el proyecto del parlamento y abrir un verdadero debate sobre el futuro de los mares del sur de nuestro país”, agregó el director del OLCA.