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Santuario de Ballenas para Chile: Un triunfo ciudadano clave para la conservación de los cetáceos

El anuncio y la firma presidencial del proyecto de ley que declara a nuestro país “territorio libre de caza de cetáceos” nos refleja como una sociedad que valora los beneficios ambientales a largo plazo por sobre la visión de desarrollo industrializador, extractivista y exportador que históricamente ha imperado en el país.

Santiago, 25 de julio 2008 (CCC News/Revista Patrimonio Cultural) – El 99 % de la ciudadanía chilena sentenció lo que se sabía desde el retorno del país a la democracia: que los ciudadanos, independiente de su posición política, edad, sector social o región, demandan urgentemente conservar el medio ambiente y la biodiversidad marina, unida a una especial sensibilidad por la protección de las poblaciones de ballenas por lo cual rechazan las operaciones de caza “científica” y comercial.

Las cifras arrojadas por el “Estudio de opinión para la formación de un Santuario de Ballenas” que encargó la ONG Centro de Conservación Cetacea (CCC) a Adimark-Gfk, son inéditas para Chile y recogen el sentir ciudadano expresado desde 1990.

Entonces, la defensa de las ballenas tuvo su primera campaña denominada “Por la defensa de la vida en nuestros mares”. Una amplia coalición de ONGs, pescadores artesanales, comunidades costeras, artistas, científicos y ciudadanos de a pié, impulsó el establecimiento del Santuario Antártico y marcó el inicio de una participación ciudadana con real capacidad de influir en las políticas ambientales del gobierno chileno en el ámbito internacional.

El Santuario Ballenero Austral fue establecido por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) en México en 1994 y para ello fue crucial la activa participación del gobierno de Chile, impulsada por casi un millón de personas.

Hoy, 14 años después de esa primera victoria, la Presidenta de la República Michelle Bachelet envió al Parlamento un proyecto de ley que declara a Chile “territorio libre de caza de cetáceos” y genera el marco legal para garantizar la conservación de los cetáceos en Chile. Adicionalmente firmó dos decretos; uno extiende indefinidamente la actual moratoria de caza de cetáceos y el otro declara cada especie monumento natural.

La Presidenta estampó su firma el 23 de junio, día de la inauguración de la 60ma reunión de la Comisión Ballenera Internacional (CBI60) que este año y por primera vez, se celebró en Santiago de Chile, transformándose en el mayor logro en materia de conservación de cetáceos de esta cita anual.

De esta forma, cumplió con el anuncio hecho este 21 de mayo, cuando se comprometió a proteger al 51% de las especies de cetáceos reconocidos a nivel mundial que habitan aguas nacionales, además de enviar una fuerte señal a Japón afirmando con vehemencia el rechazo a las operaciones de caza científica.

El anuncio y la firma presidencial representan un triunfo de la ciudadanía organizada y las instituciones que, recogiendo el sentir y la voluntad de la sociedad, impulsaron la creación de un Santuario de Ballenas en aguas jurisdiccionales chilenas. Son reflejo de una sociedad que valora los beneficios ambientales a largo plazo por sobre la visión de desarrollo industrializador, extractivista y exportador que históricamente ha imperado con altos costos ambientales para el país.

Por primera vez en nuestra historia republicana, un gobernante destaca la importancia de las poblaciones de cetáceos ya no como un recurso económico sino como patrimonio natural, que los chilenos debemos proteger para beneficio de las generaciones futuras.

La decisión tomada por la Presidenta Bachelet sienta las bases para avanzar hacia una visión de desarrollo nacional, en que los aspectos de conservación y uso sustentable y equitativo de la biodiversidad y los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, se unen con el papel de las demandas ciudadanas como modeladoras de las políticas nacionales.

De esta forma, Chile busca posicionarse como una nación moderna y progresista que no sólo exporta materias primas, sino que incluye en su desarrollo la oferta de servicios de bajo impacto ambiental y altas ganancias sociales, culturales y económicas, como es el turismo responsable de avistaje de ballenas.

Pero, ¿Somos un país conservacionista?

La historia de la ballenería en Chile evidencia el patrón depredador, tradicional en el mundo: la abundancia inicial fue mermada por las capturas destructivas de las flotas extranjeras desde fines de 1700 hasta la adopción de la moratoria sobre la caza comercial de ballenas, a inicios de 1980.

Con la llegada del siglo 21, el Estado de Chile profundizó el proceso conservacionista en materia de cetáceos, fortaleciendo su política exterior en el seno de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y el nuevo pero activo Grupo de Buenos Aires (GBA), compuesto por un creciente número de países latinoamericanos que buscan coordinar políticas regionales de conservación y uso no letal de los cetáceos.

Sin embargo, la posición chilena en el exterior no se reflejaba en políticas internas. En Chile, el único mecanismo que ha “protegido” a los cetáceos durante la última década es el decreto exento Nº 225 de la Ley 18.892 sobre Pesca y Acuicultura del Ministerio de Economía.

Este decreto establece una veda extractiva de 30 años a partir de 1995, plazo que no permite la recuperación de las devastadas poblaciones de cetáceos cuya reproducción es muy lenta y por lo tanto no refleja la política exterior ni la voluntad de la ciudadanía.

Esta desprotección legal, sumada a la amenaza que representa en el hemisferio sur la caza que con supuestos fines científicos realiza Japón, gatilló la necesidad de concretar con urgencia un Santuario de Ballenas en aguas jurisdiccionales chilenas.

La inquietud surgió en el sector pesquero artesanal representado por la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), y fue impulsada por los profesionales y científicos del Centro Ecoceanos Centro de Conservación Cetacea (CCC).

La receptividad obtenida por la campaña “Chile 2008: Santuario de Ballenas”, cruzó todos los estamentos de la sociedad incluidos ONGs, parlamentarios, gobierno y Fuerzas Armadas, y evidenció una necesidad que estaba latente en la ciudadanía y las instituciones gubernamentales. Ejerciendo un derecho, las organizaciones ciudadanas lograron incorporar los fundamentos para un Santuario de Ballenas en el texto legal que se elaboró y gestionó a nivel de ministerios y de CONAMA, basados en estudios científicos y conocimiento empírico que comunidades locales, pescadores y ONGs poseen en sus respectivas áreas.

El texto valora la idea de soberanía para decidir cómo utilizar y conservar las poblaciones de cetáceos que habitan las aguas jurisdiccionales chilenas, y combina las prioridades científicas y sociales. “No es la ciencia por la ciencia, sino su utilización como una herramienta para el beneficio social”, explica Elsa Cabrera, directora ejecutiva de CCC, y agrega que “una política de uso no letal debe garantizar el desarrollo del turismo responsable de avistaje de ballenas de base comunitaria y establecer las garantías que regulen la actividad. Estos insumos deben ser suministrados por los resultados de las investigaciones científicas de métodos no letales que se realicen en aguas nacionales”.

Cuando el proyecto de ley que declara a Chile como Santuario para las ballenas se apruebe en el Parlamento, se estará iniciando la consolidación de una política de estado para la conservación y uso no letal de los cetáceos y fundando los cimientos para el desarrollo de una política nacional de conservación marina y uso sostenible.

A la vez, estaremos en el camino de priorizar el bien social por sobre los intereses sectoriales excluyentes. Según comenta Pía Barros, escritora chilena que apoya con decisión el Santuario de Ballenas, “todo aquello que es ético te da algo que el mundo está olvidando: el acceso real a los bienes simbólicos los cuales representan una situación de país infinitamente más profunda que todos los bienes concretos pues constituyen identidad y nación, lo que te da una fuerza como sujeto para pararte frente a los otros y frente ti mismo. El medio ambiente es un derecho de todos y un derecho del futuro. Ya existe una cantidad importante de fauna y flora silvestres extintas y si alguna vez le hablamos a las nuevas generaciones de lo que fueron esas especies, ellos ni siquiera tendrán su imaginario”.

Con esta decisión, Chile se inserta con fuerza en el desarrollo de políticas regionales de conservación y uso no letal de cetáceos, que al ser promovidas en bloque en los foros internacionales, entregan una gran capacidad negociadora a estas naciones para conseguir medidas extra fronterizas acordes a la condición migratoria de las ballenas.

Texto escrito por CCC para la Revista Patrimonio Cultural de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM)