Sin duda el tema que ha acaparado la prensa mundial en relación a la 58va reunión de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), es la polémica adopción de la Declaración de St. Kitts. Los titulares de algunos medios de comunicación anunciaron que esto significaría la reanudación de la caza comercial de ballenas y diversas voces de protesta se levantaron en la comunidad internacional en contra de la forma irregular en que ésta fue adoptada por votación. Sin embargo, ?cuál es la relevancia de la Declaración de St. Kitts?

Lo primero es considerar que el texto de la Declaración se fundamenta en un documento presentado el día anterior por Japón, “Normalización de la CBI”, el cual básicamente busca retroceder a la Comisión a la forma de trabajo adoptada hace 60 años cuando se firmó la Convención Internacional sobre la Regulación de la Ballenería (1946). La propuesta japonesa fue duramente rechazada por un gran número de países que de manera justificada propusieron cambiar el término “normalización” por “modernización”, especialmente considerando que el mayor problema enfrentado por la Comisión es su incapacidad de avanzar bajo una Convención anacrónica que ignora la evolución del derecho ambiental internacional de las últimas seis décadas. En este sentido, la propuesta de “normalización” pareciera ser el “fast-track” elegido por Japón para fosilizar la CBI y transformar el trabajo de la Comisión al servicio de sus intereses mediante cuestionados mecanismos de presión.

La adopción de la declaración mediante votación, debilita significativamente la legitimidad del documento, ya que son las resoluciones las que son sometidas a votación, en contraposición a las declaraciones que se adoptan por consenso. Siendo ésta la primera vez en la historia de la CBI que una Declaración es adoptada por este irregular mecanismo, más de 15 países indignados tanto con la forma de proceder como con el contenido de la Declaración, se disociaron inmediatamente de la misma y rechazaron el resultado de la votación.

Adicionalmente, el contenido de la Declaración es pobre en forma y fondo, evidenciando que la propuesta presentada por St. Kitts & Nevis, y apoyada por un gran número de países actualmente cuestionados (por su asociación con Japón en el tema ballenero a cambio de programas de financiamiento pesquero), más que una declaración científica o política, es el abierto reconocimiento del 50% de los miembros de la CBI a una postura abusiva y utilitaria que sólo promueve el interés de unos pocos y amenaza los derechos soberanos del otro 50% de la Comisión.

Otro aspecto a considerar al evaluar la relevancia de la Declaración es su lenguaje. Un ligero análisis del contenido y la forma es suficiente para concluir que lo aprobado por la CBI en realidad carece de sentido común. Por ejemplo, el texto afirma “que la moratoria no es necesaria actualmente”, desconociendo que el levantamiento de la misma es una decisión de la Comisión que requiere tres cuartos de votación para ser aprobada, por lo que dicha afirmación es sólo un reflejo del deseo frustrado de algunos países por reanudar las operaciones de caza comercial y no representa los diversos intereses de la Comisión.

La Declaración continua afirmando que “la ciencia ha demostrado que las ballenas consumen grandes cantidades de peces, por lo que su captura es un tema de seguridad alimentaria” Resulta irónico que dicha afirmación tenga un carácter más propagandístico que científico, ya que las investigaciones formalmente reconocidas por la comunidad científica internacional jamás han demostrado que las ballenas son las responsables del colapso de las pesquerías. Por el contrario, creciente evidencia científica demuestra que el responsable de la sobre explotación de los recursos pesqueros es la industria pesquera. Sin embargo, la evidencia mundial o incluso las conclusiones del Comité Científico de la CBI, no son relevantes para un bloque ballenero que manipula abiertamente el lenguaje con el fin de justificar, en nombre de la ciencia, intereses cortoplacistas y ajenos a la región. Para concluir, el texto agrega que “aquellos a favor de la Declaración, se comprometen a ‘normalizar’ las funciones de la CBI y fundamentar sus políticas en la ciencia.” Sin embargo, mediante la Declaración de St. Kitts, Japón y sus aliados han convertido a la ciencia en un instrumento moldeable a su antojo a la vista y paciencia de la comunidad internacional.

En conclusión, la forma en que fue aprobada, la disociación de un alto número de países de la declaración y el lenguaje pobre del documento, evidencian que la Declaración de St. Kitts, en oposición a las resoluciones adoptadas por la CBI en sus 60 años de historia, carece de todo reconocimiento científico y político. El aparente triunfo de Japón a través de cuestionados mecanismos de presión como la ‘compra de votos’, es un llamado de alerta para que los gobiernos América Latina y el hemisferio sur, defiendan los principios enunciados en la Declaración de Buenos Aires, trabajando activa y coordinadamente en el fortalecimiento del bloque conservacionista en la CBI y consolidando el derecho soberano de utilizar las poblaciones de ballenas de acuerdo a los intereses de conservación y uso no letal de la región.

En este sentido, la 60ma reunión anual de la CBI a realizase en Chile en 2008, es una oportunidad única para que nuestro país lidere junto al bloque conservacionista latinoamericano, alternativas de solución que sean representativas de las diversas posturas presentes en la CBI y reconozcan el derecho soberano de conservar y administrar las poblaciones de ballenas mediante metodologías no letales.

Fuente: Centro de Conservación Cetacea