La Haya, Holanda. 9 de Julio de 2013 – La segunda ronda de alegatos orales de Australia ante la Corte Internacional de Justicia se inició con la presentación del Fiscal General australiano, Mark Dreyfus, quien afirmó que los argumentos presentados por Japón carecen de base legal, no son relevantes para la Corte y parecieran estar orientados a distraer la atención sobre la ilegalidad del programa de caza científica de ballenas de Japón en Antártica, conocido como JARPA II.
Dreyfus calificó las acusaciones realizadas la semana pasada por Japón que el caso australiano no es más que una “cruzada moral anti ballenera que tolera acciones violentas de Sea Shepherd, politiza la ciencia y colapsa la CBI”, como carentes de base legal y ofensivas.
Al contrario de lo que argumenta Japón, para Australia éste no es un caso de carácter moral ni sobre la política anti ballenera australiana, sino sobre el incumplimiento de un país de sus obligaciones legales internacionales al no abstenerse de conducir operaciones balleneras de carácter comercial, afirmó Dreyfus.
Agregó que la posición de Australia es apoyada por la mayoría de los miembros de la CBI los cuales de manera soberana y mediante los procesos democráticos establecidos bajo la CBI han adoptado decenas de resoluciones llamando a Japón a detener la matanza de ballenas con fines “científicos” o realizar la investigación mediante métodos no letales.
Sobre las descalificaciones realizadas por Japón en relación a investigadores de la CBI que rechazan los programas de caza “científica” de ballenas, afirmó que éstas carecen de fundamentos pues muchos de ellos lideran programas de investigación de ballenas en la Antártica que son reconocidos internacionalmente. Ante la ausencia de argumentos que puedan sostener su posición ante la Corte, “para Japón la mejor forma de defensa es la ofensa”, sentenció Dreyfus.
Luego el fiscal general afirmó que Japón no cumple con los requisitos establecidos por la Convención Internacional para la Regulación de la Ballenería (CIRB) para desarrollar programas de caza “científica” de ballenas, como habría quedado demostrado la semana pasada durante los alegatos orales de la nación asiática. En particular destacó las declaraciones del testigo clave de Japón, el noruego Lars Walloe, quien afirmó que desconoce cómo se calculan las cuotas de captura anual bajo JARPA II (850 ballenas minke, 50 ballenas de aleta y 50 ballenas jorobada) y que no comparte la inclusión de ballenas de aleta y jorobada como parte de dicho programa de investigación.
Dreyfus agregó que aunque Japón no acepta los requisitos para desarrollar un programa de investigación que fueron presentados por los expertos que testificaron a favor de Australia, tampoco los ha refutado ni entregado ninguna alternativa que permita validar JARPA II como una iniciativa verdaderamente científica.
Adicionalmente afirmó que la incapacidad de la delegación japonesa para justificar las elevadas cuotas anuales de caza de ballenas quedó reflejada la semana pasada durante las audiencias orales de Japón cuando uno de sus abogados presentó una fórmula que el propio representante de Japón afirmó no entender.
El fiscal general australiano concluyó aseverando que Australia no busca redefinir la política ballenera de Japón sino solicitar a la Corte determinar si las acciones de Japón son consistentes con lo establecido en la Convención de la CBI para la emisión de permisos especiales de caza “científica” de ballenas. Las audiencias continuarán hasta el próximo 16 de Julio en La Haya.
Fuente: Centro de Conservación Cetacea