“La Comisión Ballenera Internacional (CBI) es disfuncional”. Este es el argumento que seguramente escucharemos reiteradamente de parte del gobierno de Japón durante la realización de su 60ma reunión anual que se acaba de iniciar en Santiago de Chile y que se prolongará durante las próximas cuatro semanas.
¿El motivo? De acuerdo a Japón, la mantención de la moratoria sobre la caza comercial de ballenas impediría a la CBI cumplir con los objetivos de salvaguardar las poblaciones de ballenas para las generaciones futuras y garantizar el desarrollo ordenado de la ballenería.
Sin embargo, desde su establecimiento en 1946 hasta la adopción de la moratoria en 1982, la CBI fue incapaz de cumplir con ambos mandatos.
Durante casi cuarenta años, los intereses económicos y políticos dominaron las decisiones de la CBI y el resultado fue fatal para las ballenas. La mayoría de las especies fueron llevadas al borde de la extinción y poblaciones completas fueron eliminadas para siempre de los mares del planeta.
Desde la implementación de la moratoria en 1986, naciones históricamente balleneras han consolidado políticas de conservación y manejo que hacen uso de estas especies exclusivamente mediante metodologías no letales, es decir, sin la necesidad de cazarlas.
La lenta reaparición de las ballenas gracias a la protección brindada por la moratoria ha permitido desarrollar operaciones de turismo orientadas al avistaje de cetáceos en más de 500 comunidades alrededor del mundo, brindando beneficios sociales, ambientales y económicos mucho más atractivos que las operaciones de caza de ballenas.
La moratoria también ha permitido a la CBI crear instancias para abordar el adecuado manejo no letal de los cetáceos y asegurar su conservación.
La existencia de subcomités científicos específicamente orientados a analizar los impactos del turismo de avistaje de cetáceos y generar propuestas de manejo para la actividad; la creación de santuarios de ballenas donde se prohíben todas las operaciones de captura; el establecimiento del Comité de Conservación y la reciente adopción de una resolución que reconoce el derecho a utilizar las poblaciones de ballenas mediante metodologías no letales, son sólo algunos ejemplos.
La adopción de la moratoria también ha permitido el florecimiento de una creciente plataforma de investigadores especializados en el estudio de cetáceos, una actividad antiguamente limitada a un reducido grupo de investigadores a bordo de flotas balleneras.
Para América Latina, la adopción de la moratoria ha significado el redescubrimiento de especies que históricamente abundaban nuestras aguas pero que fueron sistemáticamente eliminadas por flotas balleneras extranjeras.
La moratoria también ha permitido reconocer el valor social, ambiental, cultural y económico que tiene cada ballena viva que recorre la región. El interés latinoamericano hacia alternativas de desarrollo modernas y sustentables se ha expresado en una creciente adhesión de países de América Latina a la CBI, los cuales actualmente conforman un importante bloque negociador al interior de este organismo internacional.
Gracias a la moratoria, la CBI puede afirmar finalmente que está avanzando hacia el efectivo cumplimiento de su mandato de conservar las poblaciones de ballenas para las generaciones futuras. Adicionalmente, los esfuerzos realizados por los países miembros de la CBI para desarrollar el turismo de avistaje de ballenas de manera ordenada y responsable, constituyen la base para que la Comisión consolide políticas de manejo basadas en el uso no letal de los cetáceos.
Considerando estos aspectos, resulta difícil aceptar que la moratoria sobre la caza comercial de ballenas sea la responsable de la disfuncionalidad de la CBI y pareciera que esta argumentación sólo forma parte de una batería propagandística orientada a detener la modernización de la CBI y fosilizar la Convención a favor de los intereses de una minoría.
Por Elsa Cabrera, Centro de Conservación Cetacea