Elsa Cabrera, directora ejecutiva, Centro de Conservación Cetacea

Los intereses económicos, los vaivenes políticos y los cambios sociales podrían culminar en 2026 con una ley que prohíba definitivamente la caza comercial en aguas de Islandia. Este cambio se anticipa tras una noticia casi inadvertida del Ministerio de Industria y Comercio islandés, publicada el 16 de enero. En ella, el gobierno anunció que podría presentar un proyecto de ley para poner fin a la industria ballenera en el país. Esta noticia no surge de la nada, y podría convertirse en el desenlace, aún por escribirse, de turbulentos procesos ocurridos durante los últimos dos años.

El punto de inflexión: un informe científico y una suspensión histórica

Para entender el presente, debemos que volver a 2023. Ese año, un informe de la Autoridad Alimentaria y Veterinaria de Islandia (MAST) documentó que las ballenas arponeadas, en particular las gigantescas ballenas de aleta (el segundo animal más grande del planeta), podían sufrir agonías prolongadas antes de morir. Este hallazgo científico inobjetable, fue la base sobre la que la entonces ministra de Alimentación, Pesca y Agricultura, Svandís Svavarsdóttir (del Movimiento de Izquierda-Verde), tomó en junio de 2023, la determinación de suspender la temporada de caza comercial de ballenas.

Aunque la prohibición se levantó posteriormente en septiembre del mismo año – lo que permitió al último ballenero activo islandés, Kristján Loftsson y su compañía Hvalur hf., completar la temporada – el debate ya había trascendido las esferas económica y cultural para convertirse en un asunto de carácter fundamentalmente ético.

El péndulo político: licencias, demandas y una decisión “en la salida”

El año 2024 comenzó con otro giro cuando Svandís se vió obligada a renunciar y la nueva ministra, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, cedió a la presión de Loftsson para emitir una nueva licencia de caza pero con una condición. Olsen Gunnarsdóttir le concedió permiso solo para esa temporada, rompiendo con la práctica habitual de autorizar las operaciones balleneras por cinco años. Loftsson denunció a la ministra ante el Comisionado Parlamentario (Ombudsman), alegando que la decisión era “onerosa” y buscaba perjudicar su negocio.

Mientras el Ombudsman investigaba, la política islandesa daba un nuevo vuelco. El gobierno del saliente del primer ministro Bjarni Benediktsson, en una de sus últimas acciones, emitió permisos de caza para ballenas de aleta y minke hasta 2029, una movida calificada por las organizaciones civiles ambientalistas como antidemocrática.

La voz del pueblo y el peso de la ley

La reacción no se hizo esperar. En noviembre de 2024, una encuesta de la compañía Maskína reveló un cambio social profundo. El 51% de los islandeses estaba insatisfecho con la emisión de esos permisos, y un 44% apoyaba explícitamente una prohibición legal. Más revelador aún resultó la tendencia de que durante la última década el apoyo a la caza de ballenas muestra un declive sistemático, especialmente entre los jóvenes urbanos. Este sentir popular resonó en las negociaciones para formar el nuevo gobierno de coalición, cuyos partidos mostraron una notable frialdad hacia la continuidad de la caza.

El Ombudsman dictamina y el gobierno traza el rumbo

El 14 de Enero de 2026, el Comisionado Parlamentario emitió su veredicto sobre la denuncia de Loftsson, determinando que la ministra Olsen Gunnarsdóttir sí había violado la ley administrativa al desviarse sin justificación suficiente de la práctica de otorgar licencias quinquenales, causando un perjuicio a la empresa Hvalur hf.

Sin embargo, en lugar de reabrir la puerta a la captura de ballenas a largo plazo, el gobierno dio un paso histórico. El 16 de enero, el Ministerio de Industria y Comercio —ahora a cargo de la pesca— anunció que no solo discrepa del fallo del Ombudsman, sino que por el contrario, es probable que presente un proyecto de ley  durante el último trimestre del año para prohibir la caza comercial de ballenas en Islandia..

La justificación ya no gira solo alrededor del sufrimiento animal, sino también en la escasa rentabilidad económica de la actividad, el daño a la imagen internacional del país —cuyo pilar es el turismo de naturaleza— y la clara tendencia de la opinión pública.

El horizonte: una ley para la historia

De ser presentada y aprobarse en el parlamento, la nación nórdica cerraría un capítulo histórico de explotación comercial y abriría otro acorde con el siglo XXI: el de un país que elige preservar a estos gentiles gigantes marinos como un patrimonio vivo, cuyo valor es más perdurable contemplado a través de un objetivo fotográfico que a través de la mira de un arpón. De este modo, Islandia pasaría a abandonar el reducido grupo de países —junto con Noruega y Japón— que aún mantienen activa esta controvertida industria.

De acuerdo al Ministerio de Industria y Comercio, el proceso legislativo podría iniciarse durante otoño boreal, tras lo cual deberá sortear el debate parlamentario. De ser presentada esta iniciativa legal, todo indica que el viento político pareciera estar soplando a favor de las ballenas.