En lo que sin duda fue una de las reuniones más difíciles de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) que terminó ayer sus sesiones plenarias en la ribereña ciudad de Portoroz (Eslovenia), las dos propuestas impulsadas por Chile, con el apoyo del Grupo Buenos Aires, fueron las únicas adoptadas por consenso a pesar que abordaban temas que históricamente habían recibido la oposición de parte de países del bloque pro caza de ballenas.

Participación de la Sociedad Civil

“La propuesta para modificar los mecanismos de participación ciudadana en la CBI a los estándares aplicados en otros foros internacionales modernos es un enorme logro puesto que no habían podido ser actualizados durante décadas debido al constante bloqueo de países como Japón, Noruega e Islandia”, afirmó Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetacea y observadora acreditada ante la CBI desde 2001.

La resolución promueve el principio 10 de la Declaración de Río sobre participación de la sociedad civil y ha sido históricamente un eje central de la política de Chile a nivel nacional e internacional.

Hasta la adopción de la resolución de participación ciudadana, la CBI se caracterizó por contar con uno de los mecanismos más anacrónicos y restrictivos para los observadores acreditados, quienes por décadas ni siquiera tuvieron derecho a hablar ante la Comisión con el fin de aportar información a los procesos de decisión de este organismo internacional. En 2008 se iniciaron los primeros pasos para que pudieran dirigirse oralmente a la CBI, pero de manera muy restrictiva y a criterio del presidente de turno.

“Ahora los observadores acreditados contamos con los mismos mecanismos de participación que en otros acuerdos multilaterales bajo un régimen definido que no sólo reconoce nuestro derecho ha realizar intervenciones orales en todos los puntos de la agenda, sino que también podremos presentar documentos de manera oficial y asistir a las reuniones de comités que antes operaban a puerta cerrada, como el comité de administración y finanzas”, agregó Cabrera.

Modernización del Comité Científico

La segunda propuesta adoptada por consenso mejorará la forma de trabajo del Comité Científico de la CBI, actualizando sus reglas de procedimiento – que datan de 1993 – y consolidará un marco de trabajo para fortalecer el apoyo de dicho comité en temas de conservación de todas las especies de cetáceos.

La adopción de la propuesta también permitirá balancear la forma cómo se destinan los fondos para investigación que realiza el comité científico de la CBI. Esto porque a pesar que sólo una minoría de países caza ballenas, los fondos asignados para conservación – como enmallamientos en redes, colisiones con embarcaciones, etc. – continúan siendo muy inferiores a los destinados a investigaciones de caza de ballenas, con menos de un 10% del total de presupuesto.

Adicionalmente la resolución chilena consolidó el mandato del sub-comité de pequeños cetáceos sobre especies como los delfines, marsopas y otros, lo que fortalecerá su labor para abordar las crecientes amenazas que enfrentan.

“Ambos logros alcanzados por Chile no sólo son importantes para la transparencia de la CBI y la conservación de los cetáceos, sino que además fortalecen las políticas regionales promovidas por los países latinos miembro de la Comisión en diversas declaraciones adoptadas por el Grupo Buenos Aires”, afirmó Cabrera.

Moratoria en Peligro

A pesar de estos logros, la reunión de la CBI en Portoroz también tuvo varios resultados negativos que resultan preocupantes puesto que cambian la orientación conservacionista que ha tenido desde la implementación de la moratoria global sobre la caza de ballenas en 1986.

Países tradicionalmente campeones en la defensa de la moratoria, como los miembros de la Unión Europea (a excepción de Dinamarca), han doblegado su agenda de conservación frente a las posibilidades de explotación de las grandes reservas de minerales e hidrocarburos que se están abriendo en Groenlandia (representando por Dinamarca en la CBI) debido al derretimiento de los hielos polares producto del cambio climático. Esto explica que hayan liderado un paquete de propuestas que otorgó cuotas de caza aborigen a Groenlandia, a pesar que en 2012 fue la misma Unión Europea quien rechazó estas capturas debido a que violan sistemáticamente la moratoria y no cumplen con los requerimientos de la CBI para esta modalidad de captura. Más grave aún, tras el rechazo de las cuotas en 2012, Dinamarca decidió unilateralmente continuar con las matanzas, infringiendo sus compromisos con la Convención, un factor que ni siquiera fue considerado por los miembros de la Unión Europea, socavando gravemente la credibilidad y gobernanza de este organismo internacional.

Sin embargo la mayor desilusión vino de la mano de Nueva Zelandia, país que tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia contra la caza “científica” de ballenas de Japón en Antártica, se limitó a impulsar agresivamente una propuesta que si bien intentará regular estas sancionadas operaciones balleneras, no contiene ningún mecanismo para evitar que la nación asiática regrese nuevamente al santuario de ballenas del Océano Austral con el fin de continuar matando a estos mamíferos marinos, como ya lo han confirmado varias autoridades japonesas.

La adopción de la propuesta por mayoría simple de votos legitimó estas matanzas, que hasta ahora no eran reconocidas por la mayoría de los miembros de la CBI. El línea con sus políticas de rechazo a la caza “científica” de ballenas Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana fueron los únicos países latinoamericanos que no brindaron su apoyo a la propuesta neozelandesa a pesar del enorme lobby realizado tanto por gobiernos, como por grandes organizaciones no gubernamentales de países desarrolladosl. Sólo el futuro demostrará si la regulación propuesta será efectiva o permitirá a Japón continuar violando la integridad de los santuarios de ballenas, esta vez con el respaldo del Comité Científico y la venía de la mayoría de los miembros de la Comisión.

La sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que dictaminó que la matanza de ballenas en Japón en antártica es ilegal, era una oportunidad única para cerrar de manera definitiva y permanente la mal denominada caza “científica” en zonas protegidas por la CBI, como son los santuarios. Al respecto Cabrera agregó que “lamentamos profundamente que ésta oportunidad se haya diluido en una propuesta que favorece más las relaciones económicas entre los gobiernos conservadores Australia, Nueva Zelanda y Japón, que la conservación de las ballenas y la protección del Océano Austral, una zona estratégica para los países del cono sur”.

“Por ello felicitamos la valerosa e impecable actuación del gobierno de Chile, que en 2008 y bajo el mandato de la actual presidenta creó uno de los santuarios nacionales de ballenas más grande a nivel global donde se prohíbe todo tipo de caza de ballenas, incluida la caza científica”, concluyó Cabrera.

El santuario de ballenas de Chile abarca todas las aguas jurisdiccionales chilenas y su creación contó con el apoyó unánime del Congreso, la Armada de Chile y el 99% de la ciudadanía, esto último de acuerdo a una encuesta ciudadana encargada en 2008 por el Centro de Conservación Cetacea a la agencia Adimark.

Fuente: Centro de Conservación Cetacea