La semana pasada, la comunidad de Puerto Natales desarrolló diversas reuniones informativas y de discusión sobre la crisis de las salmoneras y los intentos de las compañías nacionales y multinacionales por instalar sus jaulas de salmón en la Región de Magallanes. Mientras esta semana, se inicia en el Senado la revisión de los temas pendientes del Proyecto de Ley que Privatiza el Mar de Chile.

El fuerte impacto en el ecosistema marino, además de la falta de estudios, de infraestructura y las negativas consecuencias en el turismo de la zona, son los principales argumentos de quienes rechazan la instalación de la salmonicultura en el extremo sur del país.

Un rotundo disgusto genera en la comunidad de Magallanes, especialmente de la comuna de Puerto Natales, la idea de instalar la industria salmonera en la zona.

Según comentó el director de Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, son más de mil las peticiones de concesiones que han solicitado industrias del sector, lo que provoca inquietud entre la población luego de conocer los graves problemas ambientales y sociales que dejaron las empresas en las regiones de Los Lagos y Aysén.

“Toda la definición de barrios salmoneros que se quiere implementar acá no se hace en base a ningún estudio oceanográfico o ambiental que defina, por ejemplo, la capacidad de carga que tiene el área que se va a ocupar. Se está tratando de instalar un centro de cultivo de salmón en Magallanes, sin tener la información básica de la capacidad de carga de ecosistemas tan vulnerables como los fiordos. El sistema de fiscalización es casi inexistente”, acusó Cárdenas.

De hecho, el director de Ecocéanos comentó que el Servicio Nacional de Pesca de Magallanes ni siquiera tiene una lancha para hacer la fiscalización, como tampoco la Dirección del Trabajo, para verificar las condiciones laborales de los empleados. De llegar a la región, serían más de veinte mil nuevos habitantes en la zona, para lo cual no hay ninguna infraestructura preparada, lo que haría inviable su instalación, según lo consignó la concejala de Puerto Natales Antonieta Oyarzo, quien afirmó que existe un amplio movimiento ciudadano frente al tema.

Oyarzo indicó que es fundamental “recoger toda la información necesaria para prever el desastre que ya hubo en dos regiones de nuestro país y para que aquí en Magallanes, sobre todo en Última Esperanza, la industria de la salmonicultura no provoque, con una actitud irresponsable en su inversión y expansión, deterioro en nuestro medioambiente y genere condiciones sociales que no van a ser favorables para quienes vivimos acá, ni para aquellos que puedan venir a trabajar”.

Seminarios, encuentros y estudios son parte de las acciones que están emprendiendo los habitantes de comunas como Puerto Natales para impedir la llegada de la industria salmonera a la Región de Magallanes, idea que es criticada por todos los sectores incluyendo a empresarios del turismo que ven con preocupación que se explote este recurso en una zona reconocida mundialmente por su belleza natural.

Mientras en Magallanes la comunidad defiende su derecho a un desarrollo limpio y sustentable, la Comisión de Pesca del senado culminó en tiempo récord la revisión de las más de 250 indicaciones que recibió el proyecto de ley que privatiza el mar de Chile.

Las modificaciones al nuevo plazo de concesiones acuícolas y el mecanismo para constituir hipotecas sobre las mismas, son los principales puntos pendientes en el proyecto, los cuales serán abordados por los senadores de la Comisión de Pesca, este lunes, a partir de las 16:30 horas, en el ex Congreso Nacional.

Por su parte, las organizaciones que apoyan la campaña “No a la Privatización del Mar”, liderada por el Centro Ecoceanos, exigen eliminar la entrega gratuita de las concesiones acuícolas que intentan ser usadas como garantía por los empresarios salmoneros ante los bancos acreedores, ya que se privatiza un bien de uso público como es el mar de Chile.

También plantean establecer la caducidad de las concesiones por un periodo determinado, así como en casos de emergencias sanitarias y ambientales. Además, demandan que su renovación quede sujeta al cumplimiento de estas materias.

Y mientras en las reuniones de la Comisión de Pesca no han permitido la asistencia como observadores de organizaciones de medio ambiente, el Ministro de Economía continúa realizando un intenso lobby para que las modificaciones a la Ley se aprueben sin más demora a favor de un reducido grupo empresarial y en desmedro de los intereses nacionales.

Fuente: Radio Universidad de Chile, Senado.cl, Ecoceanos News, CCC