Hace poco más de una semana finalizó en Panamá, la 64ta reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional (CBI). Lo que prometía ser una de las reuniones más complejas para el futuro de las ballenas en las últimas décadas resultó más favorable de lo esperado gracias a la férrea defensa del grupo de países latinoamericanos – conocido como Grupo Buenos Aires – de los procesos democráticos al interior de este foro multilateral.
Tras cinco años atrapados bajo la “dictadura del consenso” impuesta por algunos países con intereses balleneros y liderada por los Estados Unidos, la Comisión logró recuperar la votación como mecanismo de decisión cuando se aborden propuestas que no concitan el consenso de todos sus miembros. Para una Comisión dividida entre quienes utilizan las ballenas sin matarlas y quienes sólo buscan verlas servidas en un plato, no es difícil imaginar que la mejor alternativa para adoptar decisiones es justamente mediante votaciones.
Así, el primer logro de la reunión fue la votación de la propuesta liderada por América Latina para establecer un santuario de ballenas en el Atlántico Sur. Esta había quedado suspendida en 2011 después que el bloque ballenero abandonara la sala de sesiones con el fin de evitar su eventual adopción, evidenciando que para dicho bloque todo vale cuando se trata de bloquear medidas de conservación para los cetáceos.
A pesar que la propuesta no logró obtener el 75 por ciento de los votos necesarios para ser aprobada por la CBI, alcanzó un histórico 65% y podría haber sido adoptada si la reunión hubiera contado con la presencia de varios países conservacionistas que no estuvieron presentes en Panamá y Japón no contara con un contingente de países que votan en bloque con esta nación ballenera a cambio de programas de financiamiento pesquero y sobornos a oficiales de algunos países del Caribe y África que fueron denunciados en video en 2010 por el diario inglés The Sunday Times.
Los procesos de votación también ayudaron a revelar lo que desde hace mucho tiempo se vislumbra como una de las mayores amenazas para el futuro de las ballenas: la transformación de los Estados Unidos de líder en conservación de ballenas a uno de los principales promotores de la revitalización de la industria ballenera, una actividad que se encuentra prohibida a nivel global desde 1986 gracias a la moratoria sobre la caza comercial de ballenas.
La propuesta conjunta de este país con la Federación Rusa y la isla caribeña de San Vicente y Granadinas para renovar las cuotas de caza aborigen constituyó un serio revés para la gobernanza de la CBI y la efectiva conservación de las poblaciones de ballenas. Esto porque a pesar que la propuesta norteamericana y rusa cumpliría con los requerimientos de la CBI para otorgar cuotas de caza a comunidades aborígenes del ártico, la de San Vicente y Granadinas generó severas críticas por violar las ordenanzas de la CBI respecto a la matanza de crías de ballena jorobada y porque estas capturas contienen fuertes elementos comerciales que violan la moratoria. A pesar de los reiterados llamados de varios países para separar las propuestas, la delegación de Estados Unidos decidió seguir adelante con el “paquete” conjunto y su influencia y presión se hicieron sentir al momento de la votación. Sólo nueve de los once países del Grupo Buenos Aires (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay) más Gabón votaron en contra de esta engañosa propuesta ballenera. México y Panamá, junto a países que defienden la moratoria como Australia y Nueva Zelanda apoyaron el “paquete”, no sin luego explicar que su voto no representaba un apoyo a la propuesta de San Vicente y Granadinas.
Luego las intenciones balleneras de la nación norteamericana quedaron consolidadas al ser el único país del bloque conservacionista en apoyar la propuesta para la renovación de cuotas de caza aborigen de Groenlandia (representado por Dinamarca en la CBI) que fue rechazada por 34 votos en contra, 25 a favor y tres abstenciones debido a que son utilizadas para encubrir un creciente mercado de carne y productos de ballena que incluye la comercialización de más de 200 mil sofisticados platos en cruceros, restaurantes y hoteles de turismo. A pesar que la delegación de Estados Unidos hizo referencia en varias oportunidades a su compromiso con la moratoria, esta votación fue clave para despejar las dudas sobre su actual política pro ballenera.
Gracias al rechazo de una abrumadora mayoría de los miembros de la CBI a la propuesta danesa, incluido el voto negativo de todos los miembros del Grupo Buenos Aires, más de 1.300 ballenas minke, de Groenlandia, de aleta y jorobadas fueron salvadas de los arpones balleneros durante los próximos seis años. Sin embargo, la creciente influencia de Groenlandia sobre países con interés en explotar nuevos campos de minerales y petróleo – accesibles tras el acelerado derretimiento de hielos polares producto del cambio climático – podrían impactar negativamente la conservación de las ballenas en la región ártica.
Resulta curioso que tras la campaña sensacionalista iniciada en 2008 para eliminar los procesos democráticos de votación en la CBI, argumentando que la Comisión se encontraba al borde del colapso, la pasada reunión en Panamá logró resolver con relativo éxito para las ballenas pero armoniosamente, temas tan complejos como las propuestas descritas y avanzar en áreas que habían quedado paralizadas bajo la dictadura del consenso. Emergentes y crecientes amenazas para la conservación de las ballenas como el enmallamiento de cetáceos en redes de pesca, contaminación acústica, colisiones entre embarcaciones y ballenas, y contaminación química en cetáceos, fueron abordados y se presentaron diversas iniciativas para mitigar sus impactos. La CBI incluso adoptó una resolución sobre degradación del ambiente marino, salud de los cetáceos y salud humana que, entre otros, aumentará la cooperación entre la CBI y la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de proveer asesoría actualizada a los consumidores de carne y productos de estos mamíferos marinos, cuya salud se ve gravemente amenazada al alimentarse de mamíferos marinos con altísimas cargas de contaminantes orgánicos persistentes y sustancias tóxicas como el metilmercurio.
Sin embargo aún quedan muchos temas por resolver. La propuesta de resolución presentada por Mónaco para mejorar la conservación y gobernanza en alta mar sobre todas las especies de cetáceos no pudo ser adoptada debido a la oposición de las naciones balleneras, en especial Noruega, Islandia y Japón. El delegado gubernamental de este último país calificó de “ridícula” las intenciones para que la CBI renuncie a su mandato y describió algunas partes de la resolución como “desequilibradas e irrelevantes”. Esto a pesar que la principal amenaza para la gobernanza de la CBI es el propio gobierno japonés que no escatima esfuerzos para utilizar el soborno como herramienta diplomática el interior de la CBI, ni destinar millones de dólares provenientes de fondos públicos (orientados a la reconstrucción del país) para financiar la matanza ilegal de ballenas en el santuario del Océano Austral e incluso equipar a su flota ballenera con elementos de carácter militar en la zona del Tratado Antártico, donde está estrictamente prohibido el uso de armas. Sin embargo el apoyo en bloque de la mayoría de los países de todos los continentes – Nueva Zelanda, Unión Europea, Estados Unidos, Sudáfrica y todos los miembros del Grupo Buenos Aires – más la creación de un grupo de trabajo intersesional fuera del marco de la CBI, auguran un resultado positivo para las ballenas y decenas de especies de cetáceos que no cuentan en la actualidad con ningún marco regulador internacional que garantice su conservación en alta mar.
Finalmente propuestas que también fueron rechazadas, como la creación de un grupo de trabajo para abordar la eventual creación de una nueva forma de “caza costera de ballenas” liderada por Japón y el establecimiento de un fondo monetario que facilitaría al gobierno japonés blanquear su política de compra de votos en la CBI, son un llamado de alerta para la próxima reunión de este organismo internacional, que a partir de 2012 se reunirá cada dos años y no anualmente como había sido costumbre desde su creación en 1947.
Estos y otros temas sin resolver serán abordados por un comité creado apresuradamente al final de la reunión, cuando varias delegaciones ya habían abandonado la sala para regresar a sus respectivos países. Las implicancias del trabajo que realizarán a puerta cerrada y sin el monitoreo de la sociedad civil este grupo de países (Australia, Santa Lucia, Estados Unidos, Japón, Gana y Panamá) estará por verse a medida que se aproxima la reunión en 2014, la cual estará presidida por la primera mujer elegida para ese cargo en la CBI, la comisionada de la isla caribeña de Santa Lucia, una nación con una política abiertamente pro ballenera y aliada incondicional de Japón en la CBI.
Por: Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetacea, observadora acreditada ante la CBI desde 2001 y coordinadora de la campaña ciudadana Cero Caza de Ballenas