Juan Carlos Cárdenas, Centro Ecocéanos Chile y Elsa Cabrera, Centro de Conservación Cetácea

Los gobiernos y la comunidad internacional conmemoran cada 8 de junio el Día Mundial de los Océanos. Esta efeméride creada durante la Cumbre de la Tierra que se efectuó en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, constituye el espejo donde cada año se reflejan las promesas vacías de los líderes mundiales, políticos y empresarios del complejo financiero, burocrático e industrial, bajo una falsa retórica de responsabilidad corporativa ambiental cada vez que fiman compromisos de protección del planeta.

Luego de tres décadas de haberse instaurado su día a nivel mundial, los océanos y mares del planeta continúan siendo saqueados en su valiosa y poco conocida biodiversidad, mientras son  tratados como un vasto sumidero donde se arrojan legal e ilegalmente, miles de toneladas diarias de desechos urbanos e industriales, los que acompañan los cientos de compromisos para la conservación marina que los gobiernos y políticos rompen y traicionan.

Es importante señalar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instituyó el 8 de junio para reafirmar que los océanos son vitales para la mantención de la todas las formas de vida en nuestro planeta. Sin embargo, resulta inquietante que este supra organismo internacional sea el que se encuentra cada vez mas paralizado por las disputas entre las agendas geopolíticas y comerciales entre los bloques emergentes y aquellos que están en franco declive político, comercial y militar. En un mundo cada vez mas multipolar, la actual disfuncionalidad e incapacidad de la ONU de cumplir con sus mandatos originales – de mantener la paz, la seguridad global, los derechos humanos y el desarrollo económico social en el planeta – resulta evidente.

En septiembre del 2024 se realizó un fallido intento para avanzar en la reforma de la arquitectura y el funcionamiento de la ONU, durante la denominada Cumbre del Futuro efectuada en su sede en Nueva York. Sin embargo, esta iniciativa fue bloqueada por los poderes económicos e intereses geopolíticos que la mantienen atrapada y le impiden cumplir sus mandatos.

Cuando el Acuerdo de Paris es tan solo papel mojado

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO), la temperatura y la salinidad de las aguas superficiales de los océanos se están incrementando al doble de la velocidad que lo que ocurría hace tan sólo dos décadas atrás. Mientras las temperaturas atmosféricas tienden a fluctuar, la de los océanos se incrementan de manera constante y sostenida. Este aumento afecta las corrientes marinas superficiales, que se aceleran, mientras que las aguas profundas – por diferencias de densidad – se ralentizan o pueden incluso cambiar su trayectoria, afectando la distribución del calor en el planeta y los ecosistemas marinos. Actualmente, en diversas zonas del Mediterráneo y del Atlántico, ya se han alcanzado los 2°C por encima de los valores preindustriales, superando el límite establecido en el Acuerdo de Paris de 1.5°C  para evitar consecuencias catastróficas a nivel planetario.

Por otra parte, los océanos mitigan los impactos negativos derivados del ecocida modelo extractivista industrial, siendo clave su papel para contener los efectos del cambio climático, ya que  absorben alrededor del 25% de las emisiones de dióxido de carbono que emitimos anualmente a la atmósfera. Sin embargo, es  la biodiversidad marina quien esta pagando un alto precio. Al acidificarse los océanos, los exoesqueletos de los crustáceos y las conchas de carbonato de calcio de moluscos y otros invertebrados se debilitan y disuelven. También impacta destructivamente sobre los ecosistemas coralinos y de arrecifes, destruyendo valiosas y únicas áreas costeras del planeta.

Este escenario de progresivo deterioro esta llevando a una severa disminución de la disponibilidad de alimento para las diversas especies marinas, alterando la distribución y disponibilidad de aquellas especies de valor comercial, que son la base de la alimentación de más de 3.000 millones de personas en el planeta, ya sea como fuente principal de proteína, o como parte importante de su dieta total. En la actualidad, aproximadamente el 50% de la población mundial depende de los océanos para su vida y subsistencia, mientras  un  40% de la población mundial (2400 millones de personas), vive a menos de 100 km de las áreas costeras del planeta..

Nuestros desechos plásticos: Afectan a todos y son para siempre

Se estima que 170 billones de partículas de plástico flotan y contaminan las cadenas tróficas en nuestros océanos. Se proyecta que para 2045, la producción industrial de plástico se duplicará, incentivada por la resistencia de los países petroleros a regular su producción. Éstos advierten que hay que reducir, pero no mucho, y son la principal amenaza para la implementación de los objetivos del Tratado Global sobre Plásticos. El poder del lobby empresarial logró que en diciembre de 2024 este tratado – destinado a abordar esta letal amenaza para la salud humana y de los océanos – entrara en un “coma institucional” durante su última sesión realizada en Corea del Sur.

En Chile, donde el neoliberalismo salvaje ha privatizado incluso el agua, el poder fáctico de las poderosas industrias pesqueras y de salmonicultura intensiva que controlan el parlamento y las autoridades, continúa descartando impunemente toneladas de redes sintéticas en las áreas costeras y los fondos marinos. Esta situación crea una “cifra negra” de ejemplares de de ballenas, delfines, lobos marinos, aves y tortugas marinas que mueren anualmente enmalladas y afixiadas, sin que las autoridades competentes adopten medidas reales de prevención y  protección ambiental. Todo con el objetivo de no afectar los intereses económicos y la imagen de estas mega empresas que constituyen el segundo sector exportador de la economía del país sudamericano. Estas compañías se encuentran actualmente bajo observación por la – varias veces  pospuesta – aplicación del Acta de Protección de Mamíferos Marinos de los Estados Unidos (MMPA por sus siglas en inglés), que de ser implementada, aplicará sanciones comerciales a las exportaciones de pescado chileno hacia norteamérica, si tiene impactos negativos sobre los mamíferos marinos.

La pesquería de kril y la salmonicultura intensiva: Principales amenazas para las ballenas en la Patagonia y Antártica

La estrategia de marketing de los gobiernos chilenos ha logrado presentarse ante el escenario internacional como un país con una economía de mercado de perfil conservacionista marino (política exterior turquesa) en concordancia con la meta de la ONU de proteger el 30% de su maritorio para el 2030. Para ello se ha decretado administrativamente que el 43% de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) se encontraría bajo la figura de áreas marinas protegidas. De ellas, un 23% estarían altamente protegidas a través de la figura de parques marinos. Sin embargo esta afirmación esconde una cruda realidad: 411 centros de cultivos de la salmonicultura industrial exportadora operan de manera destructiva al interior de parques nacionales y áreas protegidas costeras de las regiones de la  Patagonia chilena. Sus producciones representan el 40% de las exportaciones de esta mega industria que actualmente es la segunda productora de salmónidos de cultivo a nivel mundial, después de Noruega. Además, estas áreas protegidas son parte de los territorios ancestrales de las comunidades de los pueblos Kawesqar y Yagán.

Estas regiones de la Patagonia, al poseer una flota de 1000 embarcaciones para el transporte de alimento y de salmones que recorre fiordos y canales interiores, junto a las flotas pesqueras artesanal e industrial, contribuyen sustancialmente a lo que señala un a reciente publicación del Marine Policy donde se identifica a Chile como el país con la mayor tasa de mortalidad de ballenas por colisiones con embarcaciones a nivel mundial desde el año 2013. En los casos con causa identificables, casi un tercio (28%) se atribuyeron a colisiones, seguido de un 7% por enmallamientos y un 3% a depredación natural.

A su vez, las actividades pesqueras han significado que actualmente un 53% de las pesquerías nacionales se encuentran colapsada o sobreexplotadas y el volumen de las capturas ilegales superan en un 300% las cuotas legales, con un gran impacto sobre las cadenas tróficas de los ecosistemas marino costeros.

A su vez, en las áreas subantárticas y antárticas,  la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) ha intentado proteger sin éxito al kril antártico. Este crustáceo, que constituye la base de la red alimentaria marina, teóricamente había sido protegido desde la creación de la CCAMLR en la década de 1980. A ello contribuyeron las dificultades tecnológicas de la época para su procesamiento a bordo. Pero los avances en el conocimiento científico y el desarrollo de nuevas tecnologías hicieron posible su extracción, a niveles tan masivos, que actualmente su disponibilidad para todas las especies antárticas que dependen del kril para sobrevivir está siendo amenazada.

Las diversas flotas industriales que buscan incrementar sus ganancias comerciales – vinculadas al abastecimiento de las billonarias industrias transnacionales de la nutricéutica y  acuicultura industrial intensiva – concentran actualmente sus operaciones extractivas en las principales áreas de alimentación de diversas especies de ballenas en aguas antárticas. ¿El resultado? Un incremento de las mortalidades de grandes cetáceos, donde se incluyen al menos a dos ejemplares a causa del accionar de una empresa pesquera chilena.

A pesar que la mayoría de los miembros de la CCAMLR intentan crear Áreas Marinas Protegidas para conservar la rica biodiversidad existente en las aguas antárticas, estas propuestas han sido sistemáticamente bloqueadas por una minoría de países. Las decisiones vinculantes en la CCAMLR solo pueden ser adoptadas mediante el consenso de los Estado Parte.

La CBI: ¿Futuro verdugo de las ballenas del planeta?

En este contexto, la Comisión Ballenera Internacional (CBI)  constituye otro ejemplo de cómo el derecho internacional está plagado de buenas intenciones que rara vez se concretan. A  pesar de existir una  moratoria global sobre la caza comercial, Japón, Noruega e Islandia continúan cazando ballenas anualmente, mientras que la diplomacia del arpón nipona continúa debilitando sistemáticamente las medidas de conservación y a la propia CBI. Todo con el fin de reabrir en el futuro la ballenería comercial – especialmente en el hemisferio sur  – como parte integral de su nueva agenda militarista y expansionista en el océano Pacífico y la Antártica .

Apoyando la estrategia japonesa, el gobierno de los EE.UU. ha otorgado recientemente permisos a la tribu Makah – que no ha cazado en décadas – para que capture ejemplares de ballenas grises. La controversial determinación no sólo crea un conflicto con otras naciones, puesto que estas ballenas son parte de las actividades de turismo de observación (whalewatching) realizadas por comunidades costeras de México y Canadá. Además pone en peligro la supervivencia de esta especie, ya actualmente las ballenas grises sufren periodicamente eventos de mortalidades masivas que reducen significativamente su población.

A pesar de que la ciencia ha demostrado el papel crucial que las ballenas  juegan para mantener saludable a los océanos y asegurar el adecuado funcionamiento de los ecosistemas marinos, los miembros de la CBI continúan doblegándose ante los intereses de los países cazadores, avanzando hacia la aprobación de resoluciones que validan la estrategia comunicacional y las argumentaciones políticas del gobierno de Japón, incluyendo una que asevera que las ballenas constituirían especies fundamentales para la “seguridad alimentaria” a nivel global. Si durante el 2026 la CBI aprueba esta propuesta de resolución – impulsada por los intereses balleneros de Japón – condenará su principal objetivo de conservación de los cetáceos al fracaso.

2030: El lejano cumplimiento de los compromisos de la Agenda 30 x30

En el contexto de la Agenda 2030 – plan de acción global adoptado por las Naciones Unidas en 2015 para avanzar hacia un futuro sostenible y equitativo y que forma parte del Marco Mundial de la Diversidad Biológica (GBF) – 196 países se comprometieron el 2022 a proteger el 30% de los océanos para 2030. Sin embargo, hasta la fecha sólo existe un 2.7%, de áreas marinas protegidas (AMP) con protección real. Diversos países, incluidos varios europeos, permiten actividades destructivas pesqueras en la mayoría de sus AMP.

En la alta mar la situación no es mejor: Los intentos por iniciar operaciones de minería submarina continúan avanzando, a pesar de la oposición de algunos gobiernos, organizaciones ambientalistas y comunidades costeras. Mientras tanto, el Tratado de Alta Mar (BBNJ) – uno de los grandes logros de 2023 que podría regular las actividades realizadas en esta vastisima zona oceánica – requiere la ratificación de al menos 60 países para poder entrar en vigencia. Sólo siete Estados lo han hecho. Se espera entonces que este proceso sea lento y dificultoso. Particularmente si EE.UU. no lo firma ni ratifica, impulsando a otros países a seguir esta postura.

¿Qué vamos a celebrar en el Día Mundial de los Océanos?

El 8 de junio del 2025, la paralela realidad digital que se construye en las redes sociales se llenará de discursos vacíos de ministros de relaciones exteriores, pesca y medioambiente, junto a hashtags, fotos de ballenas, playas limpias y aguas turquesa. Todo ello mientras los océanos, su biodiversidad y las comunidades costeras tradicionales agonizan axfixiadas o desaparecen como producto de crecientes eventos de contaminación química, orgánica, o por plásticos e hidrocarburos. Hay poco que celebrar.

Sólo una urgente y coordinada movilización informada de la ciudadanía, científicos y comunidades locales, exigiendo cuentas a los Estados y al empresariado, demandando democratizar y reformar profundamente el colapsado y corrupto sistema político y legislativo a nivel nacional e internacional, podrá frenar la carrera hacia el abismo socio-ambiental, derivado de los destructivos impactos del modelo extractivista y privatizador de los océanos.