Japón anunció que la tripulación de la flota ballenera de “caza científica” en el santuario de ballenas del Océano Austral incluye guardacostas armados. Se cree que este personal, inusual para una zona declarada “de paz” por el Tratado Antártico, acompaña a los balleneros con el objetivo de repeler las manifestaciones de la organización Sea Shepherd.
El ministro de relaciones exteriores de Nueva Zelanda, Murray McCully, expresó recientemente su preocupación por la situación en el Océano Austral afirmando que “tenemos una mezcla bastante explosiva” que genera temor sobre la posibilidad de perder vidas humanas. Al respecto McCully reiteró su llamado a ambas partes – balleneros y conservacionistas – a “adherir a la ley del mar y asegurar la seguridad de los seres humanos en esta región del planeta”.
Las declaraciones del ministro neocelandés se enmarcan en el hecho que la flota ballenera nipona operará durante los próximos meses en la zona de búsqueda y rescate de Nueva Zelanda. Sin embargo, McCully agregó que su gobierno no tiene intenciones de enviar embarcaciones de la Armada a monitorear las operaciones de caza debido a que las nuevas naves de alta mar aun se encuentran en periodo de prueba.
Estas afirmaciones las hizo tras el anuncio de Nueva Zelanda de no hacerse parte sino sólo “intervenir” de manera oral y escrita en la demanda australiana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Japón por la denominada “caza científica” de ballenas en el santuario de ballenas del Océano Austral.
Al respecto McCully afirmó que su país “está muy proclive a continuar las discusiones orientadas a eliminar las operaciones balleneras en el Océano Austral” y enfatizó que se encuentra optimista porque “no tiene ningún sentido económico para Japón continuar gastando grandes sumas de dinero proveniente de los impuestos de sus ciudadanos en una industria moribunda”.
Por su parte el ministro de relaciones exteriores australiano, Kevin Rudd, afirmó que la decisión de Nueva Zelanda era la opción preferida por su gobierno, ya que no habrían podido nombrar un juez australiano ante la CIJ si presentaran la demanda en conjunto.
Fuente: Staff.co.nz