La Haya, Holanda. 5 de Julio de 2013 – El segundo de día de Japón ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya (Holanda) estuvo marcado por una férrea defensa del Artículo VIII de la Convención Internacional para la Regulación de la Ballenería (CIRB). De acuerdo a Japón, dicho artículo sería intocable y permitiría a los países matar ballenas con fines de investigación “científica” sin ninguna limitación ni interferencia de Estados u organismos internacionales.
Para Japón, nada puede limitar el derecho de los países de auto otorgarse permisos especiales para matar ballenas porque las disposiciones del Artículo VIII no serían excepcionales como argumenta Australia, sino “especiales” e independientes de las regulaciones establecidas por la CBI para las operaciones de caza comercial y de subsistencia aborigen. Por ello Japón considera que nadie podría restringir ni cancelar este derecho “especial”. También afirmó que las más de 40 resoluciones adoptadas por la mayoría de los miembros de la Comisión llamando a Japón a detener la matanza de ballenas con fines “científicos” no son vinculantes y por lo tanto no tienen ninguna obligación de cumplir con sus recomendaciones. Además sentenció que la Corte Internacional de Justicia no puede definir las características ni metodologías de su programa de caza “científica” de ballenas en la Antártica.
Respecto a la cuota anual de 850 ballenas minke antártica, una de las principales interrogantes del programa de caza “científica” de ballenas en la Antártica, uno de los defensores legales de Japón se limitó a mostrar una fórmula sin explicar de qué se trata ni como se aplica, argumentando que “No tengo la menor idea qué significa… Las matemáticas nunca fueron mi fuerte”.
Adicionalmente, el único testigo presentado por la defensa japonesa, el investigador noruego y miembro del comité científico de la CBI Lars Walloe, afirmó ante la Corte que desconoce cómo se calculan las cuotas de caza para las tres especies incluidas en JARPA II (850 ballenas minke antártica, 50 ballenas de aleta y 50 ballenas jorobadas al año) y cuestionó la inclusión de estas últimas dos especies en el programa. También afirmó que de acuerdo a uno de los fundadores de la CBI, el numero de ballenas que deberían cazarse bajo permisos especiales debería ser menor a 10 animales.
Respecto a la comercialización de la carne y productos obtenidos a partir de la caza “científica” de ballenas, Japón afirmó que la CBI lo permite y las ganancias son utilizadas para financiar las operaciones balleneras en la Antártica. A pesar que Japón afirmó que otros acuerdos internacionales pesqueros consideran medidas similares, sería interesante conocer cómo reaccionarían los miembros de estos acuerdos si uno de ellos decidiera unilateralmente explotar sin ninguna medida de regulación ni control, especies protegidas por una moratoria comercial en una zona declarada como santuario con el fin de comercializar los productos obtenidos en el mercado local. El veredicto de la Corte en esta y otras materias sin duda tendrá profundas implicancias en la conservación y manejo de la biodiversidad marina.
Finalmente Japón acusó a Australia de abusar de sus derechos al intentar reformar los objetivos de la CBI para convertirla en una organismo de conservación de ballenas. Sin embargo el gobierno de Japón sabe muy bien que el proceso de reforma de la CBI se inició hace más de 40 años con una resolución adoptada durante la Primera Cumbre de la Tierra que llamaba a la Comisión a adoptar una moratoria sobre la caza comercial de ballenas (Japón fue el único país que se opuso). Desde entonces múltiples organismos internacionales han adoptado disposiciones para la conservación y protección de las ballenas – como la Ley sobre el Derecho del Mar y la CITES, entre otros – y un creciente numero de países ya cuentan con legislaciones nacionales que prohíben de manera permanente la matanza de estos mamíferos marinos. Acusar a Australia de abuso de derecho por el necesario proceso de evolución que ha tenido la CBI para adaptarse a las necesidades de conservación, intereses de manejo y políticas actuales de la gran mayoría de sus miembros sugiere que Japón tiene serias dificultades para analizar el caso objetivamente y aumenta las dudas sobre la validez de las argumentaciones presentadas por la defensa.
Fuente: Centro de Conservación Cetacea