La pasada reunión del Pequeño Grupo de Trabajo de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) que se realizó la semana pasada en La Florida (Estados Unidos) debería ser un llamado de atención a la ciudadanía mundial, la cual después de 24 años de moratoria sobre la caza comercial de ballenas, está convencida equivocadamente que estos mamíferos marinos se encuentran a salvo de la explotación extractiva.
Lo discutido por los 27 países presentes en la ciudad costera de San Petesburgo (La Florida) se aleja escandalosamente de las políticas de conservación que durante la última década adoptó la CBI en materia de conservación de cetáceos. Por el contrario, el rumbo de la silenciosa negociación para definir el “futuro de la CBI” ha tomado una amenazante dirección hacia la reapertura de la ballenería industrial en aguas internacionales.
Este proceso de negociación, iniciado en 2008 bajo el liderazgo del comisionado de Estados Unidos y ex-presidente de la CBI, el republicano William Hogarth, se caracterizó desde un principio por fortalecer paulatinamente los intereses balleneros de Japón en aguas pelágicas del Océano Austral. Las mismas aguas que fueron declaradas por todos los países de la CBI como Santuario de Ballenas en 1994, a excepción de la nación asiática.
El cambio de gobierno en Estados Unidos y el nombramiento en 2009 del embajador chileno Cristián Maquieira como presidente de la CBI, auguraba que la segunda etapa del denominado “proceso de reforma” estaría marcado por un mayor balance en la negociación. Después de todo, una de las promesas de campaña del presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, fue mantener la moratoria sobre la caza comercial y garantizar que las decisiones sean tomadas en base a las más sólidas pruebas científicas. Por otra parte, el compromiso del nuevo presidente de la CBI de colocar a la CBI en línea con prácticas internacionales actuales, sugería la modernización de este organismo internacional sobre la base de una mayor transparencia y participación ciudadana.
Sin embargo la realidad que está emergiendo es muy distinta. Hoy más que nunca las ballenas se encuentran al borde de enfrentar nuevamente el incierto y sombrío futuro de la mayoría de las especies marinas explotadas comercialmente.
Paradojalmente todo está ocurriendo con el apoyo explícito de naciones históricamente conservacionistas como Estados Unidos y Nueva Zelanda, y bajo la presidencia del embajador Maquieira.
Evidenciando una gran dificultad para aprender de los errores del pasado – que llevaron a las ballenas y la propia CBI al borde de las extinción – los miembros de este organismo internacional avanzan firmemente hacia la adopción de medidas que retornarán el trabajo de la Comisión a sus tiempos más oscuros.
Así lo confirman las recientes declaraciones públicas realizadas por el comisionado de Nueva Zelanda, y sorprendentemente, uno de los principales promotores de este desbalanceado acuerdo. Según Sir Geoffrey Palmer, la propuesta “no agradará a ninguna nación” por lo que “ambas partes tendrán que tragarse una rata muerta”. Sin embargo un breve análisis del texto negociador es suficiente para darse cuenta que sólo los países conservacionistas tendrán que tragarse el indigesto contenido de una propuesta abiertamente pro-ballenera.
A pesar que el contenido de la propuesta está encubierto de buenas intenciones que buscan disfrazar la “rata muerta”, el texto incluye entre otros, la reapertura de la caza comercial de ballenas, la legitimación de la denominada “caza científica” de ballenas – incluso en los santuarios balleneros – y la asignación de cuotas de captura basadas en intereses políticos y no científicos.
Aunque la propuesta afirma que se mantendrá la moratoria sobre la caza comercial de ballenas, en realidad la medida será levantada al “suspenderla” por un periodo de 10 años. Inicialmente, sólo aquellas naciones que actualmente cazan ballenas como Islandia, Japón y Noruega podrían continuar con este tipo de actividad. Pero la Comisión no cuenta, ni contará con mecanismos para restringir en el futuro inmediato el derecho de otras naciones a entrar en el negocio ballenero. Por ello, no sería extraño que naciones como Corea del Sur y la Federación Rusa, entre otros, pudieran incrementar la lista de potenciales países cazadores de ballenas. Además, la propuesta no cuenta con ningún mecanismo para reducir y eliminar las operaciones balleneras a largo plazo, evidenciando que el interés estratégico de la misma es reanudar de manera permanente la caza comercial de estos cetáceos.
Considerando que la denominada “caza científica” de ballenas que realiza Japón en aguas internacionales es el tema más contencioso que mantiene como rehén y boicotea el trabajo de la CBI, resulta al menos irónico que la propuesta de acuerdo en curso no considere ningún mecanismo para resolverlo. Más aún, una vez adoptada la propuesta o “paquete de reforma”, la hasta ahora internacionalmente condenada “caza científica” de ballenas será una actividad legítimamente reconocida por la CBI. Incluso si se desarrolla en aguas de los actuales y futuros Santuarios Balleneros. Las implicancias son enormes si consideramos que los santuarios de ballenas creados bajo la CBI pasarían a ser herramientas de conservación inútiles adoptadas con fines netamente publicitarios y de relaciones públicas. Adicionalmente, el precedente que esta medida sentaría en la efectiva implementación de santuarios balleneros nacionales, como el decretado en Chile en 2008, es al menos preocupante.
Como si fuera poco, la propuesta – desarrollada a puerta cerrada durante los últimos cuatro meses por un reducido grupo de doce países conocido como Grupo de Apoyo de la CBI – ignora el trabajo realizado durante las últimas décadas por el Comité Científico respecto al manejo de las poblaciones de cetáceos.
Las cuotas de captura que serán asignadas durante el periodo de “falsa moratoria” no se basarán en parámetros científicos confiables, sino en las cuotas de captura de ballenas otorgadas actualmente bajo distintas modalidades, entre ellas, la denominada “caza científica” de ballenas. Extraña y coincidencialmente, estas cuotas de caza han venido siendo considerablemente elevadas durante los últimos años.
Adicionalmente, cualquier disminución de las cuotas de caza comercial frente a evidencias científicas de impactos negativos sobre las poblaciones de ballenas deberá ser aprobada con el apoyo de un 75% de los miembros de la Comisión. Sin embargo, durante las últimas décadas la política ballenera de Japón en la CBI, o “diplomacia del arpón”, se ha caracterizado por incorporar progresivamente a países que votan en bloque a favor de ese país a cambio de programas de financiamiento pesquero, bloqueando sistemáticamente la adopción de cualquier medida de conservación.
Frente a esta amenazante realidad resulta evidente que el futuro trabajo del Comité Científico en materia de manejo de las poblaciones de cetáceos será simplemente cosmético y en el corto plazo la CBI retornará a la implementación de prácticas anacrónicas que fueron las responsables del colapso de la mayoría de las especies de grandes cetáceos en el siglo XX.
En este contexto, resultaría inaceptable avanzar hacia la adopción de una propuesta que claramente ignora los intereses de la mayoría de los países y la ciudadanía internacional, con el fin de imponer la política ballenera unilateral de Japón y sentar un precedente desfavorable para nuestra región en materia de gobernabilidad, manejo y conservación de la biodiversidad marina en política internacional.
Por Elsa Cabrera Directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetacea, observadora acreditada ante la CBI en San Petesburgo.