Representantes de gobierno de diversos países se reunieron entre el 9 y 11 de Marzo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) en Roma (Italia) para continuar el denominado “proceso de negociación” de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), iniciado durante 60ma reunión anual realizada en junio del año pasado en Santiago de Chile.

La iniciativa, liderada por el norteamericano y actual presidente de la CBI, William Hogarth, buscaría asegurar el futuro de la CBI, ya que durante los últimos años Japón ha promovido la idea que el organismo es disfuncional, amenazando sistemáticamente con abandonar la Comisión si ésta no levanta la moratoria sobre la caza comercial de ballenas adoptada en 1982.

Como resultado, los miembros de la CBI en Roma se comprometieron a continuar avanzando en la generación de propuestas orientadas a acomodar los intereses balleneros de Japón, que en principio, buscarían reducir el número de ballenas cazadas anualmente de manera unilateral por el país oriental bajo la modalidad de la denominada “caza científica” de ballenas.

El resultado de la reunión intersesional de Roma constituye una amenaza real para la efectiva conservación de las poblaciones de ballenas a nivel mundial, ya que la reanudación de cualquier forma de caza comercial de ballenas significaría, de facto, el final de la moratoria y el primer paso para avanzar hacia la expansión gradual de las operaciones balleneras a gran escala.

Resulta paradójico que la actual encrucijada en que se encuentra la CBI y el futuro de las ballenas, se fundamente exclusivamente en tres pilares hábilmente manipulados por el gobierno de Japón, como son la presión generada a través de la expansión de los programas de caza científica de ballenas en las aguas del Santuario Ballenero Austral, las continuas amenazas de abandonar la Comisión y la consolidación gradual de una mayoría de votos dentro de la Comisión de parte de nuevos países integrantes de la CBI que apoyan incondicionalmente las intenciones balleneras de Japón a cambio de programas de financiamiento pesquero.

Desde la implementación de la moratoria en 1986, el gobierno de Japón inició los denominados “programas de caza científica” bajo el pretexto de reunir información relevante para el manejo sustentable de sus poblaciones.

Desde entonces, ha cazado más de 20 mil ballenas, incluidas especies en peligro, como ballenas de aleta, sei, Bryde y cachalotes, que suelen terminar en el mercado interno nipón para satisfacer el apetito de un reducido y decreciente número de comensales.

Bajo la Convención de la CBI, adoptada hace más de 60 años, las operaciones de caza científica pueden ser realizadas por cualquier país miembro, sobre cualquier especie y en cualquier área, ya que se incluyó como una medida para obtener un reducido número de animales con fines de investigación y no para disfrazar y/o reemplazar las operaciones de caza comercial, que es lo que ha hecho el gobierno de Japón.

El creciente abuso a esta medida mediante la expansión unilateral de los programas de caza “científica” ha generado una presión en el seno de la Comisión. Ésta busca urgentemente detenerlos o al menos ponerlos bajo su control.

Sin embargo, desde el inicio del “proceso de negociación”, el gobierno de Japón no ha evidenciado la más mínima voluntad de detener o disminuir el número de animales capturados, pues ha preferido orientar sus esfuerzos a intimidar a la CBI sobre su eventual retiro.

Esta estrategia, utilizada durante las últimas décadas, resulta preocupante para algunos miembros de la CBI, quienes argumentan que más ballenas serán capturadas sin ningún control una vez que Japón se retire de la Comisión.

Sin embargo, el abandono del gobierno de Japón no significaría el colapso de la CBI, sino la oportunidad de renovarse finalmente hacia las necesidades e intereses de la comunidad internacional respecto a la conservación y utilización de las ballenas en el siglo XXI.

En caso de que el gobierno de Japón decidiera efectivamente retirarse y continuar cazando ballenas libremente por los océanos del mundo, sus operaciones balleneras se convertirían en una actividad ilegal, ya que éstas continuarían estando sujetas a los estatutos de la CBI y al derecho marítimo internacional, incluida la Convención sobre el Derecho del Mar.

Además, el anunciado retiro de Japón liberaría a la CBI del control ejercido a través de los países que sin tener ningún interés en el tema, apoyan la política ballenera de ese país a cambio de programas de financiamiento pesquero.

Al igual que los programas de caza científica, desde la adopción de la moratoria, Japón ha venido consolidando una estrategia internacional para obtener el número suficiente de votos que le permita revertir las medidas de conservación adoptadas por la CBI.

Así, la supuesta “disfuncionalidad” de la CBI sólo representa un cuestionable ejercicio de coerción sobre algunas naciones en desarrollo, que ven en los financiamientos otorgados una oportunidad de desarrollo económico.

En realidad actualmente sólo existen tres naciones con intereses balleneros comerciales en la CBI (Japón, Islandia y Noruega), y una sola con intereses balleneros en alta mar (Japón).

Sin la adhesión de nuevos países a favor de Japón en la CBI, el número de naciones pro balleneras representaría sólo una minoría y ésta podría avanzar de manera abierta y transparente hacia un organismo moderno y eficiente en materia de conservación de cetáceos.

La reciente reunión en Roma evidenció claramente que a pesar de la maquinaria propagandística de Japón para culpar a las naciones conservacionistas del supuesto fracaso de la CBI, es dicho país el responsable de conducir la Comisión a un callejón sin salida donde los únicos perdedores son las ya disminuidas poblaciones de ballenas, los millones de personas de cientos de comunidades costeras alrededor del mundo que se benefician económica, social y ambientalmente del uso no letal de las ballenas y las naciones que ven su gobernabilidad amenazada mediante diversos mecanismos inaceptables de presión.

Frente a este “proceso de negociación”, la comunidad internacional no debe olvidar que tomó casi 20 años a la CBI adoptar la moratoria sobre la caza comercial de ballenas, y que su levantamiento – de hecho o implícito – significaría un viaje sin retorno a las operaciones de caza comercial de ballenas a gran escala.

Por quienes lucharon arduamente para concretar esta medida que nos permite actualmente ejercer nuestro derecho a disfrutar y beneficiarnos de la presencia de estos gigantes en el planeta y por la responsabilidad que tenemos ante las generaciones futuras de salvaguardarlo, los miembros de la CBI, las organizaciones civiles y la comunidad en general, debemos avanzar hacia la disolución de las grandes amenazas y verdaderos motivos que amenazan su futuro.

Finalmente, resulta necesario aclarar que después de casi nueve años participando en las reuniones de la CBI y en el tema ballenero, la política ballenera de Japón no refleja la cultura ni los intereses de la mayoría del pueblo japonés, con quien he tenido la oportunidad de trabajar a favor de la conservación y el uso no letal de ballenas en el seno de la CBI. Para ellos va todo mi respeto por el importante trabajo que realizan en su país a favor de la vida estos gigantes marinos.

Por Elsa Cabrera, Directora Ejecutiva, Centro de Conservación Cetacea.