Todos los caminos llevan a la ballenería. Ese podría ser el lema de la 64ta asamblea anual de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) que se reunirá la próxima semana en Panamá para decidir el futuro de estos gigantes del mar.
Los esfuerzos realizados desde hace varios años por países con intereses balleneros por debilitar y eliminar la moratoria sobre la caza comercial de ballenas podrían dar frutos este año si la presión ejercida por estas naciones logra la aprobación de dos controversiales propuestas que buscan legitimar la matanza de ballenas bajo lo que se denomina cuotas de caza de subsistencia aborigen.
Estas cuotas se renuevan cada cinco años y estarían destinadas a suplir las necesidades nutricionales de comunidades aborígenes de Alaska (EEUU), la Federación Rusa, Groenlandia (representado por Dinamarca en la CBI) y la nación caribeña de San Vicente y Granadinas.
Hasta 2002, la renovación de estas cuotas no generaba mayor debate dentro de la CBI y eran adoptadas por consenso por la Comisión. Sin embargo, el creciente carácter comercial de estas matanzas por parte de Groenlandia y la sistemática infracción a los requerimientos de la CBI por parte de San Vicente y Granadinas han generado cuestionamientos sobre los reales intereses que se ocultarían detrás de la renovación de estas cuotas balleneras.
En particular, la estrategia de Estados Unidos, Federación Rusa y San Vicente y Granadinas de presentar una propuesta conjunta de renovación de cuotas de caza aborigen llama poderosamente la atención. Especialmente debido al historial de incumplimiento que tiene la nación caribeña respecto al uso y origen de estas matanzas.
Según un Reporte presentado por el Instituto de Bienestar Animal1 (AWI por sus siglas en inglés), a pesar que la CBI prohíbe la captura de madres con crías, ésta es una práctica reiterada en San Vicente y Granadinas. Según se reporta, esta nación caribeña no entrega información al Comité Científico sobre el número de ballenas capturadas o impactadas, ni sobre los métodos de matanza utilizados para capturarlas. Adicionalmente, la caza de ballenas no es una práctica de los pueblos aborígenes de San Vicente y Granadinas sino una actividad introducida por balleneros norteamericanos a finales del siglo XIX.
Esta es una de las razones por las cuales estas matanzas son rechazadas por la sociedad civil de este país, sobre todo considerando que San Vicente y Granadinas es uno de los países asociados a la política de “compra de votos” que implementa el gobierno de Japón al interior de la CBI con el fin de tomar el control de la Comisión y mantener activa la caza de ballenas en la región de El Caribe.
En este contexto, la estrategia de presentar una propuesta conjunta pareciera encubrir intereses que van más allá de lo establecido para las cuotas de caza aborigen, toda vez que de ser aprobado “el paquete” de Estados Unidos, Federación Rusa y San Vicente y Granadinas se sentaría un negativo precedente que podría abrir espacios para la generación de una nueva modalidad ballenera en la región que poco tiene que ver con los derechos de los pueblos aborígenes al consumo de ballenas.
Por otra parte, a pesar de las crecientes evidencias sobre el carácter comercial de su cacería en violación a la moratoria vigente y a los lineamientos de la CBI, Groenlandia presentará una propuesta de renovación de cuotas de caza aborigen que busca aumentar el número de ballenas cazadas anualmente. Esta propuesta incluye ballenas jorobadas de una población que migra hasta aguas caribeñas y que es utilizada por República Dominicana y Puerto Rico en una creciente industria del turismo de avistaje de ballenas, que reporta anualmente cerca de 10 millones de dólares de ingresos para las comunidades costeras.
Una reciente investigación realizada por la organización internacional Sociedad para la Conservación de Delfines y Ballenas (WDCS por sus siglas en inglés) evidenció que la carne de ballena obtenida a través de las cuotas de caza aborigen se está comercializando en cruceros, hoteles, restaurantes de turismo así como cadenas de supermercado, incluyendo productos provenientes de ballenas de Groenlandia, una especie clasificada en peligro por su delicado estado de conservación.
A pesar que Dinamarca argumenta que requieren aumentar las cuotas de caza de ballenas para suplir los requerimientos nutricionales de sus comunidades, resulta evidente que lo que busca la propuesta es socavar la moratoria y avanzar indirectamente hacia la reapertura de la caza comercial; así como la comercialización masiva de los productos de ballenas.
La amenaza de estas propuestas para la conservación de la poblaciones de ballenas de América Latina y la región caribeña es significativa puesto que los intereses de una eventual revitalización de la industria ballenera se orientan a las poblaciones de grandes cetáceos de la región que son utilizadas desde hace más de tres décadas por nuestros países para el desarrollo del turismo de avistaje de ballenas. Con un crecimiento anual de más de un 11 por ciento y la generación de más de dos mil millones de dólares al año, el uso no letal de las ballenas se ha consolidado como una actividad clave para el desarrollo sostenible de cientos de comunidades costeras.
La presión ejercida de manera indebida por grandes potencias económicas como Estados Unidos y Dinamarca para aprobar cuotas de caza aborigen que afectan directamente poblaciones de ballenas de América Latina y El Caribe y encubren operaciones ilegales o de carácter comercial es inaceptable para las naciones latinoamericanas que han invertido décadas de esfuerzos en consolidar el desarrollo de un turismo responsable de avistaje de ballenas el cual es vital para asegurar el bienestar económico, social y ambiental de cientos de comunidades costeras de nuestra región.
1. Informe Cacería de Ballenas Jorobadas en Bequia, San Vincente y las Granadinas – Junio 2012, Animal Welfare Institute
Por: José Truda Palazzo, Elsa Cabrera (Centro de Conservación Cetacea), Roxana Schteinbarg (Instituto de Conservación de Ballenas)