Una encuesta nacional realizada en 2008 reveló que el 99 por ciento de los chilenos considera fundamental la creación de leyes que protejan a las ballenas y que prohíban definitivamente su caza. Este es un resultado sorprendente si se considera que la mayoría de la población desconoce que estos mamíferos marinos se pueden observar a lo largo de sus áreas costeras, y que Chile cuenta con una de las diversidades más ricas de delfines y ballenas a nivel global.

Aunque las flotas cazadoras de ballenas que operaron en el país colapsaron y llevaron al borde de la extinción a la mayoría de las especies de ballenas, no pudieron eliminar el profundo sentimiento y la fascinación que estos gigantes marinos despiertan en las personas hace miles de años. Quizás esto se deba a que nuestra historia desde la época precolombina hasta su consolidación como país marino, se encuentra estrechamente ligada a la explotación y conservación de los cetáceos.

Antes de nuestro nacimiento como República, increíbles relatos de navegantes como Alejandro Humboldt y el Capitán Cook sobre la abundancia marina y el prodigioso tamaño de las ballenas en el Pacífico suroriental, despertaron el interés y la codicia de balleneros ingleses, norteamericanos, y franceses, entre otros, quienes a partir de 1792 operaron en lo que hoy corresponde a aguas jurisdiccionales chilenas.

El dominio de las flotas balleneras extranjeras perduró hasta 1880, cuando la familia Macaya, de origen portugués y radicada en el puerto de Talcahuano, estableció una empresa que se convertiría en una de las compañías más perdurables en la historia de la ballenería nacional. Posteriormente, a inicios del siglo XX comerciantes del sur del país comenzaron a desarrollar operaciones de caza industrial en aguas australes y antárticas, iniciándose a partir de 1936 la instalación de empresas nacionales en las regiones costeras del centro y norte de Chile.

Tras finalizar la segunda guerra mundial, el colapso de las poblaciones de ballenas en el hemisferio norte, producto de la sobre explotación comercial y el desarrollo de nuevas tecnologías marítimas, impulsaron nuevamente a los intereses balleneros foráneos hacia las ricas aguas del Pacífico sur oriental. Esta vez, las empresas balleneras nacionales no pudieron competir con modernas naves factoría que operaban sin regulación alguna desde aguas costeras sudamericanas hasta las 200 millas del Pacífico suroriental, distancia que marcaba el límite de autonomía de las naves cazadoras nacionales para poder regresar a las plantas de faena y procesamiento costeras.

Este fue uno de los motivos para que Chile impulsara en 1947 la Tesis de las 200 Millas Náuticas, iniciativa pionera y vanguardista que postulaba extender unilateralmente la soberanía marítima de los Estados ribereños hasta una distancia de 200 millas náuticas, en una época donde las discusiones se centraban en establecerla sólo hasta una distancia de 12 millas marinas desde la costa.

Pocos años después, a través de la Declaración de Santiago de 1952, Chile, Ecuador y Perú proclamaron su plena soberanía y jurisdicción exclusiva sobre el mar que baña sus costas hasta una distancia mínima de 200 millas. Para inicios de la década de 1970 más de un centenar de países habían adherido a la tesis de las 200 millas.

Treinta años más tarde, el establecimiento de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), promovida entre otras razones por la urgente necesidad de proteger y conservar las poblaciones y especies de ballenas, se convirtió en uno de los mayores aportes de la diplomacia chilena al derecho internacional, cuando 119 países firmaron el 30 de abril de 1982 la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar (CONVEMAR). Ese mismo año, la Comisión Ballenera Internacional (CBI) aprobó la moratoria global sobre la caza comercial de ballenas debido a que la mayoría de las especies se encontraba al borde de la extinción.

Reconociendo los destructivos impactos provocados por la caza comercial de ballenas, la CONVEMAR incorporó medidas especiales para proteger a los mamíferos marinos en aguas internacionales. Esto significa que los Estados adheridos a la CONVEMAR mantienen el compromiso internacional de proteger – tanto dentro como fuera de la ZEE – a especies altamente migratorias que se encuentran en peligro; prohibiendo, limitando o reglamentando la explotación de mamíferos marinos, incluso en alta mar.

Estas medidas fueron recientemente incluidas por Mónaco en una resolución que será presentada durante la reunión anual de la CBI que se realizará en Panamá en Julio próximo. Paradojalmente, la asamblea será coincidente con la conmemoración de los 60 años de la Tesis de las 200 millas y de los 30 años de la firma de la CONVEMAR y adopción de la moratoria global sobre la caza de ballenas, cuyas motivaciones se sostienen, parcial o totalmente, en la conservación de las poblaciones de cetáceos.

Aunque la moratoria protege a estas especies de operaciones balleneras, países como Japón, Islandia y Noruega, continúan cazando anualmente miles de ballenas bajo el artilugio de la denominada “caza científica” de ballenas o mediante la mantención de reservas y objeciones a esta medida de protección. En el caso de Japón, estas matanzas se realizan en alta mar e incluso dentro de zonas designadas como santuario y sobre especies clasificadas En Peligro.

A pesar que el 91 por ciento de las especies marinas de cetáceos están clasificadas por la CONVEMAR como especies altamente migratorias, menos de un 50 por ciento son reconocidas por la CBI. Esto, porque las minoritarias naciones balleneras se niegan a reconocer la competencia de la CBI en la conservación y manejo de todas las especies de cetáceos, dejando sin protección legal internacional a la mayoría de ellas.

Esta situación es aprovechada por Japón e Islas Faroe (territorio autónomo dependiente de Dinamarca) y otros países para cazar y capturar – con fines de consumo y cautiverio – decenas de miles de pequeños cetáceos sin ningún tipo de control internacional.

Frente a esta situación, la que se suma a la creciente presión de naciones con intereses balleneros para eliminar la moratoria, la resolución de Mónaco se presenta como una gran oportunidad para llamar la atención de las Naciones Unidas y la opinión pública internacional acerca de la necesidad de abordar estos temas dentro del marco jurídico de este organismo multilateral, con el fin de fortalecer una efectiva conservación de las poblaciones de cetáceos en aguas internacionales.

Chile reconoce a la CONVEMAR como el marco legal que regula todas las actividades antrópicas que se desarrollan en el medio ambiente marino. Considerando que la estrategia de las naciones balleneras se orientan a la revitalización y luego a una nueva expansión de la industria ballenera en aguas del hemisferio sur, nuestro país – como precursor de la conservación de las poblaciones de cetáceos y actual defensor del uso no letal de estos mamíferos marinos – tiene la responsabilidad de asumir una posición de liderazgo, sólido y decidido a nivel latinoamericano para impulsar el respaldo a la resolución de Mónaco.

El altísimo apoyo de la sociedad chilena a la protección de los cetáceos así como la consolidación del bloque de países conservacionistas latinoamericanos en la CBI (Grupo Buenos Aires), permite contar con el necesario respaldo político para futuras iniciativas de protección de los cetáceos en el marco de las Naciones Unidas, tal como lo hizo Chile hace 60 años de manera visionaria en la promoción del concepto de la Zona Económica Exclusiva, actual pilar legal que sostiene la soberanía de los Estados Ribereños en el planeta.

Por: Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetacea y Juan Carlos Cárdenas, director ejecutivo del Centro Ecoceanos

Referencias:
Encuesta Adimark “Estudio de Formación de Opinión Santuario de Ballenas” (2008), encargado por el Centro de Conservación Cetacea y realizada gracias al auspicio de Global Ocean.
Alexander Humboldt. Political Essay on the Kingdom of New Spain, London, 2 ed. 1814.Vol II. Pgs 85-86.
Juan Ignacio Molina. Memorias de Historia Natural: Memoria VIII: Las Ballenas. Univ. de Talca, Instituto de EstudiosMolinianos, 1989. 37pp.
Alexander Starbuck (1876). History of the American Whale Industry, from its Earlier Inception to the Year 1786. 779pp.
Mateo Martinic. Antecedentes Históricos sobre la Caza de Cetáceos en Chile. Apéndice. ANS. INST. PAT., Punta Arenas (Chile), Vol. 8, 1977.
Convención Sobre el Derecho del Mar, 1982 Articulos 64, 65 y 120.
Propuesta de Resolución de Mónaco sobre Especies Altamente Migratorias y Gobernanza del Océano