Por: Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetacea

La última asamblea plenaria de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), celebrada entre el 23 y 27 de septiembre en Lima, Perú, reinterpretó un proverbio que reza, ‘a rio revuelto, ganancia de pescador’. Y es que las aguas que debían navegar sus más de 80 países miembro para aprobar la propuesta para la creación del santuario de ballenas del Atlántico sur se vislumbraban más claras y tranquilas desde que fuera presentada por primera vez en 1998.

Aunque durante el primer día la sesión transcurrió con la ausencia de un número significativo de países, incluidos varios que ya contaban con su derecho a voto, la agenda se reestructuró de tal forma que las decisiones sobre enmiendas al Programa de la Convención – como el santuario – las propuestas de resolución, fueran decididas al cuarto día de este encuentro internacional. Esto permitiría brindar tiempo suficiente para alcanzar un quórum representativo y los votos necesarios para adoptar o rechazar las distintas iniciativas que serían presentadas.

Como toda propuesta de enmienda, la creación del santuario de ballenas del Atlántico sur requiere al menos del 75% de los votos de los países miembro de la CBI para ser aprobada. En 2011 y 2022 ese apoyo fue alcanzado. Sin embargo, no se pudo adoptar debido a los constantes bloqueos de los países alineados a la política ballenera de Japón a la CBI, que abandonaron la sala o simplemente no entraron en ella al momento de la votación, con el supuesto objetivo de “romper” el quórum necesario para tomar una decisión.

Por ello en 2024, los preparativos no sólo se orientaron a asegurar los votos requeridos, sino también a garantizar que la simple presencia de los países conservacionistas en la sala fuera lo suficientemente significativa para asegurar quórum propio y avanzar con la votación, incluso ante un posible nuevo intento de los países satélite de Japón en la CBI de obstruirlo.

Con lo que nadie contaba, fue con las decisiones tomadas por la presidencia en función en la CBI69 (representada por Australia) que otorgaron derecho a voto a países que todavía no habían saldado la totalidad de su membresía. Y es que si en algo las reglas de este organismo internacional han sido claras y estrictas hasta 2022, es en el derecho a voto. Según el reglamento vigente de la CBI, cada país tiene derecho a participar en la toma de decisiones con su voto sólo si mantiene pagada y al día el costo de membresía anual. Incluso una pequeña deuda, como el interés por el atraso en una cuota, ha privado a varios países de este derecho en reuniones anteriores.

Por eso en el caso de Chile, que mantenía una deuda correspondiente a dos años impagos, las organizaciones ciudadanas Centro de Conservación Cetacea, Centro Ecoceanos y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) lideraron una exitosa campaña, que junto al vital apoyo de la ciudadanía, logró generar presión suficiente para que la autoridad correspondiente saldara lo adeudado pocos días antes del inicio de la asamblea y participara plenamente en este encuentro internacional.

Sin embargo, durante el primer día de sesiones en Lima, la presidencia anunció que había decidido extender el derecho a voto a tres gobiernos contratantes que aún mantenían una deuda menor, a cambio de firmar un plan de pago. También dictaminó que aquellos países que presentaran evidencia de estar en proceso de pago de sus membresías podrían restaurar su derecho a voto. Aunque estas determinaciones, conocidas como dictámenes de la presidencia o ‘Chair’s ruling’, pueden ser impugnadas por cualquier país miembro, ninguno lo hizo.  El silencio otorgante sólo sirvió para comenzar a revolver las reglas, hundiendo posteriormente la creación del santuario de ballenas del Atlántico Sur.

Así, bajo estas nuevas y temporales reglas, aplicables sólo a la asamblea realizada en Perú, llegamos al jueves 26 de septiembre. El tan esperado día para crear finalmente el santuario de ballenas del Atlántico Sur. Antes de la votación, la secretaría de la CBI anunció que nueve países habían restituido su derecho a voto, ya sea mediante (1) el pago completo de su membresía, (2) acordando un plan de pago o (3) enviando alguna prueba que el pago estaba en curso. De éstos, sólo dos países, Antigua y Barbuda (alineado a política ballenera de Japón), y Panamá (conservacionista), lo hicieron conforme a las reglas vigentes en el reglamento de la CBI, es decir, pagando la deuda en su totalidad.

Los siete países restantes lo hicieron mediante el envío de documentación probatoria (Benín, India, Marruecos y Santa Lucía) o la firma de planes de pago (Costa de Marfil, Republica de Guinea y San Vicente y Granadinas), pero en estricto rigor, al momento de la votación, habrían mantenido deudas con este organismo internacional. De estos dos últimos grupos de países, sólo uno, India, pertenece al bloque conservacionista que apoya el santuario; los otros seis corresponden a países aliados a la diplomacia del arpón de Japón en la CBI que lo rechazan de plano y/o han boicoteado su aprobación cuando las condiciones han sido favorables para su aprobación.

Bajo estas circunstancias, la propuesta para la creación del santuario de ballenas del Atlántico obtuvo un 74,07% de los votos requeridos para su aprobación. Por un escaso margen de menos del 1%, los anhelos de tantos años de los países de nuestra región para establecerlo quedaron, una vez más, postergados.

Si se hubieran aplicado las reglas vigentes bajo el reglamento de la CBI respecto al pago de membresía y derecho a voto, el santuario de ballenas del Atlántico sur se habría aprobado con un histórico 81% apoyo de la Comisión.

Y así, entre dictámenes inesperados y el silencio de la Comisión a cambios temporales en el reglamento, regresamos al proverbio que dio inicio a este artículo. Sólo que, tras este encuentro, quedará reescrito en la historia como “a reglas revueltas, ganancia de balleneros”.

Imagen tabla votación: (c)IISD