Entre el 12 y el 24 de mayo pasado se reunió en Bled, Eslovenia, el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (CBI). Este es el único Comité de la CBI que se reúne anualmente, después que en 2012 la Comisión acordara realizar sus asambleas plenarias cada dos años, lo cual refleja la importancia e influencia del Comité Científico en las decisiones que adopta la Comisión.

Por ello es altamente preocupante que la presidencia de la CBI, bajo el mando de la comisionada de Santa Lucia (Caribe Oriental), Jeannine Compton-Antoine, haya decidido unilateralmente desconocer el histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), al instruir al Comité Científico continuar revisando el programa japonés de caza “científica” de ballenas en Antártica (JARPA II) en la reunión de Bled.

La interpretación de Compton-Antoine, cuyo país se ha visto asociado a la política de compra de votos por parte de Japón en la CBI, ha ordenado proseguir con la revisión de los resultados del JARPA II, a pesar que el máximo tribunal de las Naciones Unidas fue enfático en afirmar que estas operaciones balleneras violan tanto la moratoria global sobre la caza comercial como el santuario de ballenas del Océano Austral, ya que JARPA II no cumple con lo establecido por la Convención (CIRB) para ser considerado un programa de investigación científica de ballenas

Revisión Fraudulenta

Bajo la Convención Internacional para la Regulación de la Ballenería (CIRB) – el texto fundador de la CBI – los países pueden auto otorgarse “permisos especiales” para conducir programas de investigación letal de ballenas, cuyos resultados son presentados anualmente ante el Comité Científico de la CBI. Sin embargo el 31 de Marzo pasado, el máximo tribunal internacional de las Naciones Unidas determinó que los permisos especiales emitidos por Japón para cazar ballenas en el Océano Austral “no son con fines científicos” de acuerdo a lo establecido en la Convención, y sentenció al país asiático a revocar los permisos otorgados y suspender la entrega de permisos en el futuro. Tras el fallo de la Corte, la Comisión (incluyendo su Comité Científico) dejó de tener atribuciones para revisar los resultados JARPA II toda vez que como claramente determinó la Corte “no constituye un programa de investigación científica bajo los procedimientos establecidos por la Convención”.

Sin embargo el 6 de mayo pasado, la presidencia de la CBI publicó una circular en el portal web dirigida al presidente del Comité Científico, el japonés Toshihide Kitakado, ordenando la revisión de los resultados de JARPA II. En su misiva Compton-Antoine argumenta que bajo los estatutos de la CBI “los resultados preliminares de cualquier investigación realizada bajo permisos especiales (caza científica) deben estar disponibles para la reunión anual del Comité Científico” y que las reglas de procedimiento incluyen, entre otros, que “el Comité Científico revise los programas de investigación científica realizados por los gobiernos”.

La Agenda Pro Ballenera de Compton-Antoine

Esta no es la primera oportunidad que la presidenta de la CBI favorece unilateralmente los intereses de las naciones balleneras que forman parte de la Comisión. En noviembre de 2013 Compton-Antoine comunicó a través de una circular publicada en el portal web de la CBI que viajaría junto a personal de la secretaría de la CBI a Groenlandia, para participar en un seminario sobre caza aborigen de ballenas y la CBI para “encontrar soluciones a largo plazo sobre temas de caza aborigen”.

El anuncio generó la reacción inmediata de los países Latinoamericanos que forman parte de la CBI – conocido como Grupo Buenos Aires – que en un comunicado oficial dirigido a la presidenta de la Comisión, expresó, entre otros, su preocupación por el viaje en cuestión sin consultar con antelación a los miembros de la Comisión, solicitando que los resultados y conclusiones de dicho encuentro no fueran considerados como parte del trabajo que realiza la Comisión. Esto, porque en 2012 la Comisión rechazó la renovación de cuotas de caza aborigen solicitadas por Dinamarca (país que representa a Groenlandia en la CBI), debido a que la carne y productos obtenidos – incluyendo de ballena jorobada que migran hasta el Caribe donde son utilizadas en turismo – terminan siendo comercializadas ilegalmente en restaurantes, hoteles y hasta cruceros de turismo.

Sin embargo, Dinamarca transgrediendo abiertamente las decisiones adoptadas por la CBI, continuó con las matanzas, e incluso amenazó con abandonar la CBI. Por ello, en diciembre de 2013 el Grupo Buenos Aires afirmó en un comunicado conjunto que “las acciones adoptadas por Dinamarca son violatorias de las obligaciones asumidas” y enfatizó que “las capturas realizadas durante la temporada 2012-2013 son ilegales e implican una infracción”, ya que la CBI rechazó la cuota de subsistencia para Dinamarca.

Bajo este escenario político y sin consulta alguna a la CBI, la presidenta y los miembros de la secretaría viajaron hasta Groenlandia con fondos de la Comisión provenientes del pago de la membresía de sus países miembro – es decir, con el dinero de los contribuyentes.

Próxima Asamblea Anual de la CBI: Las Mentiras de la Caza Científica y Caza Aborigen

Las decisiones unilaterales y sin consulta que la presidenta Compton-Antoine ha venido tomando sistemáticamente en relación a la caza “científica” de ballenas de Japón en aguas Antártica, y las crecientes violaciones a la moratoria internacional, bajo el disfraz de caza aborigen, sugieren que la próxima asamblea anual de la CBI a realizarse en septiembre de 2014 en Eslovenia, podría ser nuevamente el escenario para que Japón y otras naciones pro balleneras, como algunas del Caribe, intenten imponer sus intereses comerciales y geopolíticos, a través de negociaciones que al parecer se estarían acordando a espaldas de la Comisión. Por ello las organizaciones ciudadanas de América Latina están alentando al bloque regional conocido como el Grupo de Buenos Aires, para que impulsen durante la Asamblea anual todas las acciones necesarias que permitan implementar la decisión de la Corte Internacional de Justicia.

Fuente: Centro de Conservación Cetacea, Centro Ecoceanos