29 de enero de 2010 – En estos momentos se encuentran reunidos en Hawai, Estados Unidos, un selecto grupo de doce países miembro de la Comisión Ballenera Internacional (CBI). Entre ellos se encuentran los comisionados para América Latina de Brasil y México.
¿Su misión? Finalizar un conjunto de propuestas con el fin de reformar la fosilizada CBI, e intentar adaptarla a los intereses actuales de uso y conservación de las poblaciones de ballenas, en sintonía con la mayoría de los 88 miembros que actualmente conforman esta organización internacional.
Considerando que tan sólo tres naciones del planeta – Japón, Islandia y Noruega -, aún continúan realizando anacrónicas operaciones de caza comercial de ballenas, resultaría cierto pensar que reformar la CBI desde un exclusivo “club ballenero” en una organización moderna dedicada a la conservación y manejo no letal de estos mamíferos marinos, debería ser un proceso abierto, transparente y participativo.
Sin embargo, la realidad es muy distinta.
La sostenida presión ejercida por el gobierno de Japón para imponer unilateralmente sus intereses pesqueros y acceso a los recursos marinos a nivel global, – utilizando para ello a las ballenas como bandera de lucha -, ha llevado a la CBI a una gradual aceptación del uso de la coerción como herramienta de negociación.
Hace nueve años, la conducta abusiva y coercitiva aplicada por el gobierno de Japón en el seno de la Comisión fue duramente condenada por el plenario de la CBI, cuando se adoptó por consenso la Resolución sobre Transparencia al Interior de la CBI (Resolución 2001-1).
En ella, las Naciones “adoptan y afirman la completa independencia soberana de los países para decidir sus propias políticas y participar libremente en la CBI ( y otros foros internacionales) sin la indebida interferencia o coherción de parte de otros estados soberanos”.
De forma complementaria, el gobierno de Japón ha consolidado durante las últimas décadas una política de “compra de votos” dentro de la CBI, que le ha permitido utilizar terceros países para boicotear sistemática y exitosamente procesos como la modernización de la CBI.
Es evidente que Japón utiliza su poder económico e influencia política para desarrollar programas de financiamiento pesquero en naciones en desarrollo, algunas de las cuales se encuentran sumidas en guerras civiles. A cambio, el gobierno nipón exige la participación y apoyo incondicional de dichas naciones en la CBI. Como resultado, un creciente número de países – sin interés alguno (actual o histórico) en la ballenería -, han adherido a la CBI conformando un bloque negociador liderado por Japón.
En 2001, ésta era una conducta considerada públicamente reprochable por los miembros de la CBI, debido a que amenazaba su soberanía como Estados independientes, así como la gobernabilidad de la CBI. Hoy la situación es distinta.
Japón continúa expandiendo y endureciendo su “diplomacia del arpón” en momentos que se desarrolla un sui generis proceso de negociación, – cupular y a puertas cerradas – caracterizado por la falta de transparencia, nulo acceso a la información y secretismo.
Tokio ya no se conforma sólo con comprar voluntades y boicotear los intentos de modernizar la CBI, sino que paralelamente aumenta en más de un 100% el número de ballenas cazadas bajo los denominados programas de “caza científica” en el Océano Austral , importa carne de ballena desde Islandia y Noruega – a pesar de la prohibición de comercio internacional de estas especies -, agrega especies en peligro a la lista de ballenas muertas con “fines científicos”, y actúa como una banda de pandilleros con sus opositores, tal como sucedió recientemente con el hundimiento de la pequeña embarcación ecologista en aguas Antárticas.
La verdad es que el gobierno japonés puede hacer y deshacer internacionalmente en la CBI a comienzos del siglo XXI,- tal como alguna vez lo hizo trágicamente a mediados del siglo pasado -, porque ningún gobierno o grupo de gobiernos ha tenido la voluntad política para adoptar acciones realmente efectivas en contra de la política ballenera de Japón este último año.
Pareciera entonces que la diplomacia del arpón ha alcanzado exitosamente la “impunidad diplomática”.
Los resultados de las tres últimas reuniones secretas del Grupo de Apoyo de la CBI – realizadas en el transcurso de los últimos tres meses – serán presentados el próximo mes de marzo durante la reunión inter-sesional de la CBI que se realizará en San Petes (Florida, EEUU). En dicha ocasión, la sociedad civil finalmente podrá acceder a las recomendaciones negociadas por el pequeño grupo de 12 países.
Marzo será una valiosa oportunidad para que la sociedad civil señale ante los gobiernos que, a pesar de la aceptación por parte de la CBI de la coerción como una herramienta de negociación para la adopción de acuerdos apresurados que benefician unilateralmente los intereses balleneros/pesqueros de Japón, ello no significará que el proceso ni sus resultados sean válidos, ni mucho menos aceptables.
Por: Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetacea y observadora acreditada ante la Comisión Ballenera Internacional.